Impunidad en Juliaca: familias de fallecidos en masacre denuncian que no han sido llamados a testificar

Un día antes de fallecer por una herida de bala en el estómago Jhamilet A. H. había recorrido varios kilómetros para alimentar mascotas abandonadas en las calles. Es uno de los últimos recuerdos que su padre atesora sobre la bondad de la adolescente, de apenas 17 años. Ella fue una de las 17 víctimas civiles que fallecieron por una herida de arma de fuego en la ciudad de Juliaca, en la región Puno, el último 9 de enero del 2023 durante la violenta represión policial y militar en el marco de las protestas que desangraron al sur del Perú. “Cómo duele al ver que tú sales con tu hija, una niña, feliz a la calle, riendo, en abrazos y luego verla regresar en un ataúd”, dice con el rostro apesadumbrado Demetrio Aroquipa, el progenitor de la menor.

El padre de tres hijos recuerda que antes de que estallara la violencia febril su esposa, sus dos hijas mayores y él salieron rumbo al mercado, ubicado a unos 15 minutos de su vivienda y cerca del aeropuerto, epicentro de los enfrentamientos entre efectivos del Estado y ciudadanos. Al notar el clima de disturbios decidieron cambiar de ruta y fue allí cuando Jhamilet fue impactada por un proyectil de arma de fuego. Murió en menos de una hora.

Hay que recordar que ese mismo día, dos adolescentes más fueron heridos mortalmente. Las muertes de Elmer, Jhamilet y Bryan retratan la crudeza de la actuación de las fuerzas policiales y militares.

Aún así, las familias de los deudos y sus abogados denuncian que el Ministerio Público no avanza con celeridad con las investigaciones pese al cúmulo de violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en la jornada.

A casi dos meses después de ocurridas 19 muertes en la capital de Puno, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Román-Juliaca no ha avanzado con diligencias clave como la realización de las pericias balísticas, que permitirán saber qué tipo de proyectiles mataron a las víctimas y las distancias aproximadas desde las que fueron expulsadas. Tampoco han citado a los mandos de la Policía y las Fuerzas Armadas que intervinieron en las operaciones, de acuerdo a la alerta de Wilmer Quiroz Calli, abogado de las víctimas y sus familias.

El despacho responsable de las investigaciones, a cargo del fiscal Ernesto Rojas Cayllahua, tampoco ha culminado con las entrevistas a los familiares de los fallecidos. Menos aún con los heridos, que suman más de 200, según cifras oficiales, pero podrían ser más ya que muchos no acudieron a centros de salud estatales por temor a represalias judiciales.

Esta paralización de acciones impiden una reconstrucción minuciosa de los trágicos hechos y no permite la identificación de responsables directos.

“En el país, y en Puno principalmente, se cometen serias irregularidades. Sin embargo, hasta el viernes pasado la Fiscalía lo único que ha hecho es recabar documentos únicamente, requerir oficios y el 17 de febrero recién se ha iniciado con la visualización de videos recabados en el escenario del aeropuerto en el centro de la ciudad”, dijo Quiroz Calli.

También precisó que la carpeta fiscal de siete tomos ya cuenta con las pericias toxicológicas y de absorción atómica, así como los protocolos de necropsia que indican que todos los fallecidos recibieron un impacto de bala, sin excepción.

Por otra parte, el abogado César Quispe Calsín anunció que están solicitando al Ministerio Público la creación de una Fiscalía especializada en derechos humanos, ente que investigaría con más pertinencia la matanza perpetrada el 9 de enero.

Otra traba con la que lidia la Fiscalía a cargo de las pesquisas es la falta de personal, puesto que apenas cuenta con dos fiscales adjuntos, pese a que en Puno ocurrió uno de los eventos más graves de los últimos años, en una jornada que dejó 17 muertes civiles en un solo día, además de la del efectivo policial José Luis Soncco y dejó en agonía a un menor de 15 años que falleció días después.

“Estos hechos precisan una respuesta rápida del sistema de justicia también y no estar esperando y poniendo, digamos, excusas y decir, tengo bastante trabajo. Sabemos que el Estado tiene una carga procesal inmensa o carga de investigación, pero hay casos que requieren prioridad, que requieren esclarecimiento inmediato, como es el caso de Juliaca”, dice Wilmer Quiroz.a Infobae

Jhamileth estudiaba Psicología en la Universidad de Cochabamba y era rescatista de animales, apoyaba en un albergue y tenía muchos sueños para su futuro y el de sus padres. Una jovencita que guiaba los pasos de sus hermanos menores de 16 y seis años, quienes ahora preguntan por ella.

