La congresista Betssy Chávez, exjefa del Gabinete Ministerial, declaró este martes ante la Fiscalía de la Nación, tras el inicio de una investigación preliminar en su contra como presunta autora de enriquecimiento ilícito, que contempla una pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años.
Según un comunicado del Ministerio Público, Chávez compareció para explicar la compra de un inmueble en Tacna, su región natal, el año pasado. Su declaración ocurre un día después de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobara el informe final que recomendó acusarla como coautora del fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).
La acusación salpica también a Willy Huerta y Roberto Sánchez, quienes presidieron la cartera del Interior y de Comercio Exterior y Turismo, respectivamente. Ahora, el informe deberá ser ratificado por la Comisión Permanente antes de llegar al pleno para su debate y votación.
En caso de lograr el respaldo del hemiciclo, el documento será derivado a la fiscal Patricia Benavides, quien presentó esta denuncia ante el Legislativo tras el autogolpe que intentó perpetrar Castillo en diciembre pasado.
Según imágenes de las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno, Chávez coordinó con los periodistas de TV Perú la transmisión del mensaje en que el expresidente intentó cerrar el Congreso, intervenir los poderes públicos y gobernar por decreto. La maniobra no tuvo respaldo institucional.
Quinta primera ministra en 16 meses de gobierno, la expremier también era investigada preliminarmente por la Fiscalía por la supuesta contratación de sus allegados en cargos públicos.
Castillo dijo estar “secuestrado”
En esta jornada, Castillo dijo sentirse “secuestrado” en prisión y negó nuevamente ante la Justicia ser el líder de una red criminal, como señala la tesis fiscal.
“El único delito que he cometido es servir a mí país como presidente de la república”, dijo en una audiencia virtual transmitida por el canal de televisión del Poder Judicial. El exmandatario apareció antes las cámaras en camisa blanca y rasurado, y con tono vehemente se defendió de los señalamientos en contra.
“Hoy se han armado un castillo de delitos con supuestos (...) con colaboradores (judiciales) comprados”, lanzó desde su sitio de reclusión, el penal Barbadillo, una minicárcel para exmandatarios habilitado de cuartel policial al este de Lima.
El exgobernante, que fue destituido por una mayoría parlamentaria tras su fracasado intento de disolver el Congreso, rechazó el pedido de la fiscalía para ampliar su prisión preventiva bajo cargos de corrupción.
“Van a pedir 36 meses de prisión cuando tengo la prisión preventiva. ¡Voy a llegar a cien días de estar secuestrado injustamente!”, agregó.
Tras su intervención, el juez Juan Carlos Checkley suspendió la audiencia que se extendió por más de cuatro horas. Para el jueves está previsto que se pronuncie sobre la solicitud de la Fiscalía contra Castillo, quien está siendo procesado junto con dos de sus exministros.
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