Presidente del JNE cuestionó fallo polémico del TC que provocaría que el Congreso lo someta a juicio político

Tras conocerse el polémico fallo del Tribunal Constitucional que dispone que los jefes de los organismos electorales como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) sean incluidos por el Congreso de la República en el artículo 99 de la Constitución a fin de que puedan ser sometidos a juicio político, el actual titular del JNE se pronunció.

“Quien obra con arreglo a ley no tiene temores”, dijo el magistrado Jorge Luis Salas Arenas luego de participar en la juramentación de la titular del Jurado Electoral Especial de Lima, María de los Ángeles Álvarez, quien desempeñará la función en las elecciones municipales complementarias de este año. Recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dispuso en el 2013 que no es acorde con los estándares internacionales el someter a los jueces a juicio político en el fuero parlamentario.

Según Salas Arenas, si un integrante del sistema electoral afronta un proceso político, pues entonces todo sería contrario a las garantías de independencia e imparcialidad que deben ser observados en los procesos disciplinarios, de conformidad con el derecho internacional. “Se vive un momento difícil, en el que algunos actores políticos y medios de comunicación están persistiendo en una exhortación al Congreso”, enfatizó.

El titular del JNE mencionó que existe una confusión entre lo que es antejuicio político y el juicio político.

Como es público, el TC comunicó que “por mayoría de cinco votos, exhortar al Congreso de la República a reformar el artículo 99 de la Constitución Política, así como reformar su reglamento, para incorporar a los miembros del JNE, el jefe de la ONPE y el jefe del Reniec”.

Actualmente, el mencionado artículo de la Carta Magna dice lo siguiente: “Acusar ante el Parlamento: al presidente de la República, a los representantes del Congreso, a los ministros de Estado, a los miembros del Tribunal Constitucional; a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (ahora Junta Nacional de Justicia), a los vocales de la Corte Suprema, a los fiscales supremos, al Defensor del Pueblo, y al Contralor General, por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en estas”.

Esta función le correspondería a la Comisión Permanente, donde la integran los representantes de la Mesa Directiva, los voceros e integrantes de las diferentes bancadas parlamentarias. Este órgano solo acusaría, según el magistrado del TC Gutierrez Ticse, denunciar constitucionalmente al presidente del JNE, pero no a los demás miembros.

No es la primera vez que Jorge Luis Salas Arenas es atacado desde el Congreso. En enero, Roselli Amuruz (Avanza País) presentó una iniciativa legislativa para que el actual titular del JNE culmine con su gestión en abril del presente año. La medida también alcanza al jefe de la ONPE.

“El presidente del JNE y el Jefe de la ONPE concluyen su mandato en abril del 2023. No son de aplicación para ellos, por excepción, los plazos establecidos en los artículos 180 y 182 respectivamente de la Constitución Política del Estado”, se lee en el documento.

Al respecto, Salas Arenas alertó que con dicha iniciativa se atenta contra los “principios básicos” de la Constitución, entre ellos, la autonomía de los organismos electorales.

“[Se vulnera] lo que la Sala Plena ha decidido, respecto a su elegido que soy yo, y en lo decidido por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) respecto a la persona que, tras un concurso público, fue designado jefe de la ONPE”, comentó diálogo con RPP. Además, rechazó la desconfianza de algunos partidos políticos, que alegaron un inexistente fraude en las elecciones de 2021 por la victoria de Pedro Castillo, hacia él.

“No existe motivo para tal planteamiento. La desconfianza que pudiera sentir alguien no es suficiente motivo para remover a autoridades constitucionalmente establecidas (…) Todo ha sido transparente, así que no sé qué otra transparencia pueden estar exigiendo”, zanjó.