Ahora que el gobierno de Dina Boluarte anunció que entregarían una reparación de 50.000 soles a los familiares de los fallecidos y 25.000 a los heridos y sobrevivientes, su padre está seguro que la vida de su hija no tiene precio. Él pide justicia.

“Ella tenía mucho más que dar a sus 17 años, que ella estaba pasando el segundo semestre de la universidad. Hay muchos recuerdos que duelen, mi hija era una niña buena, de gran corazón, que estudiaba. A ella no le gustaba perder el tiempo, ella se dedicaba a sus estudios. Acabó su colegio secundaria e inmediatamente se fue a estudiar a Bolivia porque acá no había su carrera”, relata Demetrio.

Marco Antonio Samillán, un estudiante de Medicina y brigadista que prestaba primeros auxilios a los manifestantes también fue víctima de la represión indiscriminada.

Raúl, su hermano y hoy convertido en el presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero, recuerda que a la 1:30 p.m. sus compañeros lo llamaron para que se una en su labor voluntaria en los alrededores del aeropuerto porque ya había muchos heridos. En el fragor de los eventos, el brigadista atendía a un joven que había caído al suelo herido. En ese momento una bala lo atravesó por la espalda y dañó sus órganos.

Aún así, continuó con vida, le pidió a una vecina que no dejara de hablarle en plena ambulancia, para no dormirse. Luchó por vivir, pero no lo logró, pues aunque llegó con vida al hospital no alcanzó a ser intervenido quirúrgicamente.

“Yo estaba ahí, yo estaba ahí, en el hospital. Ahí empezaron a llegar los cuerpos, cada cinco minutos empezaron a ingresar y los empezaron a bajar ahí. Tal vez nunca se borren de mi memoria esa imagen. Que nunca más pongan de luto a una población entera. No queremos volver a vivir eso aquí ni en ninguna parte del mundo”, dijo Raúl Samillán.

Añadió que cada vez que un alto funcionario hace alusión a que las víctimas eran violentistas o hasta terroristas es “una puñalada al dolor que ya tienen las familias”.

Lo cierto es que, muy lejos del discurso oficial y de la propia presidenta Dina Boluarte, las imágenes y testimonios de las víctimas revelan un uso desproporcionado de la fuerza policial, a pesar de que sus Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) prohíbe disparar indiscriminadamente a los manifestantes, a excepción de situaciones en las que la vida de los efectivos o de otras personas corren grave peligro. No fue el caso de Jhamilet, Marco y las otras 17 víctimas.

Julia Paccsi también recuerda con temor ese día. Ella aún padece por la herida de bala que alcanzó su cuello -cuando salió de su vivienda para socorrer a los heridos- y por la persecución que vivieron los manifestantes en las horas y días siguientes.

“Ese día disparaban lacrimógenas desde helicópteros, aunque la gente ya se dispersaba seguían disparando”, relata.

Pese a tener una grave lesión no acudió inmediatamente a un centro de salud porque le reportaron que en estos lugares los efectivos policiales estaban deteniendo a las personas que llegaban heridas.

Un día después acudió al Hospital Carlos Monge Medrano, pero allí le dijeron que no había especialistas que pudieran atenderla, por lo que fue a una clínica por emergencia pero le negaron la atención debido a la falta de dinero.

En idas y venidas desgastantes no logró atención en Juliaca y tuvo que trasladarse hasta Lima para que su salud no sea gravemente comprometida.

Como en su caso, los abogados de las víctimas detallan que hay decenas de personas que no acuden a los centros hospitalarios por temor a ser “fichados” por la Policía o maltratados por el personal de salud, pues en algunos casos son discriminados “por tirar piedras”, según sus denuncias.

Los letrados también han advertido que son los propios efectivos policiales quienes están citando a los testigos a declarar en las comisarías del sector, lo cual no brinda las garantías a las víctimas, pues les genera temor y desconfianza. Por ello solicitan que solo la fiscalía a cargo se responsabilice del recabado de testimonios.