El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos decidió denunciar a la reconocida investigadora Ruth Shady por los presuntos delitos de peculado doloso y rehusamiento a entrega de bienes depositados o puestos en cuestión, en agravio del Estado. La decisión se debería a que la arqueóloga no ha entregado un inmueble que la Zona Arqueológica de Caral (ZAC) ocupa desde el 2007.
Sin embargo, Shady viene solicitando un lugar a donde trasladar los cientos de piezas descubiertas de la cultura Caral, que tienen más de 5.000 años de antigüedad, debido a que un local de La Molina que había sido acondicionado para tal fin fue subastado por el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) a pesar de un decreto supremo n° 001-2021-JUS que lo prohíbe.
En este dispositivo legal se menciona que los “inmuebles que hayan sido asignados en uso temporal antes de la entrada en vigencia de la norma podrán asignarse definitivamente a aquellas entidades públicas que los ocupan durante un plazo no menor de 10 años continuos”.
Según Shady, el ministro de Justicia, José Tello; un representante del Pronabi y la titular del Ministerio de Cultura, Leslie Urteaga, tuvieron una reunión con ella para asegurarle que no sería desalojada y, por tanto, no se pondría en riesgo las piezas de la cultura Caral, pero sucedió todo lo contrario.
“No puedo comprender cómo el procurador del Ministerio de Justicia puede denunciarme por peculado doloso cuando lo que quiero evitar es que se maltraten los materiales históricos que allí analizamos. Estamos buscando otro local”, mencionó la investigadora en declaraciones recogidas por el diario La República.
¿Represalia?
La acción del Minjus que pretende desalojar arqueóloga Ruth Shady coincide tras su presentación en un foro organizado por el congresista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) que se desarrolló el pasado 13 de febrero. Allí, la investigadora formó parte de la mesa para abordar ‘Crisis política, derechos humanos e integración regional’. Entre los participantes también estuvo el sociólogo Sinesio López.
“No estamos aplicando los conocimientos ancestrales que creamos para el buen vivir, ni desde el Estado, economía y tampoco desde sociedad. Un proyecto de desarrollo país más equitativo e integral es lo que necesitamos”, mencionó Shady en su exposición.
Amenazada de muerte
Hay que recordar que Ruth Shady ha sido una víctima constante de amenazas de muerte en los últimos años por parte de invasores de los terrenos del complejo arqueológico de Caral, declarado patrimonio cultural de la Nación en el 2002. Sus arqueólogos también han enfrentado esta situación y pidió apoyo del Estado.
“Todo mi equipo ha recibido las amenazas, incluidos los dos abogados, a uno de ellos le dijeron que lo iban a enterrar conmigo cinco metros debajo del suelo. Al otro abogado le dijeron que lo iban a asesinar a él y a sus hijos y su esposa. Pero además de eso, esta familia, que es la que ha invadido Coral, lo que está haciendo en estos momentos de pandemia, es que sus familiares también invadan. La Policía y la Fiscalía no están actuando como debería ser, de acuerdo con las normas existentes”, contó a RPP Noticias.
Shady reveló que uno de los arqueólogos de su equipo ha sido golpeado en la espalda, producto de lo cual fue conducido hacia el médico legista y, posteriormente al traumatólogo. “No es solamente contra mi persona sino contra todos los arqueólogos del equipo, que anda muy estresado”, agregó.
A pesar de esta situación, la investigadora también ha sido denunciada penalmente por los invasores junto a su equipo de arqueólogos. “Nosotros no comprendemos qué es lo que está ocurriendo, porque esas personas no tienen posesión ni titular alguna. A nosotros nos han denunciado por usurpación de sus tierras, entonces me han denunciado a mí y a los demás arqueólogos que trabajamos en Caral”, mencionó.