Comisión congresal que investigará las muertes durante las protestas en Puno se instalaría en la quincena de marzo

La comisión congresal que tendrá como labor investigar y hallar a los responsables políticos de las muertes dejadas durante las violentas protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte en la ciudad de Puno se instalaría recién en la quincena de marzo. Así lo aseguró el legislador no agrupado, Carlos Zevallos, quien pertenece a dicha región.

Además, Zevallos mencionó que se podría incluir a otras regiones del sur como Ayacucho y Apurímac, donde también hubo víctimas por los enfrentamientos entre los manifestantes y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Igualmente, el número de integrantes sería nueve a fin de que todas las agrupaciones que están en el Legislativo tengan un representante.

Sin embargo, agregó que primero debería discutirse en el Pleno el pedido de la reconsideración presentada por la congresista Adriana Tudela para iniciar el trabajo. La integrante de la bancada de Avanza País busca realizar una serie de modificaciones a la comisión investigadora.

En el documento se indica que “la comisión investigadora multipartidaria que determine las presuntas responsabilidades penales y políticas de las graves afectaciones a los derechos humanos, tales como la vida y la integridad física, en contra de ciudadanos y agentes del orden ocurridas desde el 7 de diciembre del 2022 en todo el territorio nacional” pase a llamarse a “una comisión investigadora que determine las responsabilidades penales y políticas de las graves afectaciones a los derechos humanos, tales como la vida y la integridad física”.

El detalle pasa aquí que se pondría en peligro el carácter de multipartidario para que todas las bancadas tengan presencia en la comisión investigadora. Por lo pronto, el número de integrantes y el criterio de proporcionalidad será debatido en la Junta de Portavoces tal como lo anunció José Williams, titular de la Mesa Directiva del Parlamento.

De otro lado, el otro cambio es que el plazo de 90 días para indagar las causas en las que sucedieron las muertes se reduzca a solo 60 días. Hay que recordar que las bancadas de Fuerza Popular y Renovación Popular propusieron lo mismo durante el debate de la creación de la comisión investigadora.

Hay que anotar que la creación de este grupo de trabajo nació del parlamentario Edgar Reymundo (Cambio Democrático-Juntos por el Perú). El pasado 12 de enero, el Pleno del Congreso aprobó con 71 votos a favor, 45 en contra y una abstención la conformación de este grupo.

A la indagación en el fuero parlamentario, hay que señalar que la Fiscalía de la Nación dispuso este martes iniciar una investigación preliminar por presunto genocidio, homicidio calificado y lesiones graves contra la presidenta Dina Boluarte; el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el ministro del Interior, Víctor Rojas; y el titular de Defensa, Jorge Chávez.

La medida, que también alcanza al expremier Pedro Angulo y al exministro del Interior César Cervantes, se basa en las muertes de manifestaciones cometidas en diciembre de 2022 y enero de 2023 en Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho, que de momento suman casi 60.

El Ministerio Público dispuso realizar diligencias previas —primer paso a una eventual investigación preparatoria— sobre las denuncias contra la jefa de Estado y el premier, entre otros, por las muertes ocurridas durante las manifestaciones que sacudieron el país en diciembre pasado.

Las manifestaciones, que reclaman la renuncia de la mandataria, un adelanto de elecciones y una nueva constitución, fueron reprimidas por la Policía con apoyo de las Fuerzas Armadas, en virtud de un decreto de emergencia aprobado por el Gobierno.

Boluarte había expresado que daría “todas las facilidades que correspondan para el pronto esclarecimiento de los hechos, tal como lo ha solicitado en reiteradas oportunidades”.