Dina Boluarte no declaró ante la Fiscal de la Nación por tutela presentada por la Procuradoría General del Estado

La presidenta de la república, Dina Boluarte, no habría declarado por las casi 60 muertes ocurridas durante las protestas sociales iniciadas contra su gobierno. Esto porque la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, decidió suspender tomar su testimonio hasta que la tutela de derechos presentada por la Procuradoría General del Estado, que busca ser incluida en la investigación, sea resuelta por el Poder Judicial.

El jueves 2 de marzo se realizó la audiencia del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. En esa ocasión, la Procuradoría había expuesto la tutela de derechos que busca anular la ampliación de la declaración ofrecida por el primer ministro, Alberto Otárola, el 16 de febrero pasado. Él se encuentra también involucrado en la indagación que se le sigue a Boluarte Zegarra por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.

La defensa legal del Estado peruano anotó ante el Poder Judicial que lo testificado por Otárola se habría realizado con flagrante vulneración del debido proceso como del derecho a la defensa de la parte agraviada. En esa línea, mencionó que la Procuradoría no había sido llamada para participar en la diligencia reservada del premier.

“Nuestro derecho de participación no es sentarnos a escuchar lo que declara un investigado, sino que se nos de la oportunidad de preguntar a través del Ministerio Público (…) en el presente caso, sí se ha vulnerado un derecho de participación procesal porque no somos oidores, somos parte procesal que tiene derecho de participación activa porque que tiene derecho a conocer, a su derecho a la verdad, eso ya lo ha establecido la Corte Suprema”, señalaron la semana pasada.

La Procuradoría General del Estado tampoco pudo estar presente en la diligencia de hoy con Boluarte.

La mandataria llegó minutos antes de las 9 de la mañana para declarar ante el Ministerio Público. A diferencia de su antecesor Pedro Castillo, quien caminaba ante la mencionada entidad pública para responder las preguntas de la fiscal Patricia Benavides por los presuntos actos de corrupción de esa gestión, Boluarte prefirió un auto y con grandes medidas de seguridad.

Hay que recordar que la mandataria acudía al llamado de la Fiscal de la Nación tras haber presentado dos reprogramaciones.

En enero Boluarte había sido citada por primera vez, pero no asistió porque tenía una agenda de actividades. Luego, la segunda ocasión se iba a dar el jueves 23 de marzo; sin embargo, volvió a argumentar que no podía ir al Ministerio Público debido a las violentas protestas en el Centro de Lima era riesgoso para su seguridad acudir a la sede fiscal ubicada en la avenida Abancay.

Tras las diligencias frustradas, la presidenta Boluarte solicitó que su declaración sea virtual o tomada en su despacho en Palacio de Gobierno. Estas condiciones fueron respaldadas por el primer ministro Otárola y el titular de la cartera de Justicia, José Tello.

“Todos los peruanos debemos defender aquello que se llama la institucionalidad de la Presidencia de la República, que está tan venida a menos con el uso indigno de esta alta majestad del Estado”, dijo Otárola en una actividad por el aniversario de la Contraloría General de la República.

“No es que no quiera ir a Fiscalía. Ella (Boluarte) está dispuesta a declarar de manera virtual. Hay que respetar a la presidenta en su decisión; y, repito, hay que volverle a dar a la figura del presidente de la República ese talante de respeto que tanto se ha perdido”, agregó Tello en diálogo con Canal N.

Expertos consultados por Infobae cuestionan la actitud de la presidenta Boluarte al compararla con Pedro Castillo, quien utilizaba toda clase de excusa para colaborar con las indagaciones fiscales.

El exprocurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia calificó como “lamentable” el comportamiento de la jefa de Estado al reprogramar hasta en tres ocasiones su declaración ante la Fiscalía.

“Los presidentes tienen que dar el ejemplo. Es cierto que por su cargo están ocupados, pero también pueden tener un tiempo para cumplir con esa obligación [declarar ante el Ministerio Público] porque no están haciendo un favor. [Dina Boluarte] Ella está obligada a ir a declarar a efectos de coadyuvar con la investigación y mostrar a la ciudadanía su pleno respeto por las instituciones autónomas”, apuntó.

Vargas Valdivia recalcó que la presidenta debería preocuparse más en aclarar cuanto antes las imputaciones por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves en vez de poner como excusas como que la toma de su testimonio se haga en Palacio de Gobierno o de forma virtual.

Por su parte, la exprocuradora Katherine Ampuero recordó que desde el Gobierno iban a colaborar con la Fiscalía. “Se iban a diferenciar del gobierno de Pedro Castillo. Él también decía que mostraría su predisposición ante el Ministerio Público. Recalcaban que eran ‘transparentes’ y que no tenían nada que temer. Sin embargo, no es así”, argumentó.