Policía firmaría contrato por más de S/300 mlls. para alquilar vehículos, pese a cuestionado proceso

Este 1 de marzo, la Policía Nacional del Perú (PNP) firmaría un contrato por más de S/300 millones para alquilar alrededor de mil vehículos, entre autos sedán y camionetas pick-up, con dos distintas empresas. Sin embargo, ambos procesos de contratación tienen serios cuestionamientos por parte de la Contraloría General de la República.

Un reportaje de Punto Final reveló que esta semana la Policía debe firmar este acuerdo que estará vigente durante los próximos tres años, pero cuyas observaciones empezaron algunos meses atrás.

En un inicio, el proceso de contratación para este servicio parecía concretarse sin ninguna observación. El 9 de enero, la VII Dirección Territorial de la Policía (Dirtepol) entregó a la empresa Memphis Maquinarias la buena pro para el alquiler de 500 autos sedán nuevos y 500 camionetas pick-up de doble cabina. La Policía iba a desembolsar poco más de S/280 millones, alrededor de S/22 millones menos de lo que se estimaba pagar.

Sin embargo, a fines de enero, el comandante Óscar Cortéz Ponte, jefe del Área de Abastecimiento de la VII Dirtepol, hizo saber a Memphis Maquinarias que debía corregir cuatro observaciones en los documentos que había presentado. Solo días después, el 3 de febrero, Cortéz les notificó que habían perdido la buena pro.

Casi en paralelo, la Contraloría envió a la Policía un informe cuestionando, entre otros puntos, las decisiones que el área de abastecimiento liderada por Cortéz tomó al elaborar el concurso, pero también las observaciones se extendían sobre el rol de Cortéz en este proceso.

“Hemos advertido que, durante la elaboración de los términos de referencia, estos han sido modificados y, principalmente, se ha eliminado como requerimiento la exigencia de una cámara de vigilancia interna y externa en los patrulleros, así como contar con revisiones técnicas (...) También se ha advertido la carencia de certificaciones a cargo del OSCE, Órgano Supervisor de Contrataciones del Estado, para aquellos servidores que intervienen en estas contrataciones, que también es un punto que la norma lo exige”, precisó Smith Flores, subgerente de control de seguridad interna y externa de la Contraloría.

Pese a ello, el proceso continuó. Con la salida de Memphis Maquinarias, las empresas Lucarbal Rent A Car y Transportes Ángel Ibárcena, que desde el 2019 ya renta casi 900 patrulleros, obtuvieron la buena pro. Así, la primera se iba a encargar de brindar 500 autos y la segunda, las 500 camionetas pick up. En este caso, el contrato proyectaba un gasto de S/302 millones, por encima del monto planteado por Memphis Maquinarias.

En los informes de Contraloría se señala que, en el caso de Lucarbal Rent A Car, no se habría acreditado el mínimo de concesionarios que brinden los servicios de mantenimiento a las unidades. Mientras que, en el caso de Transportes Ángel Ibárcena, habría omitido la presentación de documentos para acreditar su experiencia en el rubro.

“Hay un mínimo de experiencia que se les ha exigido. Por ejemplo, se ha incluido los servicios similares, pero el servicio de transporte de personal no está relacionado a la materia de lo que se contrata”, resaltó Flores.

Pese a todos estos cuestionamientos, la VII Dirtepol ha seguido con el proceso. Cortéz ha señalado a la OSCE y a la Contraloría, de acuerdo con el reportaje, que entiende las observaciones, pero que se debe priorizar la continuación del servicio policial respecto a la resolución de algunas formalidades, las cuales además ha calificado como “no esenciales”.

Desde el 2019, en la Policía se viene realizando la modalidad del renting o alquiler. En la actualidad, entre Lima y Callao, circulan alrededor de 900 unidades policiales contratadas bajo este mecanismo. Esta idea se gestó en el 2016, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y gestión de Carlos Basombrío en el Ministerio del Interior (Mininter). Este último concluyó que era más barato para el Estado usar esta modalidad que ser los dueños, narra el reportaje.

“No éramos los responsables ni de mantenerlos, ni de recambiar [piezas de las unidades policiales]. Cuando chocaba un patrullero, inmediatamente, el contrato indicaba que el proveedor ponía otro. Se malograba algo y se le ponía nuevas, por ejemplo, las baterías. Pero lo que teníamos era un montón de carros que no tenían llantas, problemas con el embriague, no tenían batería. Había cosas pequeñas que, incluso, hasta la propia Policía desesperada hacia colectas para poder ponerle una batería al vehículo y echarlo a andar”, declaró Ricardo Valdés, exviceministro de seguridad pública para Punto Final.

Por último, cabe señalar que un reciente informe de la Defensoría del Pueblo señala que apenas el 43% de la flota de la Policía está en óptimas condiciones. El resto cuenta con carteles que dicen “vehículo mayor inoperativo, recuperable”. Además, ocho de cada 10 está en “regular o mal estado”.