La presidenta Dina Boluarte emitió un mensaje este viernes a la región Puno, epicentro de las protestas antigubernamentales desde que se retomaron en enero tras una tregua navideña y, hasta la fecha, la única región donde persisten las movilizaciones y bloqueos.
“Hermanos de Puno, saquen sus cuentas, y démonos cuenta de cuánto hemos perdido en estos dos meses de paralización. Lamento mucho esta situación. Ha llegado el momento de deponer medidas de fuerza y apostar por el diálogo y la recuperación económica”, dijo la mandataria.
Añadió que la Asamblea Constituyente, la liberación al expresidente Pedro Castillo y su dimisión, demandas de las manifestaciones, no son viables. Sin embargo, el Ejecutivo “ha propuesto dos iniciativas legislativas al Congreso” para que evalúen el adelanto de elecciones. “Con mi renuncia no se gana nada y mi alternativa no es renunciar”, remarcó.
Boluarte señaló que no estaría en el sillón presidencial si Castillo no hubiera orquestado el autogolpe, en diciembre pasado, ni se hubiera efectuado su destitución desde el Legislativo con 101 votos.
“La historia me ha llamado y estoy resolviendo los temas del país. Quiero resolver el tema de Puno, estaremos yendo próximamente, cuando lleguemos a una conversación pacífica, mientras tanto están allá los funcionarios del Ejecutivo”, añadió.
La semana pasada, el gobernador regional Richard Hancco descartó reunirse en Palacio de Gobierno con Boluarte, a cuya administración calificó de “irresponsable” y sin “gesto conciliador”.
En reiteradas ocasiones, la jefa de Estado ha indicado que los manifestantes son “vándalos, terroristas, mineros ilegales y contrabandistas”, unos adjetivos que han “enardecido” a la población, según Huacco. También señaló que “Puno no es el Perú”, aunque luego el Ejecutivo remarcó que no fue una expresión “de discriminación ni soberbia”.
Exigen justicia
En la víspera, los familiares de los fallecidos en las protestas pidieron “justicia” y “garantías de no repetición” ante los hechos ocurridos el 9 de enero pasado en la ciudad de Juliaca, donde murieron 17 manifestantes en una sola jornada de enfrentamientos con la Policía.
Según un informe de La República, de los 17 civiles el lunes 9 de enero, 11 recibieron de frente los impactos de los proyectiles. Es decir, los policías o militares apuntaron sus fusiles mirándolos directamente. Otros 6 fallecidos fueron impactados por la espalda, lo que implica que huían cuando comenzaron a recibir los disparos.
“Queremos justicia, que los culpables paguen por todos estos hechos, y pedimos que nunca más vuelvan a suceder, que nunca más pongan de luto a una población entera”, declaró en una conferencia Raúl Samillán, cuyo hermano Marco era médico internista y fue “ejecutado extrajudicialmente”, según su versión.
Sobre el anuncio del Gobierno de entregar 13.000 dólares a los parientes de las víctimas, Samillán aseveró que “ningún dinero va a devolver” las pérdidas de aquel día, cuando Juliaca fue escenario de la jornada más sangrienta de las protestas en Perú, que en dos meses se han cobrado la vida de 70 personas.
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