Niña sometida a cesárea ante embarazo por violación fue abandonada en hospital de Piura: implican a familia, médicos y policías

La niña tiene 10 años y enfrentó un embarazo forzado producto de una violación. El último domingo por la noche fue abandonada en estado crítico en el hospital Santa Rosa de Piura, donde debió ser sometida a una cesárea de urgencia, según los primeros alcances del Ministerio Público.

Horas después, apareció su madre, junto con otros parientes, para efectuar la entrega de los restos fetales, que enterraron de manera clandestina en un cementerio ubicado a 20 minutos de la ciudad.

El caso evidencia, otra vez, la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las niñas en el Perú —donde cada día, en promedio, cuatro menores de 14 años son forzadas a ser madres tras ser víctimas de abuso sexual—, pero sobre todo la manera en que el Estado falla continuamente al no protegerlas.

En lo que va del 2023, 71 niñas y adolescentes fueron madres, según el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo del Ministerio de Salud difundido por la Defensoría. De acuerdo con la legislación, significa que todas ellas sufrieron agresión sexual.

La menor había nacido en Mórrope (Lambayeque), aunque, según las investigaciones preliminares, su familia la había trasladado a un distrito de Piura para ocultar la gestación: tenía 24 semanas cuando ingresó al nosocomio, hace cuatro días, acompañada de una tía.

“La maternidad resultante de un abuso sexual es forzada y [...] tiene consecuencias obstétricas porque el cuerpo no se ha desarrollado [lo suficiente]; también hay perjuicios de su salud mental por las circunstancias en la que se llevó la concepción”, dijo el representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Perú, Hugo González.

“Hacer que una niña, adolescente o mujer tengan una maternidad forzada a raíz de un abuso sexual puede constituir un trato cruel, degradante e inhumano”, añadió. “Representa una tortura”, anotó la organización feminista Promsex. La situación es aún más compleja cuando los mismos familiares obstaculizan las investigaciones.

El coronel Luis Caballero, jefe del Departamento de Investigación Criminal (Divincri), confirmó que el feto fue enterrado de manera arbitraria en un camposanto de Catacaos, a casi 14 km de Piura, para evitar que los peritos practicaran la prueba del ADN y otras muestras forenses que determinarían la identidad del agresor.

Ante este panorama, el Ministerio Público incluyó en las pesquisas a los parientes directos de la víctima, quienes serán investigados por obstrucción a la justicia y ocultamiento. También están implicados los médicos y policías que la atendieron por supuesta omisión de procedimientos administrativos.

“Está por establecerse si es que hay una responsabilidad tanto de los médicos, como el personal policial de la comisaría, en el tema administrativo [...] pues se tenía que denunciar ante la comisaría o el Ministerio Público”, abundó el coronel.

La cartera de la Mujer ha confirmado que la niña fue dada de alta y que la Unidad de Protección Especial dictó, como medida de protección, su acogimiento residencial en un centro de acogida. “Ella, ahora, recibe cuidado y afecto en un entorno que garantiza sus derechos”, señaló el despacho de Nancy Tolentino. El violador, en tanto, continúa en libertad.

Al ser evaluada, los médicos detectaron una gestación de 15 semanas. Su madre había denunciado ante una dependencia el abuso sexual, ahora investigado por la Fiscalía Especializada de Violencia contra las Mujeres y el Grupo Familiar. La niña ya ha sido intervenida, se encuentra estable y se viene recuperando, reportó Radio Cutivalú.

Desde 1924, en Perú es legal el aborto terapéutico para casos en los cuales la salud o vida de la madre estén en riesgo y mientras el embarazo no supere las 22 semanas. Sin embargo, el estigma, la desinformación, las creencias religiosas, la oferta restrictiva y, hasta 2014, la falta de un protocolo unificado, entre otras barreras, han provocado que el acceso a este servicio sea, en la mayoría de veces, nulo, y “que haya un abismo entre el papel y la realidad”, reseñó un informe de Salud con Lupa.

En 2021, la parlamentaria Ruth Luque presentó ante el Congreso un proyecto para despenalizar el aborto por violación y modificar el artículo 119 del Código Penal para que sea considerado una interrupción no punible del embarazo, igual que el aborto terapéutico.

En 2016, las legisladoras Marisa Glave e Indira Huilca hicieron lo propio y, aunque la iniciativa se archivó sin debate, supuso un hito de la gran campaña feminista ‘Déjala decidir’, que por primera vez elevó un asunto tabú a la agenda pública, donde solo se hablaba con estigma de riesgo, peligro y pecado en un país que fabrica violadores.