El Consejo de la Prensa Peruana (CPP), la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) están en desacuerdo con el documento de seguridad para periodistas que el gobierno de Dina Boluarte publicó en el diario El Peruano el último miércoles 1 de marzo. El “Protocolo de actuación interinstitucional para la coordinación y atención a periodistas y comunicadores sociales en el contexto de alteración al orden público”, elaborado por el Estado Mayor General de la Policía Nacional y los ministerios del Interior, Salud, Justicia y el Colegio de Periodistas del Perú, busca disponer que la Policía Nacional del Perú (PNP) supervise el trabajo periodístico durante las protestas.
Las tres organizaciones periodísticas emitieron comunicados para rechazar este posible nuevo reglamento estatal. Incluso, Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pidió al gobierno que reconsidere el protocolo.
“Registro con preocupación y comparto los serios cuestionamientos del periodismo peruano a este protocolo. Hago un llamado al Gobierno para reconsiderarlo. En un contexto de profunda crisis política y social se necesita de más -y no menos- garantías a la libertad de prensa”, escribió en su cuenta de Twitter.
CPP, ANP e IPYS
Rodrigo Salazar Zimmermann, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), dijo que la asociación está preocupada por lo que había sucedido con los periodistas durante las manifestaciones en diciembre y enero, así que le propusieron al Ejecutivo un mecanismo para que se proteja de las agresiones a los hombres y mujeres de prensa que cubren las marchas. Sin embargo, cuando se publicó el protocolo no era lo que esperaba.
“Participamos en tres reuniones, dos en remoto y uno en presencial, y cuando leímos el documento nos dimos cuenta que no era correcto porque tiene injerencias del trabajo de la prensa; que los policías son los que tienen que dar indicaciones a los periodistas. En la última reunión propusimos varios cambios, pero no fueron tomados en cuenta”, relató el periodista del CPP a Infobae.
En efecto, el el Consejo de la Prensa Peruana decidió retirarse del grupo de trabajo cuando no vio ninguna variación.
Salazar Zimmermann consideró que quienes han preparado el protocolo desconocen e ignoran cuál es el trabajo de los periodistas. También le hicieron caso omiso a “la recomendación de la Unesco que tiene estándares técnicos de altísimo nivel”.
“No creo que haya un Estado contra la libertad de expresión, tampoco creo que haya una mordaza, pero hay una falta de conocimiento del trabajo del periodista; y no han tomado en cuenta las recomendaciones que les hicimos”, agregó.
Adriana León, jefa del Área de Libertad de Prensa del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), manifestó que el documento es “peligroso para la libertad de expresión porque implica una regulación por parte de la Policía para la cobertura periodística”.
“Los protocolos para las coberturas periodísticas en otros países lo hacen los propios medios y las organizaciones civiles. Luego lo presentan a los estados y exigen que esas garantías sean respetadas; no, al revés, como sucede aquí”, dijo a Infobae.
A León le parece un “despropósito este protocolo” que en “ningún momento menciona qué pasaría cuando los periodistas están siendo agredidos y, sobre todo, que la Policía ordene en qué espacio debe ir cada periodista y si no lo hace se tiene que atener a las consecuencias”.
La periodista de IPYS juzgó “bastante absurdo” ese mandato porque los periodistas que cubren las protestas están dentro de las marchas.
“Las fuerzas del orden están para resguardar a los periodistas que están cubriendo las protestas, ya que es parte de su trabajo el derecho a la libertad de prensa y el derecho a la información. Por lo tanto, la Policía no puede decirte dónde debes ubicarte”, señaló.
En el documento no se considera que algunos agentes de la PNP han sido agresores de periodistas pese a que las estadísticas exponen lo contrario.
“Del reporte que tiene la ANP e IPYS se menciona que si bien hubo agresiones de los manifestantes; en enero y febrero la mayoría de agresiones fueron por parte de la Policía. Y no han sido agresiones menores: hubo disparo de perdigones en el cuerpo de los periodistas (el caso de Aldair Mejía de EFE en Puno) o los dos periodistas que fueron atacados por la PNP para impedir la cobertura en Juliaca y les quitaron las credenciales. Eso es un impedimento a la cobertura por parte de las fuerzas del orden”, expresó.
En esa misma línea va Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), que ofreció una entrevista a Infobae, y reveló que desde enero se han registrado 94 ataques contra los periodistas.
“El 50% de los agentes agresores contra los colegas ese mes [enero] fueron efectivos policiales. Es decir, hay una realidad que es innegable, está ahí y que se les ha demandado que el Gobierno tome acciones para proteger a los periodistas”, argumentó.
La ANP declinó la participación de las reuniones con el Ejecutivo porque “enero había sido el mes en que había la mayor cantidad de agresiones contra los periodistas y la responsabilidad eran de los miembros de las fuerzas del orden”.
“Cuando se nos hace la convocatoria, se nos precisa que era para un protocolo para proteger a los periodistas de las agresiones de los manifestantes. Cuando vimos que no había ninguna voluntad de asumir una realidad que desgraciadamente las fuerzas del orden también eran agentes agresores, sentimos que era imposible entablar un diálogo para hablar o formular un protocolo o con tener un instrumento para la gradería. No sentimos que con el actual ministro del Interior (Vicente Romero) haya condiciones para trabajar un protocolo cuando ellos ni siquiera han sacado un tuit rechazando las agresiones contra los periodistas”, afirmó.
Salazar Zimmermann cree que se debe tener un protocolo bien hecho si se reúnen a las organizaciones periodísticas de la capital, de las regiones y del extranjero para elaborar el documento.
“Espero que no prospere”, dijo Adriana León. “Imagino que prosperará este borrador o protocolo, pues el Ejecutivo ha dado diez días de plazo para ver las sugerencias, aunque creo que más ha recibido críticas. IPYS trabaja no solo en Perú, sino a nivel regional y felizmente en Perú la reacción de los gremios, los medios y la ciudadanía impiden que estas situaciones progresen. Aquí hay una reacción inmediata, creo que debemos conservarlo y protegerlo porque es parte de un Estado de derecho y en democracia la libertad de prensa, la libertad de opinión y la libertad de expresión son importantes”, concluyó.