El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) pidió archivar el protocolo de seguridad para periodistas que el gobierno de Dina Boluarte publicó el último miércoles 1 de marzo en el diario El Peruano. El documento “Protocolo de actuación interinstitucional para la coordinación y atención a periodistas y comunicadores sociales en el contexto de alteración al orden público”, que busca disponer que la Policía Nacional del Perú (PNP) supervise el trabajo periodístico en las protestas fue elaborado por el Estado Mayor General de la Policía Nacional y los ministerios del Interior, Salud, Justicia y el Colegio de Periodistas del Perú.
“El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) considera que el protocolo de seguridad para periodistas que promueve el Ministerio del Interior no garantiza la labor periodística ejercida durante protestas ciudadanas. Más bien, es una intromisión que pone en riesgo la necesaria independencia con la que debe contar un periodista en el ejercicio de sus derechos de expresión”, indicó en un comunicado.
La asociación civil argumentó que el proyecto busca regular el trabajo periodístico durante las manifestaciones, tal como alertó el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), “no recoge las propuestas de la mayoría de organizaciones que participaron en las reuniones de consulta”.
“Por ese motivo, y por la falta de voluntad de incluir lineamientos técnicos de estándares internacionales —un objetivo de esta organización para el protocolo—, el CPP decidió retirarse del grupo de trabajo a inicios de febrero”, agregó.
Los motivos del CPP
El Consejo de la Prensa Peruana detalló los motivos para pedir el archivamiento del proyecto debido a que la PNP, el Ministerio del Interior y otras instituciones públicas “figuran como órganos rectores de periodistas en situaciones de protestas”.
“El protocolo establece una relación de arriba hacia abajo entre el Estado y la prensa, lo que resulta inaceptable”, expresó.
El CPP informó que, pese a que las estadísticas más recientes señalan como principales agresores a los efectivos policiales contra los periodistas, en el documento no se considera a algunos agentes de la PNP.
“No incluye un procedimiento público y transparente de investigación a policías responsables de agresión a periodistas”, indicó.
En los lineamientos también figura que la PNP va a ser la responsable sobre dónde tienen que estar los periodistas, sin embargo, el consejo resolvió que estos “deben tener absoluta libertad para reportear como consideren conveniente”.
Tampoco se “menciona la prohibición de confiscar, retener, destruir o alterar material periodístico, ni detener arbitrariamente a periodistas, por parte de las fuerzas del orden” y, sobre todo, solo se refiere a periodistas colegiados como beneficiarios del protocolo, “dejando de lado a cientos a nivel nacional”. Así como tampoco se señala investigaciones sobre el hostigamiento y las amenazas a los periodistas en las redes sociales ni una base legal sobre la protección de periodistas y derechos humanos.
Algo que llamó la atención del CPP es que en la norma no se incluye una definición precisa de la “libertad de expresión ni libertad de prensa”.
Finalmente, la asociación civil sin fines de lucro sostuvo que “no se establecen principios y deberes de las instituciones del Estado (principio de protesta, protección a periodistas, garantías a la libertad de expresión, derecho de la prensa a registrar operativos policiales, rendición de cuentas, identificación policial)”.
Otros gremios se pronunciaron
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) también cuestionaron el nuevo reglamento estatal que fue respaldado por el Colegio de Periodistas del Perú.
La ANP manifestó “este texto, elaborado de forma ‘express’, presenta serios problemas de fondo y forma de difícil subsanación (…) En el caso particular de las fuerzas del orden, casi el 50% de los casos de agresiones a nuestros colegas en el último mes de enero, fueron responsabilidad de un efectivo policial. Iguales situaciones se han producido en la última década en diversas regiones del país, en contextos de alta conflictividad social, sin que se hayan abierto siquiera procesos disciplinarios internos en el cuerpo policial a responsables de los ataques”.
Mientras que el IPYS está en “desacuerdo con reglamentar de ningún modo la cobertura periodística de las manifestaciones sociales, expresando que cualquier normativa para procedimientos con periodistas en protestas debe estar dirigida a respetar la actuación de la prensa en las mismas (…) IPYS señala que se debe prohibir a los efectivos de Fuerzas Armadas o policiales cualquier acto de intimidación o violencia contra las y los periodistas, efectuando sanciones en caso contrario”.
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