La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, consideró este miércoles que la investigación abierta por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por presuntas irregularidades en los cambios del equipo especial de Cuellos Blancos, que investiga una red de corrupción en la Judicatura, es un “acto de amedrentamiento y obstrucción”.
En un pronunciamiento televisado, la titular del Ministerio Público tachó de “ilegal y arbitraria” la decisión de la JNJ, organismo encargado de nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales peruanos.
“Quiero expresar a toda la ciudadanía que la resolución de la JNJ es nula, puesto que (...) el equipo especial de Cuellos Blancos no ha sido desarticulado, sino, al contrario, ha sido reforzado”, dijo Benavides en su comunicado.
Agregó que esta investigación “constituye la consumación de los ataques” que supuestamente se iniciaron en su contra cuando tomó la decisión “de investigar al poder político”.
Con esto insinuó que podría ser la respuesta a “los resultados que va obteniendo el equipo especial de Cuellos Blancos”, a su solicitud de 36 meses de prisión preventiva contra el ya encarcelado expresidente Pedro Castillo o a las investigaciones a “altos funcionarios del actual gobierno por violación a los derechos humanos y corrupción”.
Benavides indicó finalmente que “nada de esto” la hará retroceder en su compromiso de “perseguir el delito, caiga quien caiga y pese a quien le pese”.
Caso
El caso de los Cuellos Blancos implica una red de favores en la que presuntamente participaron políticos y empresarios para favorecer el nombramiento de jueces y trabajadores de la Justicia.
Benavides, quien lidera los casos abiertos contra Castillo y los altos funcionarios del actual Gobierno de Dina Boluarte, ha sido acusada de usar su cargo para beneficiar a su hermana, Emma Benavides, en una investigación que afronta por el presunto cobro de sobornos para liberar a reos imputados por narcotráfico.
En septiembre de 2022, el exfiscal supremo Víctor Cubas Villanueva denunció en Ojo Público que existían llamadas que involucraban al fiscal general con Antonio Camayo, uno de los principales empresarios investigados en este caso de corrupción al interior del sistema de administración de justicia.
El portal de investigación también difundió entonces un documento fiscal que confirmaba la aparición de Benavides en conversaciones telefónicas con Camayo.
A inicios de febrero pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado peruano que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Benavides y su familia al considerar que se encuentran en una “situación de gravedad y urgencia”.
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