Aulas sin techos y columnas a punto de caerse: escolares en peligro en los más de 28 mil colegios con riesgo de colapsar

Es mediodía y el sol atraviesa las deterioradas grietas de las paredes de madera. El calor se ha apoderado de cada rincón de la amplia habitación y los crujidos de la madera recibe a cada visita que ingresa por la apolillada puerta de ingreso. El olor a humedad parece ser el pan de cada día. Algunos cartones viejos adornan una parte del techo de calamina en un intento de lidiar con los rayos solares. El salón E fue construido por un grupo de padres hace 20 años. El espacio aún conserva los rastros de los dibujos animados que fueron diseñados especialmente para los menores. Pese a su estado de precariedad, el colegio estatal Mateo Pumacahua permanece operativo y albergará a más de 2 mil estudiantes este año.

El cerco perimétrico de la institución es una de las principales preocupaciones de los padres de familia. La construcción tiene más de 40 años de antigüedad. El paso de los años ha perjudicado su estructura debilitando los cimientos con la humedad. Pese a ello, una gran cantidad de aulas permanecen adheridas a este muro.

“Nuestro cerco está demasiado dañado, en cualquier momento se puede caer. Tiene huecos, humedad y fierros de hace más de 47 años. El colegio está abandonado”, comentó Marlene Anco, presidenta de la APAFA del I.E. Mateo Pumacahua, a Infobae.

Mariana* es una de las estudiantes de educación inicial que forma parte de esta institución. El aula en el que estudiará este año está unido al cerco perimétrico del colegio, lo cual sitúa a la pequeña a un estado de riesgo constante.

“El cerco se le puede caer encima porque está pegado el aula. En cualquier momento esa pared puede caerle a los niños. Quienes estudian ahí, en los tres turnos, son niños pequeños. ¿Y si hay un temblor? ¿Y si por la antigüedad de la estructura se atracan las puertas y no pueden salir? Yo creo que deberían ayudarnos con esto”, manifestó Estela*, la madre de la menor.

De acuerdo a la madre de familia, esta problemática ha sido transmitida al director de la escuela, Danilo Carrisales, y derivada al Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED), pero el reclamo no ha sido atendido hasta el momento. Infobae intentó comunicarse con el director del I.E. Mateo Pumacahua, pero no accedió a conversar.

Mariana* es uno de los más de ocho millones de escolares en todo el Perú que regresan a clases este 13 de marzo, pero en su caso ella vuelve al aula de uno de los 28 mil colegios que deberían ser demolidos y reconstruidos por sus condiciones de riesgo en todo el país, según las cifras oficiales del Ministerio de Educación (Minedu).

En el Perú hay 53.548 edificaciones destinadas como colegios para alumnos de Educación Básica Regular (EBR) que cursan el nivel inicial, primaria y secundaria en el sector público. Esto quiere decir que más del 50% de aulas no cumplen con las mínimas condiciones para que se desarrollen las clases, exponiendo la integridad de los niños, niñas y adolescentes.

Un análisis de las estadísticas de la Dirección Nacional de Infraestructura Educativa (DIGEIE), realizado por el colectivo EducarAcción, especifica que la ratio de demolición es mayor o igual a 70%.

Es decir, siete de cada diez escuelas no cuentan con características dignas.

“En otras palabras, su demolición y reconstrucción es prioritaria para asegurar parámetros de seguridad y calidad para la prestación de servicio. Sólo el 20,1% de los locales se clasifican como muy eficiente”, indica el especialista José Carlos Vera en un artículo.

Esto afecta a los estudiantes más vulnerables, como a Lucero*, también estudiante del I.E. Mateo Pumacahua, que ha manifestado su molestia ante las altas temperaturas que presencia en su salón. Su madre, Liseth Ayba, contó a Infobae que la menor de 4 años estudia en un aula reforzada con plástico y pedazos de cartón, por lo que el calor impacta aún más en los alumnos.

“Los niños no pueden más con este el calor, eso les puede hacer daño. Pueden sangrar por la naricita, hasta se pueden desmayar por el calor. Hay algunos papitos que hemos comprado gorritos para los niños, pero no es suficiente” dijo.

La mamá detalló que la gran cantidad de calor impide que la pequeña pueda concentrarse en sus clases. Las aulas de educación inicial del colegio mencionado no cuentan con las condiciones básicas para albergar a los pequeños en este nuevo año escolar, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo. En el lugar apenas hay ventilación natural, el techo es de calamina, las paredes de madera y cuentan solo con un ventilador mecánico.

Este panorama también se repite en uno de los patios del colegio. La zona referida es un espacio abierto donde se lleva a cabo la formación escolar, es decir, donde los estudiantes permanecen por largos minutos bajo el sol. El lugar no cuenta con una malla protectora, por lo que expone a los niños y adolescentes a los rayos solares y la lluvia.

