Sindicato de la Defensoría acudirá a la CIDH para informar sobre la polémica sentencia del Tribunal Constitucional

El sindicato de trabajadores de la Defensoría del Pueblo presentaría, en los próximos días, un escrito ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para informar sobre el reciente fallo del Tribunal Constitucional que dejó sin efecto la medida cautelar que había dictado el Poder Judicial para impedir la elección del nuevo titular de esta institución autónoma.

Según el diario La República, la decisión del sindicato buscaría advertir ante el sistema interamericano sobre los riesgos que implicaría el proceso que estará a cargo del Congreso de la República. Como es público, esta entidad del Estado no pudo terminar la elección del nuevo defensor en medio de graves irregularidades que finalmente desencadenaron en que no se haga.

La primera sucedió el 9 de junio del año pasado cuando el Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, a cargo del juez John Paredes, ordenó al Congreso que suspenda el proceso hasta que se decida si se aprueba o no una acción de amparo presentada por el sindicato de la Defensoría que acusó a María del Carmen Alva, entonces presidenta del Parlamento, que había vulnerado los principios de transparencia al integrar y presidir la comisión especial, pues se excedió con ella el número máximo de integrantes permitido, que es nueve.

También cuestionó que no se haya permitido la participación de la ciudadanía en la fase de tachas (rechazo) de los candidatos, ni que se pueda conocer la información proporcionada por la Contraloría de la República y otras entidades oficiales sobre sus trayectorias profesionales y personales.

En ese sentido, el tribunal encontró “un peligro inminente” de que el proceso se realice sin los requisitos mínimos de “publicidad”, “transparencia” y “participación de la sociedad civil” porque se tenía previsto presentar el resultado de la elección de candidatos.

Sin embargo, los parlamentarios siguieron y conformaron un nuevo grupo con Freddy Díaz como titular. Como es público, Díaz fue denunciado de violación sexual por una trabajadora de su despacho. A consecuencia de esto, sería expulsado de la bancada de Alianza para el Progreso y retirado de la presidencia de este grupo.

El grupo de trabajo eligió al apepista Idelso García como nuevo presidente, quien se encargaría de dirigir las últimas etapas del proceso de selección. La terna que sería elevada al hemiciclo fue elegida en la sesión del 5 de agosto y estuvo compuesta por Carlos Castro Barriga, Jorge Rioja Vallejos y Beatriz Ramírez Huaroto. No obstante, ninguno logró los 87 votos requeridos.

El pasado 16 de febrero, la Comisión Especial presidida por el congresista Manuel García Correa, de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), amplió el cronograma para la elección del próximo Defensor del Pueblo.

El grupo de trabajo recibió los votos a favor de seis legisladores, una abstención y cero en contra para la aprobación de un nuevo cronograma.

Con esta medida, el plan parlamentario se extenderá en quince días calendario para que las bancadas presenten a sus candidatos invitados.

Hasta el momento, se tienen solo a cuatro postulantes para el cargo: Gastón Soto Vallenas, planteado por Somos Perú y APP; Miguel Ángel Soria, presentado por Renovación Popular; y Jorge Luis Rioja, sugerido por Acción Popular y el Bloque Magisterial.

Dichos aspirantes ya habían participado en la misma convocatoria, para liderar la Defensoría, durante el año pasado. Sin embargo, hasta mañana se tiene plazo para presentar más candidatos.

El 7 de marzo se publicará la lista de aptos para el proceso en la web del Parlamento. Tras ello, del 8 de marzo al 10 de abril se va analizar las hojas de vida de los postulantes. La Contraloría también hará lo mismo desde el 13 de marzo hasta fin de este mes.

La etapa final será entre 12 y 14 de abril cuando entrevisten a los candidatos. El 9 de mayo se conocerá al nuevo titular de la Defensoría que asumirá en reemplazo de la interina Eliana Revolledo.