La administración de Dina Boluarte replicó este sábado al informe de Amnistía Internacional (AI), que denunció en la víspera los “ataques generalizados” hacia la población por parte de las fuerzas del orden durante las protestas.
La organización también advirtió que la “grave crisis de derechos humanos” del país ha sido alimentada por el racismo y la criminalización contra comunidades indígenas y campesinas.
“El gobierno peruano lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas ocurrida en el marco de las protestas y actos vandálicos sucedidos con posterioridad al 7 de diciembre de 2022; sin embargo, es categórico al afirmar que en el Perú no existe una política de violación masiva y sistemática de los derechos humanos ni lo que han denominado un racismo sistémico en el actuar de las distintas autoridades”, contradijo el Ejecutivo a través de un pronunciamiento publicado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
La cartera, presidida por José Tello, señaló que “aprecia el diálogo abierto” sostenido entre la mandataria y representantes de AI, en el cual “se ratificó el compromiso del Estado con la promoción y protección de los derechos y libertades fundamentales, incluido el derecho a la protesta pacífica”.
La misión de AI enviada a Perú viajó a Ayacucho, Apurímac y Cusco entre los días 29 de enero y 11 de febrero, y se reunió con altos funcionarios, entre ellos Boluarte, y múltiples representantes de las fuerzas de seguridad, fiscales, periodistas y organizaciones de la sociedad civil, heridos y familiares de las víctimas mortales de las protestas, que ascienden a 70.
Al presentar sus hallazgos, la directora para las Américas de AI, Erika Guevara, insistió en que el “uso excesivo y desproporcionado de la fuerza”, que incluyó “uso ilegítimo de armas letales y armas menos letales de manera indiscriminada”, ha dejado un saldo “fatal y trágico”, que “profundiza el racismo sistémico que existe en las autoridades del Estado”.
“Las autoridades peruanas han permitido que, durante más de dos meses, el uso excesivo y letal de la fuerza sea la única respuesta del Gobierno ante el clamor social de miles de comunidades que hoy exigen dignidad y un sistema político que garantice sus derechos humanos”, aseveró.
La organización destacó que las protestas estallaron en regiones del sur, las “más marginadas del país”, cuya población, mayoritariamente indígena, ha sido “objeto de históricamente de discriminación y de desigualdad”.
Resaltó, en este sentido, que mientras que los departamentos con más población indígena representan el 13 % de la población peruana, estos concentran el 80 % de las muertes totales registradas desde el inicio de la crisis, en diciembre pasado.
Estos hechos, alertó Guevara, “podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, lo que es un crimen bajo el derecho internacional, que tiene responsabilidades, no solo de quien jaló el gatillo, sino de quien dio la orden”.
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