La Defensoría del Pueblo también se pronunció y rechazó las declaraciones del ministro de Educación, Óscar Becerra, en contra de las madres aimaras que asistieron a la marcha en la Plaza San martín. Asimismo, calificó de “expresiones denigrantes” a las mujeres andinas.
A través de un oficio enviado al titular de esta cartera, indicaron que sus palabras solo generan más confrontación entre peruanos a raíz de las protestas que se realizan en algunas regiones tras la crisis política que atraviesa el país.
“Sobre el particular, nuestra institución lamenta profundamente sus expresiones comparativas entre las mujeres madres que se encontraban protestando en la ciudad de Lima la semana anterior y los animales, en clara alusión a una presunta falta de protección de aquellas con sus hijos. Asimismo, consideramos que es inaceptable que este tipo de manifestaciones verbales se formulen en una situación donde aún se percibe un alto grado de polarización social”, se lee en el documento.
Además, indicaron que muchas de las personas que marchan son líderes de organizaciones, comunidades campesinas e indígenas. La mayoría de los protestantes llegaron a la capital de diversas ciudades, principalmente, de Puno, una de las provincias que tiene todas sus vías bloqueadas.
La institución exhortó a la Policía Nacional del Perú de actuar de acuerdo a los principios de la ley. También, mostró su preocupación por la ola de violencia que ha dejado más de 60 muertos en las movilizaciones.
Incrementó expresiones racistas
En medio de las protestas no fueron las únicas expresiones racistas en contra de los propios peruanos. Ante ello, recordaron que ya habían advertido estas sobre el incremento de “discursos y acciones racistas, discriminatorias o de odio por parte de la ciudadanía en general y autoridades políticas en contra de las personas indígenas y/o campesinas”.
La institución también citó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita al territorio nacional en las primeras semanas de enero. En dicho documento, precisaron que existe una “fuerte estigmatización por factores étnicos-raciales (...) que contribuyen a la creación de un ambiente de creación”, se lee.
A la vez, enfatizaron que el Estado es el principal garante del derecho de las expresiones de identidad cultural. Por ello, invocaron tanto a las autoridades como a la ciudadanía respetarse y evitar confrontaciones entre nosotros mismos, tal y como se ha visualizado en los últimos dos meses.
También, precisaron que los funcionarios públicos tienen la obligación de conducir el respeto de los derechos humanos. Además, hizo un llamado al Gobierno para implementar mesas de diálogo y consenso.
“En atención a lo expuesto, en el marco de las competencias de la Defensoría del Pueblo previstas en el artículo 162° de la Constitución Política, solicitamos a usted proceda con la rectificación de las declaraciones vertidas en prensa nacional, con el fin de garantizar el respeto de la dignidad y los derechos de las mujeres indígenas que viene ejerciendo su derecho a la protesta”, finalizó la misiva.
Intervención de otros ministerios
Por otro lado, invocaron al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y al Ministerio de Cultura a promover acciones que eviten la discriminación entre peruanos.
“Hemos solicitado al funcionario la inmediata rectificación de sus declaraciones e invocamos al @MimpPeru y @MinCulturaPe promover efectivamente la igualdad de género y étnica”, publicaron.