Amnistía Internacional confirma uso de armas letales y menos letales en protestas en Perú y condena “uso excesivo y desproporcionado”

Desde que inició el gobierno de Dina Boluarte, al menos 48 civiles han fallecido durante el desarrollo de las manifestaciones en contra de la crisis política. De acuerdo a cientos de denuncias de represión policial y militar, se presume que la pérdida de estas vidas se debe a un exceso de la fuerza letal de las autoridades encargadas de controlar estas movilizaciones sociales. Sin embargo, la presidenta de la República ha negado que se haya dictado una orden para disparar en contra de los participantes de las protestas. La organización Amnistía Internacional realizó una investigación en las regiones golpeadas por esta violenta respuesta estatal y reveló que cuentan con evidencia para confirmar que miembros de la PNP y FF.AA. hicieron uso ilegítimo de armas letales y uso indiscriminado de armas menos letales, lo que habría acabado con la vida de los manifestantes.

Para Erika Guevara, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, está claro que en Perú se han cometido violaciones a los derechos humanos durante la realización de protestas sociales desde que inició el nuevo mandato en diciembre último. De acuerdo a las investigaciones realizadas por el medio, está comprobado la vulneración a los derechos de las poblaciones históricamente olvidadas como Puno, Ayacucho, Andahuaylas y Apurímac.

La investigación desarrollada por la organización ha revelado que el Estado “ha permitido” que esta serie de atentados continúe desencadenando en trágicas muertes y más de mil heridos, entre ellos, de diagnóstico grave. Según el informe publicado por Amnistía Internacional, se ha documentado un total de 12 casos de presuntos vulneraciones a los derechos fundamentales de personas que participaban y no participaban activamente de estas movilizaciones sociales.

Guevara indicó a este medio que el gobierno ha mostrado intencionalmente una incapacidad para discernir entre las personas que cometían actos violentos y quienes protestaban de forma pacífica haciendo uso legítimo de su derecho a la manifestación social. “Tenemos evidencia de que las consecuencias del uso de armas letales y menos letales ha sido devastador para la población. Hay múltiples incidentes que se siguen presentando a lo largo del tiempo. A pesar de que se tiene conocimiento de esto, no han cesado el uso de este armamento y, por ende, no se ha detenido la respuesta violenta de las autoridades”, dijo.

El descontento social invadió todo el país. Las movilizaciones sociales se registraron a lo largo del territorio peruano, sin embargo, solo tres regiones padecieron de un alto número de muertes generadas durante el desarrollo de estas manifestaciones, de acuerdo a Amnistía Internacional. Apurímac, Ayacucho y Puno fueron los departamentos que concentraron el 80% de las víctimas mortales. Las tres provincias son consideradas poblaciones históricamente olvidadas. La directora ejecutiva de Amnistía señaló que ello representa el sesgo racista con el cual las autoridades han actuado.

El “terruqueo”, como se conoce a la narrativa que acusa a una o más personas de ejecutar actos terroristas o formar parte de un grupo similar, ha estado constantemente presente en los discursos de la clase política del país. El informe expuesto por Amnistía en conferencia de prensa detalla que esto representa una estrategia para deslegitimar las protestas y justificar la respuesta violenta del Estado.

Jhonathan Erik Enciso Arias era jugador de voleibol. Tenía 18 años. El 12 de diciembre, se encontraba junto a sus amigos en un cerro de la localidad de Huayhuaca, en Andahuaylas, cuando una munición letal le alcanzó a él y sus amigos. De acuerdo a videos y testimonios recolectados por Amnistía, un grupo de policías disparó una serie de balas desde una azotea. Wilfredo Lizarme, también de 18 años, falleció en circunstancias similares.

La investigación evidenció que la Policía y los miembros del Ejército peruano han acudido a las armas de fuego como principal herramienta de control de estas movilizaciones, pese a que existen normas internacionales —ratificadas por el Estado peruano— que prohíben este accionar. Las pruebas recolectadas por la organización de derechos humanos han mostrado el uso indiscriminado de armas letales y no letales de parte de las fuerzas del orden en contra de los manifestantes.

Los representantes de Amnistía se reunieron el pasado martes 15 con la presidenta de la República, Dina Boluarte, para exponer su preocupación ante estos casos. Al respecto, la funcionaria recalcó que está comprometida con los familiares de los deudos y los cientos de víctimas, pero no reconoció la responsabilidad del Estado con estas muertes. Boluarte afirmó que ella no dio la orden de disparar a los civiles.

