El expresidente de la República, Alejandro Toledo, será extraditado en las próximas semanas al Perú. El Departamento de Estado de los Estados Unidos concedió el pedido de la Fiscalía de la Nación, quien lo investiga por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos por el caso Interoceánica Sur.
Al exmandatario se le sigue dos investigaciones por los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur. Asimismo, por el caso de ‘Ecoteva’. En estos casos, el Ministerio Público pidió 20 años y seis meses de prisión y también 16 años y ocho meses de cárcel, respectivamente.
Toledo se encuentra entre los cuatro presidentes peruanos en ir a prisión de los últimos 20 años. El exmandatario se fugó del país en el 2017, desde ese momento no ha regresado al Perú. Desde más de cinco años, se estuvo realizando los trámites de extradición para que pueda estar a disposición de la justicia.
Caso Interoceánica
En el 2020, el fiscal José Domingo Pérez formalizó la acusación contra el expresidente Toledo, con quien piden 20 años y seis meses de pena privativa, pero también nueve años para ocupar algún cargo público. Esto debido a que se le acusa de haber recibido dinero de la constructora brasileña para que entregue la obra de la Interoceánica Sur.
Estos pagos ilícitos se conocieron en el 2016, donde el expresidente decidió irse del país junto a su esposa, Eliane Karp, al año siguiente. Sin embargo, su situación judicial se complicaba con las revelaciones de Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht en Perú.
Durante el interrogatorio, Barata había indicado que pagó 31 millones de dólares al expresidente, las cuales fueron depositadas a la cuenta de su amigo Josef Maiman y o también en efectivo. “Oiga, Barata, paga carajo”, era la frase que utilizaría Toledo y que lo comprometieron.
Sin embargo, no era único presidente involucrado en estos casos. Barata también revelaba que pagó a Alan García a través de su secretario Luis Nava para que, de esa manera, la obra continúe. En total habría pagado la suma de tres millones de dólares. Sin embargo, ambos expresidentes rechazaron las declaraciones y acusaciones.
Ecoteva
Esta investigación fue la primera en iniciarse, precisamente, después que difundirse un reportaje sobre la suegra del expresidente, Eva Fernenburg, había adquirido una propiedad valorizada en 3,8 millones de dólares en la exclusiva zona de las Casuarinas. No obstante, en este caso, también se le acusa a la exprimera dama Eliane Karp.
Sin embargo, también se adquirió oficina en el Edificio Omega, que tenía el costo de 882 mil dólares, ubicada en el distrito de Santiago de Surco. Estos inmuebles fueron incautados por las autoridades como parte de las investigaciones de lavado de activos.
Para la Fiscalía, el dinero recibido de manera ilícita habría sido para adquirir estas propiedades y construir empresas offshore en Costa Rica; una de ellas, de Ecoteva Consulting Group, quien estaba a cargo de su suegra.
La situación cada año para el expresidente se complicaba, luego que Maiman también decida ser un colaborador eficaz. En el 2017, aceptó que puso a disposición sus empresas para recibir las coimas de la empresa brasileña y, además, de Camargo Correa. Esta vez, para el tramo 4.
Sin embargo, Toledo se defendía que su amigo Maiman le prestó dinero para que pueda realizar el pago de los inmuebles adquiridos. Mientras las viviendas compradas por su suegra eran con el dinero que había recibido como víctima del holocausto de la Segunda Guerra Mundial.
En el 2018, la Sala Permanente de la Corte Suprema aprobó la extradición de Toledo por los casos mencionados. Es así como, Cancillería envía oficio a Estado Unidos, debido a que el expresidente ya se había fugado. Desde esa fecha nunca más regresó al país, donde alguna vez los ciudadanos confiaron en él.