La bancada de Avanza País retrocedió este viernes a su iniciativa de amnistiar a efectivos de la Policía Nacional (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en medio de las protestas antigubernamentales, como sugirió a la presidenta Dina Boluarte durante una reunión con sus dirigentes.
“Hemos propuesto una amnistía porque no podemos abandonarlos, teniendo en cuenta que ellos, cuando el Perú más los necesitó, salieron al frente y defendieron nuestra democracia”, anunció el presidente del partido, Aldo Borrero, quien estuvo en la cita junto con el congresista Alejandro Cavero.
“Sabemos que, posteriormente, pueden tener persecuciones judiciales, (...) queremos darles la seguridad de que ellos van a poder continuar teniendo una carrera ejemplar como la han tenido hasta el momento”, añadió.
La oferta fue rechazada por políticos y organizaciones de derechos humanos, de modo que la tienda política emitió un comunicado para aclarar que ya no planteará este posible blindaje a las fuerzas del orden, de las cuales hay evidencia de “ataques generalizados” hacia la población, según un informe de Amnistía Internacional (AI).
“Nuestro grupo parlamentario no propondrá una amnistía a policías y militares por actos realizados en las protestas. Esto implicaría asumir la responsabilidad de dichos actores en las lamentables muertes ocurridas”, expresa la misiva.
La agrupación matizó que no es posible señalar a los autores de las muertes por represión “sin una investigación previa” realizada por el Ministerio Público, ni una determinación de responsabilidad por parte del Poder Judicial.
A continuación, recalcó que la cita con la mandataria se centró en “una seria preocupación por la persecución a la que las Fuerzas Armadas y PNP podrían ser sometidas, como ya ha sucedido injustamente en el pasado”.
Críticas
Una de las primeras voces en criticar la propuesta de amnistía fue la legisladora Ruth Luque, quien señaló que los “delitos que constituyen violación de derechos humanos deben investigarse y sancionarse con debidas garantías en sistema de justicia ordinario”.
La “amnistía o similar significaría obstaculizar acceso a la justicia e impedir que la verdad salga. En nuestra historia sabemos como acabaron”, tuiteó. Para el criminólogo Nicolas Zevallos, era una “admisión velada de responsabilidad” y “una manifestación expresa de gusto por la impunidad”.
“Inaceptable. Que se haga justicia es mejor para el Estado, las instituciones y la ciudadanía”, señaló el experto. Por su parte, el politólogo José Alejandro Godoy ―quien contó la historia de la Ley de Amnistía de 1995 en su libro El último dictador (Debate, 2021)― indicó que “estas normas finalmente caen y no hacen bien a sus supuestos beneficiarios”.
Amnistía Internacional ha documentado 46 casos de violaciones de derechos humanos, entre ellas detenciones arbitrarias y criminalización de manifestantes, informó Erika Guevara, directora para las Américas.
Las pruebas recopiladas incluyen testimonios de víctimas y familiares en Lima (centro), Ayacucho, Andahuaylas y Puno (sureste), además de entrevistas, informes oficiales y peritajes forenses.
El martes, colectivos de derechos humanos informaron que denunciaron penalmente a Boluarte, sus ministros y a jefes policiales por la muerte de seis personas durante protestas en diciembre en Apurímac.
La denuncia se suma a otra investigación fiscal que busca determinar si fuerzas de seguridad asesinaron a manifestantes el pasado 15 de diciembre en Ayacucho.
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