La abogada resaltó que, aunque actualmente no existan pruebas de que Boluarte ordenó que se dispare contra la población civil, sí existen pruebas del apoyo de la jefa de Estado a la respuesta violenta de las fuerzas del orden. Para Navarro, esto representa un mensaje estigmatizante, pues no distingue a la población violenta de los participantes que ejercen su derecho de forma pacífica.

“Con este accionar, ella da una orden a las fuerzas de seguridad que, cuando repelen a la ciudadanía, lo hagan como si fueran enemigos. Es como una declaratoria de ataque en contra de la población civil muy peligrosa. El apoyo a las fuerzas especiales debe ser garantizando la rendición de cuentas, garantizando que las fuerzas de seguridad cumplan su mandato de protección a la ciudadanía y eso no está ocurriendo. Lamentablemente, esa narrativa sigue alimentando la violencia estatal que vemos en las calles”, acotó.

En reunión con la presidenta de la República, miembros de Amnistía Internacional han recalcado su preocupación por el avance lento de las investigaciones abiertas en el marco de las presuntas violaciones a los derechos humanos. Aseguran que la falta de atención a estas demandas legales representa un impedimento para el acceso a la justicia de las víctimas y, en paralelo, una afectación a sus derechos fundamentales.

La experta enfatizó que el equipo de Amnistía ha identificado la presencia de materiales cruciales para las investigaciones como perdigones, balas y latas de gases lacrimógenos que permanecen aún en la vía pública de zonas donde se han registrado represiones violentas. “No hay la capacidad técnica ni de peritajes para poder llevar a cabo investigaciones imparciales y expeditas. Esto ha sido dicho por los mismos fiscales regionales. Han mencionado que no cuentan con los recursos humanos, técnicos y financieros para continuar con las investigaciones”, agregó.

Estas observaciones fueron trasladadas a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien aseguró contar con todos los recursos necesarios para llevar adelante estos procesos legales. “Cuando le presentamos estos hallazgos, ella simplemente reiteró que cuentan con los recursos necesarios y con las capacidades necesarios, pero eso no se ha traducido en la realidad de las regiones”, dijo.

Según declaraciones de la directora ejecutiva, Boluarte se encuentra a la espera de las investigaciones para identificar a los responsables; no obstante, mientras dure el proceso, ha decidido brindar “apoyo” a las víctimas y deudos de los fallecidos. “La presidenta hizo referencia que está ofreciendo un apoyo integral que ella busca personalmente, que se garantice a través del Ministerio de Salud y Ministerio de Educación. Es decir, reconoce que estas personas han sido sujeto de violaciones a derechos humanos”, recalcó.

Ha pasado poco más de dos meses desde que Dina Boluarte llegó al poder y, a su vez, una ola de rechazo hacia el álgido panorama político decidió tomar las calles del país. 48 personas y más de mil personas fueron víctimas de este escenario de violencia. Pese a ello, aún no se han identificado a los responsables de estas muertes y lesiones.

La especialista en derechos humanos anunció que Amnistía Internacional ha realizado una serie de solicitudes de acceso a la información pública para conocer la existencia de procedimientos disciplinarios. Además, se ha pedido a autoridades policiales información sobre destacamentos en las zonas donde se denunció la vulneración a los derechos humanos. “Seguimos esperando la información de las autoridades”, añadió.

Erika Guevara también se refirió a la falta de acción de parte de los congresistas y enfatizó que, en lugar de impulsar las investigaciones, han optado por incentivar el discurso de estigmatización en contra de los protestantes y fomentar la violencia en las calles.

“Algunos miembros del Congreso han hecho expresiones no solo racistas, sino que incitan a la violencia diciendo que el gobierno no está haciendo lo suficiente con los participantes de las marchas y que se les debería de disparar a todo el mundo. Hasta ahora no hemos visto que existan investigaciones en contra de los integrantes del Congreso que incitan a la violencia y que siguen alimentando esta cultura de impunidad y racismo”, precisó.

La integrante de Amnistía comentó a este medio que las imágenes de la violenta represión de parte de las fuerzas del orden en el país han dado la vuelta al mundo y han generado conmoción por los hechos registrados. “Hay una preocupación de la comunidad internacional de lo que está sucediendo en Perú y nosotros hemos hecho un llamado a esa comunidad internacional, diplomáticos a su alcance, para coadyuvar a que esta represión cese”, explicó.

Asimismo, aseguró que todas las naciones están comprometidas a garantizar la protección de los derechos humanos de forma imparcial y neutra. “Los Estados tienen un compromiso compartido de protección a los derechos humanos y este compromiso no debe ser utilizado ni politizado”, mencionó.