Nuevo presidente de Emape, nombrado por Rafael López Aliaga, registra antecedentes policiales por manejar ebrio

Un nuevo escándalo enturbia la gestión de Rafael López Aliaga en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Ayer se dio a conocer que Humberto Guzmán, quien fue nombrado por el burgomaestre el pasado 1 de enero como nuevo presidente de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), registra graves antecedentes que pondrían su idoneidad para el cargo en tela de juicio.

Según el dominical Panorama, Guzmán habría sido intervenido en tres oportunidades por la Policía Nacional por manejar presuntamente en estado de ebriedad. Su primera detención ocurrió en 2014 en el distrito de Jesús María cuando fue sometido a una prueba de alcoholemia, la cual dio positivo. Por ello, en esa oportunidad, al titular de Emape se le retiró su licencia de conducir.

Sin embargo, esta situación no evitaría que siga involucrado en más escándalos.

En 2018 resultó intervenido en el distrito de Lince por manejar con aparentes signos de haber bebido alcohol. Finalmente, el 2021, Guzmán protagonizó un accidente en el distrito de Magdalena, donde chocó contra una moto lineal y en lugar de ayudar a la pareja de jóvenes que iba en el vehículo, decidió fugarse sin preocuparse por la salud de las víctimas.

Un detalle no menor sobre Guzmán es que el actual alcalde López Aliaga había cuestionado su designación al frente de Emape en 2020 cuando el exburgomaestre Jorge Muñoz lo llamó para que trabaje con él.

En esa oportunidad salió a relucir que sobre este personaje pesan serias acusaciones por los presuntos delitos de colusión con defraudación patrimonial cuyo agraviado es el Estado. También ha sido denunciado por abuso de autoridad, falsedad ideológica, y lavado de activos. Aunque algunas de ellas han sido archivadas, otras se encuentran en proceso de investigación.

Pese a esto, López Aliaga dijo en una entrevista en PBO el año pasado que le solicitó a Guzmán que vuelva a colaborar con su gestión como lo hizo con el finado exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio. En Renovación Popular no verían con buenos ojos a este funcionario.

La Defensoría del Pueblo interpuso este viernes una denuncia penal por extorsión ante el Ministerio Público en agravio suyo y de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), luego de las “graves declaraciones” del alcalde Rafael López Aliaga sobre pedido de pasajes para manifestantes a cambio de evitar “vandalismo”.

“He recibido llamadas de personajes ligados a la Defensoría planteándome evacuar mil personas, y que la ‘Munilima’ pagara mil pasajes, a 150 soles por pasaje, para que ya no hubiera más vandalismo criminal en el centro de Lima. El daño que han hecho es millonario”, remarcó el burgomaestre en la víspera, tras sostener un encuentro con la presidenta Dina Boluarte.

Frente a esas declaraciones, el organismo cursó un oficio a López Aliaga para que brinde “el nombre de la persona o las personas involucradas que habrían realizado dichas gestiones, usando ilegalmente el nombre de la institución”, detalla un comunicado.

“Rechazamos tajantemente cualquier acción dirigida a solicitar donativos o dádivas que tuvieran como finalidad el favorecimiento o apoyo económico a manifestantes. Este tipo de acciones se encuentran fuera del marco legal y su realización es de naturaleza ilegal”, continuó.

Defensoría también advirtió que “pretender solicitar apoyos económicos por personas inescrupulosas, busca desprestigiar y deslegitimar la labor realizada por nuestro personal y representantes”; en ese sentido, “no realiza ningún tipo de gestión ante instituciones públicas o privadas a favor de ninguna persona fuera del marco de nuestras competencias constitucionalmente asignadas”.

“Invocamos a la ciudadanía a denunciar este tipo de hechos, para lo cual ponemos a su disposición todos nuestros canales de atención”, zanjó la misiva.