ONU da 60 días al gobierno de Dina Boluarte para informar sobre las muertes ocurridas durante las manifestaciones

El pasado 7 de diciembre inició una nuevo capítulo de la crisis política peruana que, lamentablemente, cobró la vida de 60 ciudadanos y que ha llamado la atención de la Organización de las Naciones Unidas. A través de un informe ha dado a conocer que se ha reunido información en torno a la muerte de protestantes y el accionar de las fuerzas del orden. Ante ello ha dado un plazo al gobierno para que este brinde mayor información.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos utilizó los datos recopilados por la Defensoría del Pueblo en torno a las víctimas y heridos de las protestas. Asimismo, mencionan que han sido informados  de que “los métodos utilizados por la fuerza pública habrían ocasionado ejecuciones extrajudiciales y detenciones supuestamente arbitrarias de manifestantes; así como se reportan torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes de personas detenidas en las comisarías o bajo algún tipo de custodia”.

Los informes de autopsia y análisis forense de los fallecidos en Puno sirvió a la entidad para conocer que estos habría muerto por heridas de bala. El texto hace mención a la muerte de seis ciudadanos en los que “se habrían detectado restos de municiones de fusil AKM”. En torno a las detenciones arbitrarias, se mencionó la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Un informe de La República señala que la ONU señala que se reportó que la “respuesta policial y militar operativa ante las protestas viene acompañada de un discurso oficial que señala estar ‘en guerra’ y que califica a las personas que protestan como ‘enemigos’ o terroristas’, lo que ha servido para justificar un actuar ofensivo por parte de las Fuerzas Armadas”. Ante esto, la entidad ha expresado su profunda preocupación.

El gobierno de Dina Boluarte cuenta con 60 días para compartir información sobre las muertes de ciudadanos durante las manifestaciones, así como las medidas que han adoptado “para garantizar que todas las personas ejerzan sus derechos de libertad de expresión y reunión pacífica”. Asimismo se pide que brinden detalles de las políticas que tienen como fin prevenir el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades.

“A la espera de su respuesta, quisiéramos instar al gobierno de su excelencia a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de las personas mencionadas e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas”, señala el documento firmado por el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Al 27 de febrero, la Defensoría del Pueblo reveló que 48 civiles han fallecidos en enfrentamientos, 11 por accidentes de tránsito y hechos vinculados al bloqueo mientras que un policía fue calcinado durante las manifestaciones en Puno. Asimismo, se registran 15 puntos de bloqueo y ningún enfrentamiento con fuerzas del orden u otros actos de violencia durante el último día del fin de semana pasado.

Se han registrado movilizaciones en Lima Metropolitana y en las provincias de San Román, Chucuito y El Collao. Se sabe que desde aquella parte del país, un grupo de ciudadanos se encuentran embarcándose para llegar a la capital y retomar las protestas. Los bloqueos se registraron en las provincias de Carabaya, Azángaro, Melgar, Huancané, Puno, Chucuito, El Collao y Lampa y se esperan movilizaciones en Cusco, Puno y Madre de Dios.