“Este colegio está en alto riesgo. En el lado de primaria tiene aulas que están observadas y no tiene toldo, eso significa que se arriesgan a estar en constante contacto con el sol y la tierra, y este mes hará mucho calor. También nos preocupa que nuestros niños estén expuestos a altas temperaturas y en aulas prefabricadas apolilladas desde hace 20 años”, indicó Milagritos Anderson, comisionada de la Oficina Defensorial de Lima, a este medio.

La crisis en el sector Educación, solo en materia de infraestructura, tiene larga data, décadas de abandono estatal. Techos en mal estado, aulas sin techos y sin ventanas, columnas a punto de caerse, baños en pésima situación son solo algunos de los problemas que millones de estudiantes de instituciones públicas enfrentan año a año. En 2013, el Minedu ordenó hacer un censo de infraestructura educativa, por la que se realizó la inspección técnica de más de 42.000 locales educativos. Uno de los hallazgos fue que siete de cada diez colegios requerían sustitución total, situación que no ha cambiado después de diez años después.

Ya en el 2017, el Estado aprobó el Plan Nacional de Infraestructura al 2025, el cual determinó que la brecha de inversión para sustituir estos colegios en pésimas condiciones era de más de 100 mil millones de soles.

Además, otros 5.393 locales educativos requieren demolición parcial. Un total de 9.907 colegios solo necesitan mantenimiento y apenas 3944 escuelas alcanzan un óptimo nivel para recibir estudiantes.

Liseth* sabe bien cómo es estudiar en un colegio en mal estado. Ella es una adolescente de quinto año de secundaria que sueña con ser docente de inicial. Durante cinco años se ha esmerado para mantenerse como la “primera alumna” de su precaria aula de clases, en la que cerca de 40 niños y niñas se esfuerzan por respirar en un verano inclemente, que se intensifica por sus techos de calamina.

“A veces estar tantos alumnos en una sola aula nos sofocamos, hay mucho ruido, no se puede estudiar bien. Hasta para salir al baño es incómodo porque las mesas están tan pegaditas que no se puede pasar”, cuenta la menor, quien prefiere que el nombre de su colegio, ubicado en un asentamiento humano de Carabayllo, no sea especificado.

“Se nota que los profesores también se estresan”, dice con timidez su amiguita. “En mi salón, al menos, ya no llegan hasta el fondo porque se aburren de estar moviendo el mobiliario para pasar y los que están atrás a veces no escuchan bien y al final no entienden las clases”, detalla sobre su experiencia.

En algunas regiones la situación es más dramática. Cajamarca, Puno y Ayacucho, catalogadas entre las más pobres del país, según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), tienen rangos más altos de colegios públicos en mal estado. Estos departamentos deben reconstruir el 72%, 64% y 61% de sus instituciones educativas públicas en los próximos años, respectivamente.

Otro grave problema al que se enfrentan los estudiantes de todo el país es a la falta de vacantes. En la última semana, el ministro de Educación, Óscar Becerra, reconoció que unos 60.000 alumnos podrían quedarse sin estudiar este 2023 porque no han podido obtener una plaza en Lima Metropolitana.

Uno de los factores por el que este problema se ha acentuado es la pandemia y su impacto económico en los hogares. Al no poder pagar pensiones en instituciones privadas, muchos padres trasladaron a sus hijos a colegios públicos, creando una demanda que el Estado es incapaz de atender pese a que fue el propio Ministerio de Educación el que impulsó esta medida, a fin de que los niños no perdieran el año escolar.

Según cifras del Minedu, del 2020 a 2022 hay más de 443 mil estudiantes de colegios privados que han pasado al sector público.

“Evidentemente, ante un contexto de regreso general al servicio educativo presencial, el sistema educativo público iba a sufrir el impacto de la llegada de estos estudiantes. Eso es lo que está generando el problema de las vacantes”, explica el funcionario defensorial Renzo Deza.

La investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Sandra Carrillo, indica que para que el Estado pueda tomar políticas eficientes para solucionar este problema es importante que conozcan a detalle la distribución de los alumnos.

“Tenemos un gran número de chicos que inician el año escolar y que no encuentran cupo en la matrícula. Y eso no es solamente un tema de infraestructura, sino que es más complejo porque hay un tema de reorganización del sistema, de cuántos espacios hay disponibles, qué escuelas tienen mayor demanda o menos demanda, dónde están ubicadas, pero también tiene que ver con el tema de docentes disponibles, de materiales educativos y de todo lo que acompaña para dar un buen servicio, que tiene que ver con presupuesto, pero también tiene que ver con una información real de los niños y adolescentes que tienes en tu territorio porque no es solamente un problema de Lima. En la capital, quizás sea más claro o más evidente por el volumen de estudiantes, que es bastante alto. Pero si vemos, por ejemplo, el tema de escolaridad secundaria en zonas de la Amazonía, también tenemos una brecha bastante grande. Los chicos no tienen dónde matricularse, no hay oferta. Y moverse a la ciudad implica que no todos puedan hacerlo por temas económicos”, explica.

