El último intento de Renovación Popular por deslegitimar la causa de Ana Estrada, la psicóloga que se enfrascó en una batalla legal para acceder a una muerte digna, tiene un antecedente más cruel que data de 2021.
Entonces, Rafael López Aliaga, líder de la agrupación de ultraderecha, era candidato a la presidencia y Estrada había obtenido un fallo histórico a favor del Poder Judicial. El Décimo Primer Juzgado Constitucional dispuso una excepción para que se “inaplique” el artículo 112 del Código Penal, que prohíbe la muerte asistida.
La Corte Suprema de Justicia ratificó la decisión en julio de 2022, cuando el juez supremo dirimente, Augusto Ruidias Farfán, sumó un cuarto voto, de un total de cinco, a favor del fallo emitido en febrero de 2021.
De acuerdo con la ley, para que una resolución del tribunal supremo quede firme, se requieren cuatro votos a favor de cinco, lo cual se cumplió con la votación del vocal dirimente. Sin embargo, cuando López Aliaga tentaba la presidencia ―sin éxito―, ese panorama se veía lejano en un país conservador.
Enterado de ese fallo inicial, el ‘Bolsonaro peruano’ ―miembro del Opus Dei, practicante declarado de la abstinencia sexual y célibe con cilicio― soltó el que la defensa de Estrada considera el mayor ataque de odio recibido en este camino por validar su derecho debido a la polimiositis que padece desde los 12 años, la cual debilita sus músculos y la mantiene conectada a un respirador artificial.
“Sobre la eutanasia, yo les digo algo: si una persona se quiere matar, es libre. Si te quieres matar, te subes a un edificio y te tiras. ¿Para qué busca que el Estado se entrometa en un tema tan privado? —espetó, desde Trujillo, el empresario que devino en alcalde de Lima—. Si usted quiere matarse, pone su tina, se corta las venas, y ya está. Para qué mete al Estado”.
Impugnación
Dos años después, cuando el fallo de Ana Estrada tiene calidad de cosa juzgada en etapa de ejecución, Renovación Popular ha vuelto a drenar su posición antiderechos con un llamado a impugnarlo. Con esa iniciativa, la bancada rechazó el viernes una orden emitida por el Poder Judicial semanas atrás al Ministerio de Salud y al seguro social, encargados de elaborar un protocolo de eutanasia aislado para la activista y respetar su decisión de “poner fin a su vida”.
En rigor, la sentencia detalla que el EsSalud tendrá que formar dos comisiones, la primera para elaborar un plan que especifique los aspectos asistenciales y técnicos de la decisión tomada y un protocolo de cumplimiento de su derecho a la muerte digna, y la segunda practicar la eutanasia propiamente dicha.
Además, ordena al seguro social “brindar todas las condiciones administrativas, prestacionales y sanitarias para el ejercicio del derecho a la muerte en condiciones dignas” de Estrada, “lo que deberá ejecutarse dentro de los diez días hábiles contados a partir del momento o fecha en que ella manifieste su voluntad de poner fin a su vida”.
Sin embargo, la tienda política ultraconservadora acusó a la Defensoría del Pueblo, organismo que acompañó legalmente a Estrada durante estos años, de emplear fondos públicos para “promover la muerte”; y expresó que la responsabilidad recaída en los médicos atenta contra su juramento hipocrático.
Pese a esas expresiones, la psicóloga ha reiterado que no quiere convencer a nadie de su causa, simplemente pide respeto por las libertades y derechos de los individuos para poder elegir cuándo morir de una forma digna.
Revolucionario
“Es algo realmente revolucionario tener el control sobre la muerte ―dijo a Infobae la abogada Josefina Miró Quesada, quien ha acompañado a Estrada desde 2019—. No existe ningún manual que diga cómo afrontar una muerte de la que sabes que tienes control, dominio. Creo que a veces las personas rehúyen a hablar porque pensamos la muerte en términos violentos. A la sociedad, enferma por violencia, le molesta aún hablar de una muerte dulce, sin sufrimiento, donde se ejerza la máxima expresión de libertad. Esto choca con la visión hegemónica en la cual la hemos encuadrado”.
La letrada considera que el de López Aliaga es un “partido medieval” que desprecia el derecho a la vida. Su comunicado tiene el mismo tinte que el de la jueza Silvia Nuñez Riva, quien se abstuvo “por decoro” a ejecutar la sentencia sin precedentes en el país, antes de que interviniera el 7º Juzgado Constitucional de Lima, que le dio viabilidad.
“Es realmente patético que a estas alturas [Renovación Popular] esté pidiendo impugnar un fallo. Si realmente estuvieran preocupados por la vida, estarían exigiendo que se investiguen y sancionen a los responsables de las muertes del estallido social”, remarcó la defensa de Estrada.
Con su caso, Perú devino en el segundo país a nivel latinoamericano en reconocer judicialmente el derecho a morir dignamente y autorizar la eutanasia para garantizarlo, al igual que Colombia en 1997.
En el blog que abrió hace cuatro años, la activista ha contado que perdió la voz a causa del coronavirus y, aunque su salud está bastante deteriorada, no deja de celebrar este camino incansable: “Pase lo que pase, ya ganamos ―escribió―. Llegamos bastante lejos, más de lo esperado. Ya gané”.