El papel de la prensa ha sido crucial para difundir los actos de violencia registrados durante las más recientes manifestaciones, tanto desde la ciudadanía como la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas. Por ello, llama la atención que el Ministerio del Interior haya presentado un protocolo de seguridad para hombres y mujeres de prensa que carece de varias especificaciones y cuenta con diversas ambigüedades.
Desde el Consejo de la Prensa Peruana se ha pedido que dicho texto sea archivado ya que este no garantiza que la labor del periodista durante las manifestación. Se trata de un intromisión que pone en riesgo la independencia bajo la cual se rigen los diversos medios que cubren el acontecer nacional. Además, las propuestas de la CPP no han sido tomado en cuentas para la versión final de dicho documento.
Además de una falta de voluntad de incluir lineamientos técnicos de estándares internacionales, el ente representativo del periodismo peruano resalta que en el texto la PNP, el Ministerio del Interior y otras instituciones públicas figuran como órganos rectores de periodistas en situaciones de protestas. “El protocolo establece una relación de arriba hacia abajo entre el Estado y la prensa, lo que resulta inaceptable”, se lee en un comunicado.
El Consejo de la Prensa Peruana señala que estos son otros puntos alarmantes en el protocolo presentado:
-No considera que algunos agentes de la PNP han sido agresores de periodistas, a pesar de que las estadísticas más recientes la señalan como principal agresor.
-No incluye un procedimiento público y transparente de investigación a policías responsables de agresión a periodistas.
-La PNP figura como creadora de parámetros y lineamientos durante las coberturas de protesta, cuando los periodistas deben tener absoluta libertad para reportear como consideren conveniente. Por ejemplo, sugiere ubicaciones “adecuadas”, lo que supone un direccionamiento de la cobertura.
-Se refiere únicamente a periodistas colegiados como beneficiarios del protocolo, dejando de lado a cientos a nivel nacional.a periodistas, por parte de las fuerzas del orden.
Se refiere únicamente a periodistas colegiados como beneficiarios del protocolo, dejando de lado a cientos a nivel nacional.
-No incluye una definición de libertad de expresión ni libertad de prensa.
-No se menciona que el protocolo debe seguir estándares internacionales en materia de libertad de expresión.
-No se mencionan necesarias investigaciones sobre hostigamiento y amenazas a periodistas a través de redes sociales.
-En la base legal no se incluyen planes de acción internacionales de Naciones Unidas sobre protección de periodistas y derechos humanos.
-No se establecen principios y deberes de las instituciones del Estado (principio de protesta, protección a periodistas, garantías a la libertad de expresión, derecho de la prensa a registrar operativos policiales, rendición de cuentas, identificación policial).
Pronunciamiento
El Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) se mostró en desacuerdo con reglamentar de ningún modo la cobertura periodística de las manifestaciones sociales, expresando que cualquier normativa para procedimientos con periodistas en protestas debe estar dirigida a respetar la actuación de la prensa en las mismas. Además instó a que se prohíban los actos de intimidación por parte de los efectivos policiales y de las FF.AA.
El texto señala que será la PNP la que sugiera a los periodistas la ubicación desde donde deben cubrir las manifestación para que puedan garantizar su “integridad física o evitar la labor policial de restablecimiento del orden público”. De no cumplir con lo señalado y sufren algún accidente no será responsabilidad de las fuerzas del orden.