La bancada de Renovación Popular rechazó este viernes una orden emitida por el Poder Judicial dos semanas atrás al Ministerio de Salud y al seguro social EsSalud, encargados de elaborar un protocolo de eutanasia aislado para la activista Ana Estrada y respetar su decisión de “poner fin a su vida”.
Desde los 12 años, la psicóloga padece polimiositis, una enfermedad degenerativa e incurable que debilita sus músculos y la mantiene conectada a un respirador artificial durante casi todo el día. En julio de 2022, la Corte Suprema aprobó en parte la demanda que solicitaba no aplicar el delito de “homicidio piadoso” a su caso, de manera que pueda acceder a la eutanasia cuando lo requiera.
Se trata de un derecho por primera vez reconocido en el Perú. Sin embargo, para la tienda política, la decisión “viola el artículo 1 de la Carta Magna, que establece que la defensa de la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado”, y el artículo 2.1, “que precisa que toda persona tiene derecho a la vida”.
En un comunicado compartido en Twitter, la bancada ultraderechista acusó de emplear fondos públicos a la Defensoría del Pueblo, organismo que acompañó legalmente a Estrada durante estos años, y expresó que la responsabilidad recaída en los médicos atenta contra su juramento hipocrático. El comentario ha sido empleado por los sectores más conservadores para intentar derribar la causa de Estrada.
En rigor, la sentencia detalla que el seguro social tendrá que formar dos comisiones, la primera para elaborar un plan que especifique los aspectos asistenciales y técnicos de la decisión tomada y un protocolo de cumplimiento de su derecho a la muerte digna, y la segunda practicar la eutanasia propiamente dicha.
Además, ordena a Es Salud “brindar todas las condiciones administrativas, prestacionales y sanitarias para el ejercicio del derecho a la muerte en condiciones dignas” de Estrada, “lo que deberá ejecutarse dentro de los diez días hábiles contados a partir del momento o fecha en que ella manifieste su voluntad de poner fin a su vida”.
La activista ya había sido atacada por Rafael López Aliaga, líder de la agrupación, cuando fue candidato presidencial en 2021. “Si una persona se quiere matar, que se tire de un edificio, pero que no comprometa al Estado”, dijo entonces.
Pese a esas expresiones de odio, Estrada ha reiterado que no quiere convencer a nadie de su causa, simplemente pide respeto por las libertades y derechos de los individuos para poder elegir cuándo morir de una forma digna.
“Patético”
Josefina Miró Quesada, abogada de la psicóloga desde Defensoría, señaló que el pronunciamiento de este “partido medieval” desprecia el derecho a la vida y otros. “El artículo 1 de la Constitución que citan dice que el Estado está al servicio de persona y su dignidad, incluso por encima de la vida. ¿Qué es la dignidad? No ser instrumentalizado y reconocer el autogobierno de las personas, eso que jamás respetarán”, replicó la letrada.
“El derecho a la vida es un derecho, no una obligación. La vida no es solo biológica, sino biográfica y en condiciones de dignidad”, añadió. Precisó que la sentencia “protege la objeción de conciencia” de los médicos, de modo que “nadie va a obligar a practicar la eutanasia si es irreconciliable con sus convicciones”. Por el contrario, “existen profesionales de la salud comprometidos con el derecho a una muerte digna”.
La abogada centró su descargo final en el señalamiento contra la Defensoría, a quien Renovación Popular acusó de emplear fondos públicos para “promover la muerte” de Estrada, y en la intención de impugnar un fallo con calidad de cosa juzgada y en etapa de ejecución.
“El rol de la Defensoría del Pueblo en defensa de los derechos fundamentales de Ana fue y sigue siendo ejemplar. Como nunca antes, ha logrado una conquista histórica en materia de derechos. Pero de derechos, ustedes saben tan poco como de democracia”, dijo.
“Es realmente patético que a estas alturas estén pidiendo impugnar un fallo. Si realmente estuvieran preocupados por la vida, estarían exigiendo que se investiguen y sancionen a los responsables de las muertes del estallido social”, remarcó.
Con el caso de Estrada, Perú devino en el segundo país a nivel latinoamericano en reconocer judicialmente el derecho a morir dignamente y autorizar la eutanasia para garantizarlo, al igual que Colombia en 1997.
En el blog que abrió hace cuatro años, la activista ha contado que perdió la voz a causa del coronavirus y, aunque su salud está bastante deteriorada, no deja de celebrar este camino incansable: “Pase lo que pase, ya ganamos. Llegamos bastante lejos, más de lo esperado. Ya gané”.
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