El último martes catorce de febrero, la Comisión de Constitución y Reglamento, presidido por el congresista Hernando Guerra García (Fuerza Popular), acordó relizar un texto sustitutorio sobre el predictamen que amplía los impedimentos para postular y ejercar puestos estatales.
El grupo de trabajo requiere modificar al menos tres artículos de la Carta Magna: artículos 34-A, 39-B y el inciso 22) del artículo 139.
De esta manera, podrán efectuarse cambios en la Ley Orgánica de Elecciones (Ley 26859); Ley de Elecciones Regionales (Ley 27683) y la Ley de Elecciones Municipales (Ley 26864).
En este contexto, el predictamen propone que no sean candidatos a cargos públicos, ni asuman este tipo de puestos - mediante designación en cargos de confianza - las personas sobre las que recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autores o cómplices, por la comisión de delito doloso.
Ello se cumplirá en el caso de los condenados a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia o ejecutoriada en calidad de autoras, cómplices o instigadoras por la comisión de los tipos penales referidos a:
- Terrorismo.
- Apología al terrorismo
- Tráfico ilícito de drogas
- Violación de la libertad sexual
- Colusión
- Peculado
- Corrupción de funcionarios
- Homicidio en sus diversas modalidades
- Trata de personas
- Secuestro
Dichos impedimentos, además, resultan aplicables hasta veinte años después de la rehabilitación de estas personas.
Debate
En el encuentro parlamentario, la legisladora Flor Pablo (no agrupada) respaldó que en el predictamen se incluyeran a los condenados por violación sexual. Además, planteó que estas restricciones rijan para los feminicidas.
La congresista también solicitó que todos los delitos de corrupción sean incluidos como impedimentos. En este marco, pidió abarcar los delitos de crimen organizado y lavado de activos. “Seamos firmes con toda la gama”, manifestó.
A esta propuesta se sumó la legisladora Lady Camones (Alianza para el Progreso). “Comparto lo de Flor Pablo, que se incluyan delitos de corrupción en todas sus modalidades (...) El principio de rehabilitación no es absoluto. Por tanto, este proyecto busca fortalecer el régimen democrático”, indicó.
Del otro lado, el parlamentario Alejandro Muñante (Renovación Popular) resaltó que el documento, sometido a debate, excluyó de estas limitaciones a los sentenciados por traición a la patria contra el orden constitucional.
Agregó que este grupo se encontraba incluido en el proyecto inicial, causales que luego fueron retirados. También pidió que se retiren los delitos de homicidio, violación sexual y secuestro como impedimentos.
En otro momento, Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso) planteó que las organizaciones políticas se encarguen de separar a quienes cometieron dichos delitos, bajo pena de sanción a los partidos de no cumplir con ello.
“Vamos a incorporar algunas de las sugerencias planteadas (…) Vamos a hacer un texto sustitutorio, conversarlo y ver en qué podemos consensuar”, manifestó Guerra durante la citada sesión.
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