Treinta profesores con procesos disciplinarios y sanciones por abuso sexual pueden postular al Estado para enseñar a niños del pueblo indígena amazónico wampís. Para evitar esto, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) pidió a la Defensoría del Pueblo que intervenga en el proceso de contratación, administrado por las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de Condorcanqui (Amazonas) y Datem del Marañón (Loreto).
Se busca que los cuestionados docentes tengan prohibido participar en el concurso para ser contratados por el Estado. Pero esto no garantizaría que no trabajen cerca de las aulas, pues nada les impide laborar en el área administrativa, como por ejemplo, dentro de la UGEL, lo que quiere decir que pueden compartir espacio con sus víctimas.
Así lo advirtió Shapiom Noningo, secretario técnico del GTANW, quien además aseguró que buscan evitar que el Estado peruano contrate a profesores cuestionados por violencia sexual porque los niños y niñas de la comunidad se ven expuestos a sufrir este delito.
Precisó al diario La República que no se observa apoyo de las autoridades, por lo que han buscado ayuda de un abogado para puerto Galilea. Mediante él, buscan frenar el proceso de contratación, que se encuentra vigente.
“Hemos querido que la Defensoría y la Comisión de Derechos Humanos nos ayuden con asistencia técnica, pero hemos tenido una negativa y eso quedó en nada. Queremos que asuman nuestra defensa”, dijo.
La contratación de maestros cuestionados ocurre, según Noningo, porque en el proceso de contratación el abogado, designado por el Ministerio de Educación (Minedu), coloca a un abogado, que en vez de defender el interés del niño, opta por representar los intereses de los malos profesores.
En esa línea, exigió que, además de que se evite contratar a estas personas, se castigue a quienes son identificados como malos elementos dentro de las aulas.
“La Fiscalía debería ayudar, pero el sistema de corrupción es tremendo. Hemos solicitado la participación (de la Fiscalía), pero no hay respuesta, no hay justicia, estamos cansados de la inacción de las autoridades, el sistema no funciona”, denunció.
Solo en la provincia de Condorcanqui, en Amazonas, se reportaron 500 denuncias por acoso sexual maestros en el ámbito escolar en los últimos 5 años. Sin embargo, las víctimas no acceden a justicia; la Fiscalía carece de cámara Gesell, necesaria para registrar los testimonios de las víctimas de violencia.
Nelly Aedo Rueda, jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, comunicó que sugirieron a los sectores Educación, Salud, Interior, Justicia; gobiernos regionales y locales, que luchen contra la impunidad ante hechos de violencia sexual.
“Ante el inicio del año escolar, líderes y lideresas de organizaciones de niñas, niños y adolescentes del país demandaron que las escuelas se conviertan en espacios que promuevan sus derechos y contribuyan a prevenir y enfrentar problemas como los diferentes tipos de violencia y el embarazo adolescente”, comentó.
También recomendaron a las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de Condorcanqui y Datem del Marañón que vigilen los comités de contratación de docentes para que no contraten a postulantes que tienen procesos disciplinarios abiertos o han sido condenados por delitos de violencia sexual.
Sobre los profesores que actualmente siguen enseñando en las aulas, pese a que han sido denunciados por violencia sexual, dijo que han pedido su separación inmediata.
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