Se publica ley que otorga facultades al Gobierno: ¿en qué podrá legislar finalmente?

Este martes 28 de febrero, se publicó en normas legales la ley 31696, que delega en el Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y modernización de la gestión del Estado.

El texto precisa que las materias de la delegación de facultades legislativas se centran en el impulso económico para concretar la reactivación de la producción nacional.

También se señala que estas facultades son por el plazo de 90 días calendarios, contados a partir de la vigencia de la ley que lo oficializa. Es decir, estarán vigentes hasta fines de mayo, aproximadamente.

Una de las materias en las que se ha facultado legislar es en inversión pública. Allí se están estableciendo disposiciones especiales hasta el cierre del 2024 para “autorizar medidas relativas a la certificación ambiental e información para la elaboración de estudios ambientales para proyectos de inversión pública”, así como también “autorizar la ejecución de inversiones de optimización, y otros, con recursos del canon, sobrecanon, regalías mineras y del Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea (FOCAM)”.

Además, se permiten realizar cambios sobre el modelo de ejecución de inversiones públicas a través de proyectos especiales. Con esto, se busca que los gobiernos locales suscriban convenios con los Proyectos Especiales de Inversión Pública (PEIP) para la ejecución de sus inversiones.

Asimismo, se permite modificar la normativa que faculta al Gobierno intervenir de manera extraordinaria frente a desastres y que crea la “Autoridad para la Reconstrucción con Cambios”, con el fin de “flexibilizar los plazos para la expropiación de bienes inmuebles y liberación de interferencias necesarias” para la ejecución de intervenciones.

Sobre este punto, cabe recordar que, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alex Contreras, hizo hincapié la semana pasada en que iba a ser sumamente útil recibir facultades en este rubro a fin de impulsar su ritmo.

“La delegación de facultades, en resumen, va a permitir que muchos proyectos de inversión que, usualmente, suelen tardan en ejecutarse puedan hacerlo con mayor velocidad, tanto por el lado de inversión pública como privada”, había señalado Contreras luego de recibir en el Congreso la aprobación de la delegación.

En materia de gestión económica, la norma permite establecer medidas para impulsar los proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad 2022-2025 y también realizar cambios en la normativa que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público-Privadas y Proyectos en Activos.

En materia tributaria, el Gobierno tiene facultades para modificar la Ley del Impuesto a la Renta (IR), prorrogar la vigencia de las exoneraciones, realizar cambios en la Ley del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) , exonerar de impuesto la importación de bienes destinados a la construcción del Proyecto Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao.

Asimismo, la norma también señala que el Ejecutivo tiene alcances en materia de catastro fiscal, tesoro y contratación públicos.

Por último, en la norma se plantean una serie de cambios para modernizar la gestión del Estado como poder ejecutar cambios en la Ley del Procedimiento Administrativo General, entre otros.