La Corte Suprema del Poder Judicial (PJ) ratificó este martes la vigencia del protocolo para el aborto terapéutico (legal desde 1924), que regula el derecho de las mujeres a interrumpir del embarazo hasta las 22 semanas, cuando es el único medio para salvar su vida o evitar un mal permanente en su salud.
De esa manera, confirmó que es constitucional y declaró infundada la demanda interpuesta por la Asociación Tomás Moro, que pretendía anularlo. “No cabe recurso impugnatorio alguno”, señaló el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), litisconsorte pasivo en la defensa de la guía.
La Sala resolvió también que se corrija el protocolo para tomar en cuenta el consentimiento de las niñas y adolescentes, cambiar el término de incapaz por “capacidad relativa” y regular la objeción de conciencia en esta norma técnica.
Se trata de “una buena noticia frente a los intentos de los grupos antiderechos de socavar los derechos de mujeres y niñas de acceder al aborto terapéutico para garantizar su vida y salud. La guía de 2014 efectiviza este procedimiento médico-legal desde 1924″, señaló la abogada Josefina Miró Quesada.
Casi un siglo después, aún son múltiples los obstáculos que afrontan las niñas, adolescentes y mujeres para acceder a este derecho, una negativa que deviene en maternidades forzadas.
La ley del aborto terapéutico en el país, intacta desde entonces, penaliza la interrupción voluntaria del embarazo en caso de malformaciones congénitas o por violencia sexual. Aunque el embarazo de menores de edad es un riesgo inminente, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) registra, desde 2016, un promedio diario de cinco niñas obligadas a asumir maternidades forzadas.
Además, una de cada cinco menores de 15 años ha sufrido violencia sexual en el Perú, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El mes pasado, por ejemplo, una niña de 10 años víctima abuso sexual tuvo un parto prematuro en un hospital de Piura, donde además fue sometida a una cesárea. El bebé falleció.
La menor no había accedido al aborto terapéutico, pese a que estaba permitido en esas circunstancias estaba permitida. En lo que va del 2023, 71 niñas y adolescentes fueron madres, según el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo del Ministerio de Salud difundido por la Defensoría. De acuerdo con la legislación, significa que todas ellas sufrieron agresión sexual.
“Hacer que una niña, adolescente o mujer tengan una maternidad forzada a raíz de un abuso sexual representa una tortura”, anotó Promsex.
Sobre la ratificación del protocolo, la organización destacó que la Corte Suprema incorporó el marco de convencionalidad y constitucionalidad en referencia a K.L. y L.C., a quienes el Estado les negó, en el 2001 y 2007, respectivamente, la posibilidad de interrumpir un embarazo que les afectaba de manera grave en su salud física y mental.
Perú fue condenado por comités internacionales por vulnerar los derechos sexuales y reproductivos de ambas. L.C. fue víctima de violación de la que quedó embarazada a los 13 años.
Tuvo un intento de suicidio que le produjo una paraplejía y permanece postrada en una silla de ruedas. K.L. quedó embarazada a los 17 años, pero una ecografía mostró que se trataba de un feto anacefálico.
La adolescente decidió interrumpir la gestación, pero el director del hospital Arzobispo Loayza le negó esta posibilidad con el argumento de que se trataba de un aborto eugenésico (sancionado por el Código Penal). Dio a luz a una niña que vivió tan solo cuatro días y luego quedó sumida en depresión. Hoy vive en fuera del país.
Iniciativas
El año pasado, el Consejo de Ministro que presidió Aníbal Torres propuso al Legislativo un proyecto de ley para castigar con la castración química a los sentenciados por violación con condenas de entre 15 y 25 años, una iniciativa que había sido presentada en 2018 y que no logró aprobación.
En 2021, la parlamentaria Ruth Luque presentó ante el Congreso un proyecto para despenalizar el aborto por violación y modificar el artículo 119 del Código Penal para que sea considerado una interrupción no punible del embarazo, igual que el aborto terapéutico.
En 2016, las legisladoras Marisa Glave e Indira Huilca hicieron lo propio y, aunque la iniciativa se archivó sin debate, supuso un hito de la gran campaña feminista ‘Déjala decidir’, que por primera vez elevó un asunto tabú a la agenda pública, donde solo se hablaba con estigma de riesgo, peligro y pecado en un país que fabrica violadores.
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