El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) anunció el sábado que entregará un “apoyo solidario” de 50 mil soles por cada persona fallecida en las protestas, así como y 25 mil soles a los civiles y policías heridos de gravedad entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
La cartera indicó, mediante un comunicado, que es el “primer logro” de la Comisión Multisectorial de naturaleza temporal, creada en diciembre pasado, para el seguimiento de las acciones a favor de los deudos y quienes sufrieron lesiones graves durante las movilizaciones.
“En esta Comisión participan como invitados representantes de la Defensoría del Pueblo, representantes de la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas en el Perú y el Consejo Interreligioso del Perú”, especificó el despacho de José Tello.
“Asimismo, se identifican las necesidades de estas personas en temas de salud física y mental, educación, vivienda, agrarios, entre otros, para poder brindarles atención integral”, agregó.
Según la cartera, a la fecha “se han instalado ocho mesas de diálogo, paz y gobernabilidad en Loreto, San Martín, Amazonas, Ucayali, Pasco, Junín, Huancavelica y Huánuco”, zonas de mayor conflictividad, “con el fin de entablar un diálogo constructivo con los representantes de las comunidades afectadas”.
Añadió que su Defensa Pública ha brindado 115 atenciones a familiares de personas fallecidas y heridas en las movilizaciones en todo el país, así como atenciones legales a 432 personas detenidas, “con traductores en quechua, aymara y asháninka”.
Solo diciembre “brindó 20,800 consultas y 5,907 patrocinios, a través del servicio de asistencia legal y defensa de víctimas. Desde el servicio de defensa penal pública, entretanto, brindamos 18,679 consultas y 11,632 patrocinios” en ese mismo mes, resumió la oficina.
Ejecutivo contradice a Amnistía Internacional
En la misma misiva, la administración Boluarte contradijo el informe de Amnistía Internacional (AI), que denunció en la víspera los “ataques generalizados” hacia la población por parte de las fuerzas del orden durante las protestas.
La organización también advirtió que la “grave crisis de derechos humanos” del país ha sido alimentada por el racismo y la criminalización contra comunidades indígenas y campesinas.
“El gobierno peruano lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas ocurrida en el marco de las protestas y actos vandálicos sucedidos con posterioridad al 7 de diciembre de 2022; sin embargo, es categórico al afirmar que en el Perú no existe una política de violación masiva y sistemática de los derechos humanos ni lo que han denominado un racismo sistémico en el actuar de las distintas autoridades”, apuntó el Ejecutivo.
La misión de AI enviada a Perú viajó a Ayacucho, Apurímac y Cusco entre los días 29 de enero y 11 de febrero, y se reunió con altos funcionarios, entre ellos Boluarte, y múltiples representantes de las fuerzas de seguridad, fiscales, periodistas y organizaciones de la sociedad civil, heridos y familiares de las víctimas mortales de las protestas, que ascienden a 70.
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