Este miércoles 1 de marzo, el Gobierno de Dina Boluarte publicó en el diario oficial El Peruano el “Protocolo de actuación interinstitucional para la coordinación y atención a periodistas y comunicadores sociales en el contexto de alteración al orden público”. Este documento fue elaborado por el Estado Mayor General de la Policía Nacional y los ministerios del Interior, Salud, Justicia y el Colegio de Periodistas.
El proyecto busca regular el trabajo periodístico durante las manifestaciones sociales, alertó el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), por lo que señalaron que, al contrario, en estos contextos, el Estado debe respetar la labor de la prensa.
“Sobre el contenido del protocolo, IPYS está en desacuerdo con reglamentar de ningún modo la cobertura periodística de las manifestaciones sociales, expresando que cualquier normativa para procedimientos con periodistas en protestas debe estar dirigida a respetar la actuación de la prensa en las mismas”, se lee en el comunicado.
El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) también aseguró que deben prohibirse los actos de intimidación de parte de los efectivos policiales y de las Fuerzas Armadas, así como la violencia contra periodistas. Exigieron que se sancione a quienes cometan estos actos.
Para contrarrestar los efectos de esta nueva norma, el IPYS sugirió a los medios de comunicación que creen sus propios protocolos de seguridad con el fin de que sean aplicados para salvaguardar a los reporteros y reporteras que registran manifestaciones sociales.
También pidieron que se investigue de forma adecuada las denuncias que se presentaron contra quienes agredieron a periodistas durante las últimas protestas.
Según el protocolo, el Viceministerio de Orden Interno y el Comando de Asesoramiento General de la Policía Nacional del Perú (PNP) deben sugerir a los periodistas una ubicación a la que acudir cuando se desate la violencia para que puedan garantizar su “integridad física o evitar la labor policial de restablecimiento del orden público”.
En ese mismo punto, resaltan que si los periodistas incumplen esta indicación y, producto de ello, sufren alguna afectación a su integridad, será bajo su responsabilidad.
El protocolo también indica que son los mismo policías quienes deben recibir las denuncias por agresión física hacia periodistas o comunicadores sociales que se cometieron durante manifestaciones sociales.
“Cuando se advierta la agresión a un periodista o comunicador social cometida en flagrancia, la PNP comunicará de inmediato al representante del Ministerio Público, quien en el marco de sus competencias dispondrá de los actos de investigación correspondientes”, añadieron.
De acuerdo al documento, el viceministerio mencionado también debe recomendar a los medios de comunicación que los periodistas que registren manifestaciones sociales deben acudir con casco, chaleco y elementos que comprueben que laboran para una empresa, así como el carné de prensa.
En las disposiciones finales del protocolo se indica que en un plazo de 30 días calendario, después de su publicación, se presentará una cartilla informativa sobre las acciones, recomendaciones y buenas prácticas para su aplicación.
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