El martes, la Fiscalía de la Nación del Perú informó que el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América concedió la extradición del expresidente Alejandro Toledo Manrique, por los delitos de colusión y lavado de activos. El ex mandatario podría ser condenado hasta 35 años en prisión por recibir millonarias coimas de la empresa constructora Odebrecht a cambio de adjudicarles obras.
Toledo Manrique, quien fue presidente del Perú entre el 2001 y 2006, es investigado por la justicia peruana por el presunto cobro de una coima de aproximadamente 32 millones de dólares de la empresa Odebrecht para favorecerlos en la licitación de la carretera Interoceánica Sur, tramo II y III.
Además, es investigado por el caso “Ecoteva”, en el que su suegra habría comprado inmuebles por un valor de cinco millones de dólares que provendrían de las millonarias coimas de Odebrecht.
Cronología del caso Interoceánica
La carretera Interoceánica es uno de los proyectos de gran envergadura que el gobierno de Alejandro Toledo impulsó. Sin embargo, luego de que el caso Odebrecht se destapara, la adjudicación de este proyecto comenzó a ser investigada.
En 21 de enero 2017 inició la pesadilla de Toledo Manrique, el ex director de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, reveló que el exmandatario habría recibido más de 31 millones de dólares para adjudicar el tramo II y III de la carretera Interoceánica Sur a la constructora brasileña.
Toledo fue acusado de tráfico de influencias, lavado de activos y colusión al estar presuntamente involucrado en el caso Odebrecht y, el 3 de febrero de ese año, agentes de la PNP allanaron su residencia en Camacho, a pedido del Ministerio Público. El exmandatario negó el pago de coimas.
El 8 de febrero de 2017, el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó la prisión preventiva por 18 meses en su contra, así como su captura a nivel internacional, ya que Toledo se encontraba fuera del país.
El 10 de febrero de 2017 la policía incluye a Alejandro Toledo en la lista de los más buscados. Un día después, el Congreso le retiró los beneficios en su condición de expresidente.
El 2 de setiembre de 2017, Josef Maiman, amigo personal de Toledo, admitió ante los fiscales que Odebrecht y otras empresas brasileñas depositaron sobornos en sus cuentas para el exmandatario.
Proceso de extradición
El 28 de diciembre de 2017, la Fiscalía presentó ante el juez Richard Concepción Carhuancho el requerimiento de extradición de Alejandro Toledo y el 19 de febrero de 2018 el juez admitió el pedido y envió el cuaderno de extradición a la Corte Suprema, la cual aprobó la extradición el 13 de marzo de 2018.
El 21 marzo de 2018, el Consejo de Ministros aprobó la extradición del expresidente, prófugo en los Estados Unidos, por los presuntos delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias.
El 25 mayo de 2018, la cancillería peruana envió a Estados Unidos la solicitud de extradición. El 3 de febrero de 2019, Perú contrató abogados norteamericanos para el asesoramiento del proceso de extradición.
Nuevas pruebas
El 29 de marzo 2019, el empresario Josef Maiman firmó un acuerdo de colaboración eficaz con la fiscalía y admitió que el dinero depositado por Odebrecht en sus cuentas era para Toledo, y que con ello se pagaron las hipotecas de su casa en Camacho y Punta Sal y se compró una oficina en la Torre Omega a través de Ecoteva.
El 24 abril de 2019, Jorge Barata, declaró a los fiscales peruanos en Brasil que en total la constructora brasileña pagó 35 millones de dólares en coimas a Alejandro Toledo. Un día después. Barata dijo que Toledo lo convocó a su casa en Camacho para reclamarle por el retraso en el pago de coimas y afirmó que le dijo: “Barata, paga carajo”.
Detención en EE.UU. y extradición
El 16 de julio de 2019, Toledo fue detenido en Estados Unidos por disposición del juez Thomas S. Hixson. El expresidente fue trasladado a una prisión a la espera de su primera audiencia,
La justicia norteamericana rechazó en dos ocasiones el pedido de Toledo Manrique, cuya defensa había planteado libertad bajo fianza por un millón de dólares.
El 10 de octubre de 2019, dictaminaron que Toledo sea liberado bajo fianza el 22 de octubre, si no se mejoraba su régimen penitenciario, pero el exmandatario fue cambiado de prisión, para recibir mejores condiciones penitenciarias y continuó en prisión.
En marzo de 2020, debido a la pandemia Toledo salió de prisión, en el condado de San Mateo, California, luego de que sus familiares y amigos depositaran una fianza de 500,000 dólares en efectivo y entregaran todos sus pasaportes. Se le instaló un dispositivo GPS de seguimiento.
El 28 de setiembre de 2021, la justicia norteamericana decidió que el exmandatario puede ser extraditado al considerar que hay las pruebas sobre la existencia de un acto criminal y las considera suficientes para apoyar las acusaciones en su contra. En octubre de 2021, el juez de EE.UU. ordena que Toledo siga bajo arresto domiciliario.
Finalmente, el 21 de febrero de 2023, la Fiscalía de la Nación confirmó que el Departamento de Estado de los Estados Unidos concedió la extradición de Alejandro Toledo por los delitos de colusión y lavado de activos.