El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) informó este martes que el excongresista Freddy Díaz Monago será trasladado al penal de Lurigancho para cumplir los nueve meses de prisión preventiva ordenados por la Corte Suprema ante una denuncia por violación sexual.
Díaz, quien se puso a disposición de la Justicia en la víspera, permanecerá en prisión durante ese tiempo mientras es investigado por una acusación que llevó a su destitución del Parlamento en enero pasado.
La entrega fue anunciada por su abogado, Emerson Campos, cuando se encontraban “en las instalaciones del Poder Judicial luego de haber sido notificados y haber leído la resolución” de prisión preliminar, informó RPP.
“Lo que estamos haciendo es ponernos a derecho acatando la orden de la Sala Suprema de Apelaciones. Nosotros, sin necesidad de que se nos busque, hemos venido al Poder Judicial”, aseguró el letrado.
Agregó que, “el hecho de que una persona obedezca a la ley, no significa que está asumiendo su responsabilidad o su culpa” y que buscan que se sepa que el exlegislador “se está poniendo a derecho porque cree en la justicia de su país”.
El pasado 12 de enero, el Congreso aprobó inhabilitarlo de la función pública por diez años, tras informarse de un pedido fiscal de prisión preventiva por presuntamente haber violado a una trabajadora del Parlamento en su despacho.
De esa manera, dio luz verde a un informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que sindicó a Díaz de haber hecho un “mal uso del poder” para “sostener relaciones sexuales e ingerir licor con una trabajadora que está bajo su cargo”.
Durante el debate parlamentario, el exparlamentario ratificó que nunca cometió el delito y pidió una “votación justa” a los legisladores, alegando que “desde el primer momento” se sometió a las investigaciones del Ministerio Público.
“Inhabilitar a una persona que aún no es culpable es un despropósito”, afirmó cuando fue reemplazado por su suplente, Nelcy Lidia Heidinger.
Antecedentes
El caso de Díaz se conoció a finales de julio de 2022, cuando una trabajadora del Legislativo lo denunció por violación luego de consumir bebidas alcohólicas.
El entonces congresista fue expulsado de Alianza para el Progreso, aunque negó las acusaciones y siguió acudiendo a las sesiones parlamentarias hasta septiembre, cuando el pleno aprobó su suspensión por 120 días.
En aquella ocasión, el propio Díaz votó a favor de su suspensión por considerar que cometió “un hecho lamentable” al ingerir alcohol en las oficinas del Congreso.
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