Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, reorganiza nuevamente las fiscalías de DD.HH.

Nuevos cambios al interior del Ministerio Público. La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, acordó reorganizar una vez más las fiscalías de derechos humanos (DD.HH.)

En enero del presente año ya se había realizado un primer reordenamiento. Las regiones Huancavelica, Lima, Junín, Apurímac, Ayacucho, Huánuco y Pichari-Cusco contaban con dos fiscalías superiores nacionales y diez fiscalías supraprovinciales en el marco del Subsistema de Derechos Humanos.

Sin embargo, Benavides Vargas disminuyó este subsistema a la mitad, por ello, diversas fiscalías supraprovinciales del sur fueran desactivadas. Posterior a esta medida, se crearon nuevas fiscalías en Madre de Dios, Ucayali y La Libertad.

Ahora, la máxima representante del Ministerio Público dio inicio a una Segunda Fiscalía Superior para casos de Derechos Humanos.

En este marco, además, también removió al fiscal superior coordinador del sistema y representante ante la Comisión Multisectorial Permanente para el Fortalecimiento del Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

El fiscal superior provisional Luis Valdivia Calderón -que se desempeñaba en el cargo desde el trece de enero y coordinaba las indagaciones en Puno, Ayacucho y Andahuaylas- será reemplazado por la fiscal Marena Mendoza Sánchez. La mencionada será trasladada desde Trujillo (La Libertad) y es especialista en el ámbito civil.

Además de estas nuevas medidas, el último 27 de febrero se dispuso que los servicios de peritajes oficiales del Ministerio Público fueran suspendidos a nivel nacional.

De acuerdo con el decreto, los fiscales provinciales deberán dirigir sus pedidos a los titulares de las Juntas de Fiscales Superiores y/o las Coordinaciones Nacionales de los subsistemas especializados y ya no podrán dirigirse, directamente, a la Oficina de Peritajes como solían hacerlo.

Esta instancia realizaba los peritajes de balística para homologar el tipo de armas que se usaron contra los manifestantes. Estos informes, a partir de ahroa, deberán ser vistos por el despacho de la coordinadora nacional.

El Ministerio Público también se mantiene a la espera de tomar las declaraciones de Dina Boluarte, presidente de la república, en medio de la investigación que se le sigue por el presunto delito de genocidio y homicidio.

La acusación fue interpuesta debido a los decesos producidos en el marco de las manifestaciones. Según la Defensoría del Pueblo, sesenta personas fallecieron por los enfrentamientos, el bloqueo de vías y hechos relacionados a las protestas. Por ahora, la dignataria ha solicitado declarar ante la Fiscalía de forma virtual.

“La presidente de la república no pidió reprogramación para declarar ante el Ministerio Público. En las dos fechas programadas por la Fiscalía se solicitó que las diligencias sean realizadas vía virtual y no se obtuvo respuesta”, comunicaron desde Presidencia el pasado 25 de febrero.

En el comunicado también se subraya que Boluarte Zegarra “no rehúye ni posterga dar declaraciones”.

“La presidente de la república reitera su compromiso de facilitar y participar en las diligencias que la Fiscalía de la Nación estime por conveniente. (...) ejercerá su derecho a la defensa y prestará declaraciones en el marco del debido proceso y prerrogativas que se amparan en la ley y la Constitución”, puntualizaron.