Este miércoles primero de marzo, parlamentarios de distintas tendencias presentaron una moción de interpelación contra el titular del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, por la calificación que recibió el Perú en el marco de las protestas y movilizaciones a nivel nacional.
“Interpelar (...) al Sr. Alberto Otárola Peñaranda, a fin de que concurra al Pleno del Congreso de la República para que responda respecto de las acciones de gobierno que han llevado a que el Perú sea calificado como un país no democrático, conforme al pliego interpelatorio adjunto”, se precisa.
La reconocida revista The Economist calificó como un “régimen híbrido” al país, a inicios de febrero, después del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, el eventual Gobierno de Dina Boluarte -exvicepresidente- y las posteriores manifestaciones.
“El señor Alberto Otárola, desde que asumió la Presidencia del Consejo de Ministros, ha realizado afirmaciones públicas que buscan estigmatizar a la población movilizada y justificar la criminal represión policial y militar; las cuales han provocado la agudización del conflicto que vive el país”, se lee en el texto.
El congresista Edgard Reymundo (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) figura como el autor de la mencionada moción, a ella se suman las rúbricas de sus colegas del mismo grupo parlamentario: Ruth Luque y Roberto Sánchez.
También firmaron los legisladores María Aguero, Waldemar Cerrón, Flavio Cruz, Álex Flores, Américo Gonza, Margot Palacios, Alfredo Pariona, Kelly Portalatino, Wilson Quispe, Bernardo Quito y Janet Rivas; todos de la bancada de Perú Libre.
Asimismo, se unieron Paul Ticona, Álex Paredes y Katy Ugarte, del Bloque Magisterial de Concertación Nacional; Flor Pablo y Susel Paredes, ambas no agrupadas; Guillermo Bermejo, Hamlet Echevarría y Víctor Cutipa, de Perú Bicentenario; y Carlos Zeballos de Podemos Perú. Con ellos, son 24 los parlamentarios que se sumaron a esta iniciativa hasta el momento.
Además, se cita a entidades como la Organizaciones de Estados Americanos (OEA), Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Unión Europea-Asuntos Exteriores, Nuncio Apostólico, Asociación de Gobiernos Regiones, entre otros, como instituciones fiscalizadoras de la gestión de la presidente de la república, Dina Boluarte.
“Respecto a lo que viene ocurriendo en el Perú, diversas organizaciones han emitido pronunciamientos sobre la crisis política y social que acontece en el país, alertados por el uso desproporcionado de las fuerzas del orden contra los manifestantes”, se indica.
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