El Ministerio Público pidió este martes 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado, quienes despacharon en las carteras de Transportes y de Vivienda, respectivamente.
La solicitud fue elevada por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos en el marco de un proceso penal por presunta organización criminal, colusión y tráfico de influencias. La audiencia en la que se decidirá se realizará el viernes desde las 9.30 horas, anunció el Poder Judicial.
Las irregularidades responden a las obras del Puente Tarata II, en San Martín, y en otros casos de corrupción relacionados con la empresa pública Petroperú y el Ministerio de Vivienda. El viernes 17 de febrero, el Congreso aprobó la acusación constitucional contra Castillo, con lo cual la Fiscalía quedó habilitada para actuar penalmente.
En otras dos votaciones, el pleno también aprobó acusar por el mismo caso a Silva y Alvarado por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal. Esta semana, el Ministerio Público formalizó la investigación preparatoria.
Según la tesis fiscal, Castillo dirigía una red de corrupción, lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político. Fue invitado a comparecer, pero solicitó que su presentación ante el pleno fuera en persona y no por videoconferencia, lo cual fue desestimado.
El exmandatario cumple una orden judicial de 18 meses de prisión preventiva dictada tras su intento fallido de golpe de Estado, que llevó al Congreso a destituirlo por “permanente incapacidad moral” y designar en su reemplazo por sucesión constitucional a su vicepresidenta, Dina Boluarte.
Su decisión fue definida como golpista por la mayoría de la población. Fue arrestado poco después de dar el discurso, cuando se dirigía a la Embajada de México en Lima para solicitar asilo. En simultáneo, el Congreso aprobaba su destitución por amplia mayoría.
Desde entonces, se desataron movilizaciones antigubernamentales y se desplegaron intentos para sacarlo del penal de Barbadillo. Walter Ayala, su abogado, cursó hace poco un pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que ordene al Estado peruano su “inmediata libertad” y restitución como mandatario.
Rechazaron recurso
En la víspera, la Corte Superior de Justicia (CSJ) de Lima rechazó un hábeas corpus presentado por la Federación Nacional de Abogados a favor también de Castillo y el expremier Aníbal Torres.
En la resolución, la jueza alegó que la Federación propuso un recurso “irrazonablemente, con desconocimiento de los principios y valores constitucionales” y al “margen del respeto de los derechos fundamentales”.
Desde México, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que con la remoción de Castillo “se pisoteó la democracia y se cometió una gran injusticia”.
El líder mexicano considera a Dina Boluarte de “espuria” y ha reiterado que México seguirá apoyando al maestro rural, una postura que desencadenó una crisis diplomática y la ruptura de relaciones bilaterales, con el término de funciones del embajador de Perú en ese país.
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