El jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, informó este miércoles que la administración de Dina Boluarte responderá al pedido de información del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU) sobre las muertes en las protestas antigubernamentales.
“Vamos a darle todas las facilidades y vamos a remitir la información”, dijo en Canal N y adelantó que el Ejecutivo mantendrá la postura de que el exmandatario Pedro Castillo orquestó un golpe de Estado y “lo que se hizo fue defender el sistema democrático”.
El premier lamentó las muertes, pero indicó que el Ministerio Público establecerá responsabilidades luego de concluir las pesquisas. “Ni la Policía ni las Fuerzas Armadas pueden encontrar responsabilidades. En el Perú quien persigue e investiga es la Fiscalía. Mal haríamos en establecer responsabilidades cuando el órgano constitucionalmente autónomo lo está haciendo y de manera célere”, dijo.
Otárola también se refirió a la denuncia por genocidio, abierta por la Fiscalía en enero pasado, en la cual está implicado junto con Boluarte y varios otros altos cargos por la represión de las manifestaciones.
“Lo que puedo asegurar es que habrá una investigación administrativa, que seguramente irá a la instancia fiscal correspondiente. Lo que no puedo admitir es que de manera anticipada se prejuzgue, se afecte el derecho fundamental, el derecho a la presunción de inocencia y se acuse indebidamente a la presidenta de la República y a los ministros de genocidio, de asesinato”, dijo.
Solicitud
En la víspera, la ONU dio 60 días al Gobierno peruano para que comparta información sobre las muertes en las movilizaciones, así como las medidas que han adoptado “para garantizar que todas las personas ejerzan sus derechos de libertad de expresión y reunión pacífica”.
El documento pide, además, el detalle de las políticas que tienen como fin prevenir el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades. “A la espera de su respuesta, quisiéramos instar al gobierno de su excelencia a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de las personas mencionadas e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas”, señala el texto firmado por Volker Türk, alto funcionario del organismo.
Al 27 de febrero, la Defensoría del Pueblo reveló que 48 civiles han fallecido en enfrentamientos, 11 por accidentes de tránsito y hechos vinculados al bloqueo, mientras que un policía fue calcinado durante las manifestaciones en Puno.
Asimismo, se registran 15 puntos de bloqueo y ningún enfrentamiento con fuerzas del orden u otros actos de violencia durante el último día del fin de semana pasado.
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