Raquel* llegó de Huánuco en octubre para recibir tratamiento médico en la capital. La madre de familia decidió traer consigo a su hija de 14 años. La adolescente pasaba a tercero de secundaria, por lo que ambas iniciaron la búsqueda de un nuevo centro educativo. Han transcurrido cinco meses desde que presentaron la primera solicitud para acceder a una vacante y, hasta el día de hoy, todas han sido denegadas por falta de espacio.

“Cuando fui al primer colegio me dijeron ‘espérate, luego van a admitir más alumnos’. Eso hice y luego me acerqué a preguntar por las vacantes, pero me respondieron de que se habían agotado. Iba seguido al colegio para estar atenta a un posible nuevo cupo, pero esto no pasó. No tenía la posibilidad de matricular a mi hija en un centro particular”, contó.

Visitaba constantemente el colegio Solidaridad II, en San Juan de Lurigancho, con la esperanza de encontrar una vacante para su hija. Le pedían que regrese, pese a que se encontraba discapacitada por un problema médico en uno de sus brazos. Según detalló, muchos padres y madres permanecían en las afueras del colegio desde una noche anterior con la finalidad de llegar a tiempo para matricular a sus hijos, posibilidad que le resultaba difícil por su condición de salud.

“Quiero conversar con la directora, pero me responden que no está. El vigilante de la puerta me ve y me dice que no hay vacantes. Ni siquiera me han permitido explicarles el porqué quiero una vacante para ella aquí”, enfatizó.

Pero este no es el único caso. Diana* inició la solicitud de vacante para su pequeño en noviembre. La madre optó por matricular al menor en el colegio Nicolás Copérnico, en San Juan de Lurigancho, pero se le negó la posibilidad de una vacante sin ningún tipo de explicación.

“Estuve pendiente desde noviembre y en diciembre recién salió la plataforma activa porque antes había fallas. Hice el trámite de solicitud también de manera presencial en el Copérnico. Yo estaba esperanzada. Esperé y salió negativo. Mi pedido salió como rechazado sin ningún motivo. Los resultados salieron en enero, pero luego de eso me estuve acercando de manera presencial reiteradas veces. También intenté en el colegio El Bosque, en el mismo distrito, pero tampoco conseguí vacante. Un portero me dijo que no habían vacantes y no hay atención. También me tocó un portero que me dijo que intente hablar con el director y me dejó entrar, pero este fue tajante y me respondió que no, no había vacantes”, precisó.

“El director en todo momento afirmó que no tenía vacantes. Le comenté que yo estaba haciendo este trámite desde noviembre mediante la plataforma y no me parecía justo que de pronto me digan que no hay vacante. Le dije que la decisión se había tomado sin ningún motivo. Le expliqué que mi hija tiene buenas notas y buena actitud. ¿Acaso eso no lo avala? ¿No importan las notas de su libreta? Pero me contestó que no. Yo pienso que los niños no tienen la culpa. Ellos deben tener derecho a una buena educación. Además, porque se trata de un colegio nacional”, agregó.

Nos encontramos a una semana del inicio de clases escolares en el sector público, sin embargo, ninguno de los estudiantes mencionados han encontrado vacantes disponibles en instituciones educativas públicas.

Las cifras provenientes del sector educación son preocupantes. La crisis que atraviesa el aparato estatal en temas educativos no solo representa la falta de voluntad política para ofrecer un aprendizaje de calidad para todos y todas, sino que la falta de atención a estas demandas vulneran el derecho de acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes en el país.

En comunicación con Infobae, Yolanda Rojo, presidenta de Foro Educativo, informó que esta problemática se agravó con la pandemia, pero representa a una demanda no atendida que afecta a los estudiantes hace muchos años atrás.

“Estamos en una situación de bastante precariedad y en una situación de emergencia educativa. En realidad, esta emergencia precede de la pandemia, pero se agrava con la pandemia. Estamos hace décadas con colapso educativo. Faltan 60 mil vacantes en los colegios públicos, 60 mil estudiantes no tienen lugar en las escuelas. Hay que tomar en cuenta que el año pasado casi medio millón de estudiantes, alrededor de 440 mil estudiantes, de colegios privados emigró a la educación pública. Sumado a ello, se calcula que la grave crisis de la pandemia y la grave crisis económica también que ha generado ha ocasionado que 700 mil niños, niñas y adolescentes abandonen las aulas”, explicó.

