El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, descartó hoy la posibilidad de que en los próximos días se produzca una segunda ‘Toma de Lima’, tal como se dio en enero pasado, a pesar de que grupos de manifestantes estarían por llegar a la capital desde regiones del sur como Puno.
“No va a haber ninguna Toma de Lima, eso lo aseguro como Poder Ejecutivo. En segundo lugar, la Policía siempre va a actuar respetando la vida y derechos de todos los peruanos”, anotó. El premier se dirigió a las personas que tomarían las calles otra vez para protestar contra el Gobierno de Dina Boluarte.
“Espero que perdure, hoy me reuní con exportadores y sindicatos, y todos quieren paz con tranquilidad en el país”, agregó Otárola respecto a la tranquilidad que se vive por estos días con la baja intensidad de marchas que hay en Lima y las provincias.
Además, el titular de la PCM mencionó que la presidenta Boluarte realizará anuncios respecto a la situación de Puno, donde los bloqueos perduran, con el fin de que se vuelva a reimpulsar la economía de la región.
“Cada ministerio ha expuesto los programas de desarrollo para esta región. Acá lo que falta es desarrollo y decisiones del Estado, lo que quiere Juliaca es agua y desagüe, y Puno quiere la limpieza del Titicaca (...) Entonces hemos acordado acciones y decisiones que se comunicarán oportunamente”, aseguró Otárola.
Como es público, un documento de la División de Seguridad de Penales de la Policía Nacional del Perú (PNP) reveló que dirigentes de los distritos puneños de Pomapata, Yunguta, Sepita, entre otros, tuvieron una reunión con Edgar Chura Mamani, quien sería el presidente del Frente de Defensa del Sur y de los Recursos Naturales de Puno. Con él habrían acordado que se trasladarían a Lima desde el sábado pasado.
“Muy probablemente se reúna con integrantes de diferentes grupos gremiales y colectivos de izquierda radical a fin de coordinar actos vandálicos en la ciudad capital, para atentar y/o destruir instalaciones estratégicas, activos críticos nacionales”, se lee en el documento policial.
En esa línea, refieren que la Carretera Panamericana Sur, el Ministerio Público, el Poder Judicial, las embajadas e, incluso, los domicilios de la presidenta Boluarte, los ministros y los congresistas podrían ser blancos de los nuevos ataques.
Por esa razón, el documento cierra con la siguiente disposición: “Los jefes de los departamentos de la DIVSEPEN PNP (División de Seguridad de Penales), teniendo presenta la información precedente adoptarán las acciones y las medidas correspondientes en el ámbito de su competencia, a efectos de hacer de conocimiento a la totalidad del personal bajo su mando para que extremen las medidas de seguridad durante el desplazamiento en zonas de conflicto”.
“Asimismo, todas las unidades PNP deben mantenerse en alerta y extremar sus respectivas medidas de seguridad con el fin de evitar desmanes ante la propiedad públicas y privada”, termina el documento. Termina con la firma del coronel PNP Juan Carlos Ramos Galindo, jefe de la División de Seguridad de Penales.
Declarará a la fiscalía
El premier Otárola también señaló que la presidenta Boluarte será interrogada en los próximos días por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a causa de las muertes en las protestas sociales. Como se sabe, la investigación se da por los presuntos delitos de genocidio y homicidio calificado.
“La señora presidenta, como corresponde a ley, está coordinando en respeto a esa institucionalidad (Presidencia). Entiendo que esa declaración se va a efectuar en los próximos días. Se está solicitando que se lleve en Palacio de Gobierno o de manera virtual”, sostuvo.
Según el diario Perú 21, Boluarte ha pedido reprogramaciones ya por tercera vez, para evitar responder por las muertes de ciudadanos en el sur del país. La fiscal Patricia Benavides esperaba interrogarla el último jueves 23 de febrero, pero la mandataria pidió intempestivamente un cambio de fecha y que se desarrolle de manera virtual sin justificación.