Agustín Lozano: los presuntos delitos que se le imputan al presidente de la Federación Peruana de Fútbol

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol fue detenido en el marco de la investigación fiscal por presuntamente liderar una organización criminal

Agustín Lozano es investigado por diversos crímenes desde su gestión como alcalde en Chongoyape. (GEC)

El jueves 7 de noviembre, Agustín Lozano, presidente de al Federación Peruana de Fútbol (FPF), fue detenido en el marco de la investigación por integrar una presunta organización criminal y otras acusaciones. La intervención está a cargo de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad. Además, se detuvieron a otros acusados y se llevó a cabo el allanamiento de la Videna.

El origen de las diligencias para indagar sobre las diferentes irregularidades es la denuncia del representante de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, Oscar Romero Aquino, del pasado 26 de octubre del 2022. El supuesto acto fraudulento se basa en que se ocultó información sobre los ingresos de los derechos de televisión. Además, de actos extorsivos relacionados a los derechos de televisión que la FPF prentendía apropiarse.

Además de Lozano, también están involucrados en el proceso, el presidente de Sporting Cristal, Joel Raffo, que también fue detenido. Raúl Bao, directivo de la FPF, Víctor Bellido, Luis Duarte, Juan Dupuy, José Carlso Isla, Gisella Mandriotti, Sabrina Martín, Genaro Minán, Osías Ramírez, Arturo Ríos, Jean Marcel Robilliard, Víctor Rojas.

El presidente de la FPF y los otros detenidos fueron privados de su libertad por un periodo de 15 días en lo que corresponde a una detención preliminar. Los acusados podrán apelar la decisión judicial en los próximos días. Por lo pronto, ya fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal y luego trasladados a las instalaciones de la Prefectura de Lima.

Acusaciones y diligencias contra Agustín Lozano

El pasado jueves 2 de marzo, un equipo de la Fiscalía de la Nación, liderado por la fiscal Orihuela, se apersonaron a allanar la sede de la Federación Peruana de Fútbol en el marco de la investigación contra el presidente del máximo ente del balompié nacional, Agustín Lozano, por presuntamente integrar una organización criminal.

De acuerdo con el fiscal superior titular y coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, la intervención se produce en el marco que la FPF no presentó la documentación solicitada por el Ministerio Público a inicios de febrero y por incumplimiento se realizó el allanamiento.

Sin embargo, este no es el primer caso por el cual se investiga a Lozano Saavedra, sobre quien recaen cuestionamientos desde que desempeñaba el cargo de alcalde de Chongoyape, Lambayeque, durante los períodos 2011-2014 y 2015-2018.

Intervención de la sede de la FPF en Videna por investigación de organización criminal contra Agustín Lozano. (RPP TV)

Enriquecimiento ilícito

En enero de 2021, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar contra Agustín Lozano por presuntas irregularidades en su gestión como burgomaestre de Chongoyape. De acuerdo con la tesis fiscal, el también ingeniero habría aumentado de “manera notoria e injustificada su situación patrimonial” así como la de sus familiares cercanos y amigos, por ello se le acusó por enriquecimiento ilícito en agravio del Estado. La indagación se formalizó en setiembre del año pasado.

El monto del desbalance patrimonial es superior a los 2.8 millones de soles y habría usado hasta ocho testaferros para encubrir sus movimientos. Según las autoridades, Agustín Lozano habría abusado de su cargo para adquirir muebles, inmuebles, capital social, empresas, entre otros.

Agustín Lozano fue alcalde de Chongoyape entre 2011 y 2018.

Lavado de activos

En agosto de 2020, el Ministerio Público inició investigación contra el mandamás de la FPF por la presunta comisión del delito de lavado de activos con la reventa de entradas para los partidos de la selección peruana durante el proceso eliminatorio al Mundial Rusia 2018.

De acuerdo con la Fiscalía, los integrantes de la Junta Directiva de la Federación en el período 2015-2018 serían investigados por realizar gestiones irregulares desde el interior de la entidad para aprovecharse ilegalmente de su patrimonio. Esto se debe a que, según el MP, la habrían dado un “fin distinto a las entradas corporativas y de cortesía, con el propósito de obtener un beneficio económico”.

Extorsión, coacción y organización criminal

En febrero del presente 2023, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación contra Lozano Saavedra y los miembros de su directorio en la FPF por la supuesta comisión de extorsión, coacción y organización criminal en perjuicio de los clubes profesionales de la Liga 1. Ante ello se ordenó un peritaje contable y financiero de la Federación desde 2018, fueron estos documentos los que no se entregaron a tiempo y provocaron el allanamiento de este jueves 2 de marzo en la Videna.

En el oficio del MP se detalla el presunto accionar delictivo de la banda, indicando que no habrían comunicado “la real situación administrativa, económica y financiera” de la FPF a los miembros de su Asamblea de Bases. Además habrían utilizado al ente rector para repartir diferentes montos de dinero a algunos clubes de primera y segunda división para “cancelar obligaciones y deudas”.

Directorio de la Federación Peruana de Fútbol para el período 2021-2025. (FPF)

Se resalta que con el pago ilícito de 250 mil soles a Carlos Stein, Deportivo Llacuabamba, Atlético Grau y equipos de Liga 2 no se realizarían auditorias. En este caso se le imputa el delito de fraude en administración de persona jurídica.

En diciembre del 2022, el presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP), Óscar Romero, presentó una denuncia por los mismos crímenes en contra de Lozano y otros 12 directivos de la Federación. Según el dirigente, ‘Tin’ y sus colaboradores habrían realizado “actos extorsivos” al amenazar a los clubes que al no firmar con 1190 Sports la cesión de los derechos televisivos serían enviados a Liga 2 y excluidos de torneos Conmebol. La Fiscalía dispuso la apertura de una investigación por extorsión, coacción y organización criminal.

De acuerdo con el fiscal Jorge Chávez Cotrina, la pena que recibirían los involucrados en caso sean encontrados culpables rondaría los 20 años.