La especialista señaló que durante los últimos años, producto de las crisis que han enfrentado el país, los colegios estatales vienen recibiendo un alto número de solicitudes de vacantes para estudiantes, pues cada vez son más las personas que se ven impedidas de colocar a sus hijos o familiares en escuelas privadas. Por este motivo, detalló que es necesario que las autoridades presten más atención a las necesidades de estas escuelas.

“La gran población se ha incrementado en la escuela pública y la poca capacidad que tienen las escuelas. No tenemos una infraestructura de calidad con la que ya se tienen insuficientes escuelas para albergar a este cultivo de niños y adolescentes. Tampoco se han llegado, no están llegando de manera oportuna los materiales educativos. Sumado a ello, tenemos a un gobierno y a un Congreso totalmente conservadores que vienen cuestionando los pequeños avances en políticas y medidas como la igualdad de género y la educación sexual”, añadió.

Para Rojo, esta problemática responde a la falta de interés de parte del gobierno para solucionar los problemas que enfrenta el sector educativo en el país.

Además, enfatizó que de dejar de lado el compromiso con los miles de estudiantes en el país sería hacer caso omiso a la responsabilidad de que el Estado tiene con la población, pues esta representa un derecho fundamental para todos sus habitantes.

“Es muy importante que como ciudadanos de un supuesto sistema democrático debamos asumir y exigir al Estado sus responsabilidades con la educación, lo cual es un derecho fundamental”, manifestó

“La calidad educativa tiene que ver con condiciones de dignidad. Todos queremos que nuestros hijos desarrollen procesos educativos en la escuela y los recursos necesarios para desarrollar al máximo sus capacidades y aprendizajes”, agregó.

El problema de la falta de aulas y vacantes también lo sufren los niños que escaparon de la crisis humanitaria en Venezuela. El Estado peruano no se da abasto para atenderlos y el déficit de vacantes se incrementó.

Según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de un millón de ciudadanos venezolanos ingresaron al Perú desde el 2018: al menos el 45% llegó con menores de edad.

Sin embargo, oficialmente se han registrado solo a 142 mil niños, niñas y adolescentes venezolanos al 2020, lo que significa que otro gran grupo ingresó irregularmente, lo que dificulta su acceso a vacantes y matrículas en el sistema educativo peruano.

A fin de atender este problema, el Ministerio de Educación implementó en el 2020 el programa focalizado Lima Aprende, que permitió la inserción de 20.000 menores, peruanos y venezolanos, que no asistían a escuelas de la capital. Sandra Carrillo explica que, finalmente, el Minedu se dio cuenta que estas plazas ampliadas beneficiaron más a estudiantes peruanos desatendidos históricamente. Aún así el programa ha sido descontinuado y muchos alumnos peruanos y extranjeros se quedarán en el limbo.

Actualmente, el sistema público de educación atiende a la mayoría de estudiantes. De los más de ocho millones de escolares, al menos seis millones recibe clases en centros estatales, lo cual muestra la urgencia de que el Estado invierta y mejore la calidad de los servicios entregados a ese 75% de alumnado.

Carrillo advierte que la inadecuada prestación de servicios públicos acentúa el círculo de la pobreza para los más vulnerables, pues los padres o tutores se ven obligados a cubrir muchos costos que el Estado debería realizar.

“El tema de la desigualdad y la segregación tiene que ver con que se profundizan estas desigualdades en función al nivel de ingresos de las familias. Las familias pobres van a tener menores acceso, recursos y posibilidades de compensar esta falla del Estado. A diferencia de los que sí lo tienen o los que pueden pagar una educación privada de calidad”, dijo.

“Yo creo que es importante identificar que, si bien todos somos peruanos, no nacemos con las mismas condiciones. Depende de dónde hayamos nacido nos toca la trayectoria educativa. Algunos la tenemos más fácil que otros porque venimos de clase media, clase alta o vivimos en la ciudad y nuestros padres han estudiado. Pero hay otros chicos que tienen la cuesta dificilísima, con piedras y baches, y no llegan. No es un tema de que no quieran, porque son vagos o sus familias son el problema. No son ellos, sino es que el sistema no responde a igualarles el piso. Y se debe mirar estas desigualdades y dificultades, y es necesario darle apoyo porque nacieron en condiciones complicadas. Ponerles mejores escuelas y servicios de salud es lo que podría o debería asegurar el Estado. Así si en tu barrio no hay agua, internet o no te alimentas bien, tienes una escuela que está bien construida, limpia, con desayuno y almuerzo escolar; los profesores te tratan bien, te van a ayudar si no entiendes o te van a ayudar en la nivelación. Si todo esto existiera, el Estado les estaría diciendo a esos niños y familias que realmente importan y sí se puede”, concluyó.

*Se protegen los datos personales de los entrevistados.