El Concejo Metropolitano acordó este viernes declarar intangible el Centro Histórico de Lima, con lo cual quedan prohibidas las manifestaciones y concentraciones en 10.32 km² de la zona.
La línea fronteriza recorre partes de las avenidas Alfonso Ugarte, vía de Evitamiento, los jirones El Águila y Cecilia del Risco, la Prolongación Tacna, Alcázar y Plácido Jiménez, la calle París, las avenidas Nicolás Ayllón, Paseo de la República, 28 de Julio, Guzmán Blanco, Brasil y Arica, así como la Vía Expresa Grau.
En esta área se encuentran, entre otros inmuebles representativos, el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal, las plazas Mayor, San Martín, Bolívar, 2 de Mayo y Ramón Castilla, el Congreso de la República, la alameda de los Descalzos, el cuartel militar Barbones, los hospitales Almenara, María Auxiliadora y Arzobispo Loayza y el Instituto Superior Tecnológico José Pardo.
El acuerdo encarga a distintos organismos de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) proteger la intangibilidad y trabajar en coordinación con la Policía Nacional y el Ministerio de Cultura.
Por su parte, la Procuraduría Municipal impulsará las acciones legales correspondientes en aquellos casos que contravengan las disposiciones contenidas en el acuerdo, así como en los que se evidencien daños a la propiedad pública e infraestructura y mobiliario urbano.
La decisión se sustenta en la condición que tiene el Centro Histórico de Lima de ser Patrimonio Cultural de la Nación y Patrimonio Cultural de la Humanidad, reconocido por la Unesco, informó el municipio capitalino.
El alcalde Rafael López Aliaga consideró que esta declaratoria constituye un paso trascendental para convertir a esta parte de la capital en un centro de atracción turística.
Reacciones
El abogado Javier Alonso de Belaúnde indicó que con esta declaratoria, la Municipalidad se pone al margen de la Constitución. “Existe una sentencia del Tribunal Constitucional sobre una norma similar (STC N.º 04677-2004-AA)”, la cual “fue inaplicada por ser inconstitucional”, tuiteó el especialista. “Se afectan principio democrático y derechos vinculados a la protesta”, añadió.
Edwar Díaz, exregidor de Lima en 2019-2022, señaló que “es innecesaria” pues, según la Constitución, “los bienes públicos son, por naturaleza, intangibles, imprescriptibles e inalienables”.
“Las protestas pacíficas, como las que hacen los trabajadores despedidos, no pueden prohibirse. Las violentas sí, sin ordenanza”, tuiteó.
En tanto, la UDEAL, que agrupa a Facultades de Arquitectura y Urbanismo de Lima, indicó que la medida “busca prohibir las manifestaciones y concentraciones” y solo puede ser avalada “por quienes no conozcan las leyes y por quienes quieren hacer del Centro Histórico un museo vacío”.
La MML ha estimado en aproximadamente 800 mil soles los daños causados durante la jornada de protestas de enero pasado, en la que un incendio redujo a escombros la Casa Marcionelli, construida por el excónsul honorario de Suiza y ubicada cerca de la plaza San Martín.
Durante horas, los manifestantes se enfrentaron a la Policía desplegada en la zona y la hicieron retroceder hasta retirarse de la Plaza San Martín, cuando las llamas comenzaron a arrasar el edificio en un sector con muchas casonas históricas construidas en parte con madera.
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