Marisol Pérez Tello descarta que pedido de la ONU sobre el uso de fuerza en las protestas perjudique al Estado

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dio un plazo de 60 días al gobierno de Dina Boluarte para brinde información en torno a las protestas ocurridas desde el 7 de diciembre del 2022. El pedido fue criticado desde diversos sectores, pero la extitular del Minjus, Marisol Pérez Tello, señaló que se trata de un texto enfocado en relatar hechos y que evitar calificar y señalar responsables de posibles crímenes.

“Dejar de señalar que este documento tiene un sesgo político, hay que leer el documento (...) en ningún momento reconoce a (Pedro) Castillo como nada, excepto como una persona presa con una investigación concreta”, dijo la excongresista en conversación con RPP Noticias. Asimismo, hace mención a las líneas que dan cuenta de las tomas de carreteras, el perjuicio a los derechos de los ciudadanos ocurridos durante los últimos tres meses.

“El informe también habla (...) del perjuicio para niños que son víctimas de una protesta que sale de los cánones de una protesta regular de una protesta social y se convierte, en algunos casos y algunos supuestos, en actos de vandalismo, que también se critican”, agregó Pérez Tello. Ella aseguró que la ONU pretende conocer si el Estado peruano cumplió con su deber y si envió a las fuerzas del orden debidamente equipados.

“Lo que le dice al Estado es: si tu tienes el deber de respetar demuéstrame que tú no diste una orden para que se actuara en ese sentido y que fuiste diligente. Por eso le dice: ¿qué gente fue? ¿qué capacitación tuvo? claro porque si mandaste a 20 jóvenes que no tenían capacitación en el uso de la fuerza, de nada sirve que tengas la norma”, afirmó en conversación con el medio citado.

Para Tello se trata de una oportunidad para que el Estado peruano aclare qué acciones ha tomado ante las protestas ciudadanas. Se espera que esclarezca “qué cosas se ha hecho dentro de sus tres deberes: investigar, procesar y sancionar, que está haciéndolo el Ministerio Público, pese a que la presidenta anunció en declaraciones del 24 de enero que las investigaciones se adelantaran porque los muertos no habían sido por parte de la Policía”.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos utilizó los datos recopilados por la Defensoría del Pueblo en torno a las víctimas y heridos de las protestas. Asimismo, mencionan que han sido informados  de que “los métodos utilizados por la fuerza pública habrían ocasionado ejecuciones extrajudiciales y detenciones supuestamente arbitrarias de manifestantes; así como se reportan torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes de personas detenidas en las comisarías o bajo algún tipo de custodia”.

El texto difundido también hace mención a los informes de autopsia y análisis forense de los fallecidos en Puno. Estos sirvieron para que el Alto Comisionado supiera que los fallecidos habrían perdido la vida producto de heridas de bala. El texto hace mención a la muerte de seis ciudadanos en los que “se habrían detectado restos de municiones de fusil AKM”. En torno a las detenciones arbitrarias, se mencionó la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

“A la espera de su respuesta, quisiéramos instar al gobierno de su excelencia a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de las personas mencionadas e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas”, señala el documento firmado por el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.