Alejandro Salas sostuvo que la debacle del gobierno de Pedro Castillo comenzó en los primeros seis meses

El exministro de Cultura y Trabajo, que se integró al Ejecutivo en febrero del año pasado cuando ya se conocían actos de corrupción, reiteró que se siente “decepcionado” del expresidente por su fallido golpe de Estado.

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Pedro Castillo y Alejandro Salas en Palacio de Gobierno. Foto: Andina.
Pedro Castillo y Alejandro Salas en Palacio de Gobierno. Foto: Andina.

Alejandro Salas fue uno de los más férreos defensores políticos de Pedro Castillo cuando estaba en la presidencia de la República. Sin embargo, ya lejos de este cargo, el exministro de Trabajo y Cultura trata de desmarcarse por todos los medios del profesor cajamarquino cuando es entrevistado por la prensa.

En diálogo con RPP Noticias, el abogado aseguró que “la debacle del expresidente se da en sus primeros seis meses de gobierno”. “Yo he venido a ser parte del Gobierno a partir de febrero del 2022, cuando se le acercaron personas que, lamentablemente, en vez de ver el desarrollo del país y la oportunidad de poder desarrollar el país, se inmiscuyeron en situaciones que hoy día son materia de investigación y acusaciones fiscales”, apuntó.

Hay que recordar que Salas se integró al Ejecutivo cuando la Fiscalía de la Nación ya investigaba a Castillo por los casos del proceso de adjudicación que ganó el consorcio Puente Tarata III vinculado a la empresa de Karelim López, y por el contrato de Petroperú por la compra de biodiésel por 74 millones de dólares con el empresario Samir Abudayeh.

En otro momento, el exministro de Castillo reiteró que se siente “decepcionado” por el golpe de Estado que el exmandatario quiso realizar el 7 de diciembre del año pasado. Además, resaltó que fue el primer integrante del gabinete ministerial de Betssy Chávez en renunciar.

El expresidente de la República, Pedro Castillo, junto al exministro de Trabajo, Alejandro Salas, y miembros de la Confederación Nacional de Trabajadores Estatales del Perú (CTE-Perú) y representantes de la Federación Nacional de Obreros Municipales del Perú (Fenaomp).
El expresidente de la República, Pedro Castillo, junto al exministro de Trabajo, Alejandro Salas, y miembros de la Confederación Nacional de Trabajadores Estatales del Perú (CTE-Perú) y representantes de la Federación Nacional de Obreros Municipales del Perú (Fenaomp).

“El expresidente decidió de manera inconsulta con quienes siempre hablábamos con él de democracia, de leer un mensaje que es nefasto. Le manifesté que era un delito, tanto así que fui el primer ministro que renunció a los dos o tres minutos del mensaje a la nación”, anotó.

“Él cometió un error y seguramente considero que lo debe estar lamentando, fue una decisión propia de él, quienes pudieron o no pudieron ayudarlo en esto tendrán también seguramente que responder, eso es parte de las investigaciones. (...) Sentí una gran decepción y seguramente habrá un momento en que se lo manifestaré”, agregó.

Denuncia constitucional

El Pleno del Congreso de la República aprobó la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el expresidente Pedro Castillo por 59 votos a favor, 23 en contra y 3 abstenciones por los casos Puente Tarata, Petroperú y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

El informe fue sustentado ante el pleno por el congresista Diego Bazán (Avanza País), así como por la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), Lady Camones.

El documento recomienda acusar a Castillo por la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal agravada por su presunta condición de líder, y contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias agravado, así como presunto cómplice del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión.

Además, el informe incluye a los exministros Juan Silva (Transportes) y Geiner Alvarado (Vivienda).

Al respecto, Alejandro Salas consideró que el Parlamento actuó de manera “previsible” y “correcta”. “Todos los ciudadanos, más allá de que sea un expresidente, están obligados en responder a la justicia”, anotó. Además, refirió que la defensa legal de Castillo Terrones y la Fiscalía tendrán que mostrar las pruebas para demostrar lo que cada uno argumenta.

“Vale decir que el Ministerio Público lo que ha imputado va a tener que probarlo y, por supuesto, el expresidente de la República va a tener que demostrar, como él lo manifestaba, la inocencia sobre los hechos que le imputaban. Esto en realidad lo va a decidir un proceso que finalmente, considero, tiene que llevarse con una justicia que sea absolutamente objetiva”, finalizó.

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