JNJ destituye a exjueces Walter Ríos y Ana Bouanchi por contratación irregular de personal en Corte Superior del Callao

El Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por unanimidad, decidió destituir a Walter Benigno Ríos Montalvo, como presidente de la Corte Superior del Callao, y a Ana Bouanchi, por su actuación como jueza supernumeraria del Cuarto Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, por disponer la contratación de personal motivados por intereses particulares.

El proceso disciplinario fue sustentado por el miembro titular de la JNJ, José Ávila Herrera, quien acreditó que el investigado interfirió en las funciones de dicha corte, privilegiando los intereses particulares por encima de los fines públicos.

“En el presente caso se ha acreditado que tanto la conducta del investigado Walter Ríos, como de la investigada Ana Patricia Bouanchi, de ordenar y solicitar, respectivamente, cambios en el personal jurisdiccional de la Corte Superior de Justicia del Callao, no estuvieron motivadas por fines públicos e institucionales, ni tuvieron por objeto garantizar ni promover la correcta administración de justicia; sino que dichas conductas estuvieron motivadas por intereses particulares ajenos a la institución judicial que integraban”, dijo el ponente en la audiencia que fue transmitida por Facebook Live este miércoles.

Asimismo, Ávila Herrera señaló que aquella conducta es totalmente contraria al deber que tiene todo magistrado, ya sea que éste desempeñe funciones administrativas o jurisdiccionales, de materializar con su conducta los principios de justicia, corrección, integridad, probidad y transparencia, en todas sus actuaciones.

“Esto es, la conducta de los investigados es ajena al deber de todo magistrado de mostrar una conducta incuestionable, frente a los justiciables y la sociedad en su conjunto”, sostuvo José Ávila, ponente de la vista de la causa.

En ese sentido, los exjueces Walter Ríos y Ana Bouanchi incurrieron en falta muy grave prevista en el artículo 48, inciso 13, de la Ley de la Carrera Judicial, razón por la que la presidenta Imelda Tumialán y los miembros titulares Aldo Vásquez, José Ávila, Inés Tello, Antonio de la Haza y Guillermo Thornberry les impusieron la sanción de destitución.

En el caso de Walter Ríos se trata de su tercera destitución por parte de la JNJ. Anteriormente fue sancionado con la misma medida en julio del 2021 y en setiembre del 2022.

Cabe anotar que, si bien el juez ya no ejerce la presidencia de la Corte Superior del Callao por los delitos cometidos en el caso ‘Los cuellos blancos del puerto’, “la aplicación de la sanción de destitución resulta altamente satisfactoria para cumplir con el fin constitucional de cautelar la eficiente administración de justicia, para lo cual es imprescindible garantizar que los funcionarios judiciales sean profesionales competentes, honestos y de trayectoria incuestionable”, dijo el magistrado José Ávila.

En el proceso también se tomó en cuenta la transcripción de los diálogos sostenidos por Ríos con empleados, donde se menciona las recomendaciones para contratar personal, entre otros, del exjuez de la Corte Suprema de Justicia, también destituido, César Hinostroza Pariachi.

El jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma), Ulises Yaya Zumaeta, propuso ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la destitución de Walter Ríos Montalvo, luego de comprobarse las faltas muy graves cometidas cuando ejercía como presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao.

La medida disciplinaria propuesta corresponde a las relaciones extralaborales que mantuvo Ríos Montalvo con jueces supernumerarios, abogados litigantes, partes procesales y terceros a cambio de beneficios personales.

De acuerdo con las investigaciones disciplinarias, el expresidente de la corte mencionada infringió en su deber al designar 28 jueces supernumerarios sin motivación adecuada ni cumplir con la convocación a sala plena para actualizar el cuadro de méritos y antigüedad de los jueces de paz y jueces especializados.

Dichas relaciones extralaborales afectaron su imparcialidad e independencia en el desempeño de funciones, además de afectar a otros órganos jurisdiccionales.