La presidenta Dina Boluarte desconoció este viernes las detenciones ilegales y arbitrarias realizadas por la Policía Nacional (PNP) en las marchas contra su administración que se registran a nivel nacional. La más reciente ocurrió el último sábado, cuando cinco efectivos redujeron a Aida Aroni Chillcce, a quien le arrancaron la bandera que ondeaba y subieron a la fuerza a un bus, sin ningún motivo.
“Si ha habido excesos de parte de la Policía en las detenciones, lamentamos mucho, pero hay policías heridos, muchos de ellos de gravedad, que sería bueno que la prensa recoja porque todos tienen derechos”, dijo la jefa de Estado en una rueda de prensa emitida en un contexto de movilizaciones en las que han muerto 69 personas, 47 de ellas en enfrentamientos con la Policía.
“Lamentamos esas acciones; sin embargo, desde la política del Gobierno, no hay ningún mandato que se haga de detenciones ilegales. Seguro se dan en el marco del enfrentamiento y, luego, la Fiscalía —dentro del marco autónomo— estará dando la libertad a las personas que están marchando”, añadió.
El martes, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar por 60 días contra altos mandos de la institución policial por el desalojo y detención de 193 personas en la Universidad de San Marcos, donde pernoctaban manifestantes llegados de regiones. Los delitos imputados son abuso de autoridad y omisión de actos funcionales.
El pasado 21 de enero, las fuerzas policiales irrumpieron en el campus de la casa de estudios y embistieron la puerta con un vehículo blindado. Tras hacer tumbar al suelo a decenas de manifestantes y realizar allanamientos, la Policía salió con 193 personas en un polémico operativo criticado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“No todos están marchando de forma pacífica. Hay otros que están generando violencia, caos y terror. Nosotros, como ciudadanos que hemos salido de los 20 años de terror que ha generado Sendero Luminoso, no queremos retroceder a esa historia negra del país”, precisó Boluarte.
“Muchas de esas protestas son justas porque quieren que se resuelva esto. Muchos de los que están marchando sienten que lo hacen para resolver la agenda social. No mezclemos con una agenda política (lo) que no nos lleva a un buen puerto. Déjennos trabajar en calma. La violencia no tiene que ser el pan de cada día: el pan de cada día tiene que ser el trabajo honrado”, expresó.
Este jueves, ante la convocatoria de un paro nacional en todo el país, 10.000 miembros de la PNP marcharon por las calles de Lima, mientras que en Puno y Apurímac se produjeron nuevos enfrentamientos.
La Dirección Regional de Salud (Diresa) de Puno reportó que nueve de los heridos permanecen internados en el hospital Carlos Monge Medrano, tres de ellos por el impacto de proyectiles de arma de fuego (PAF). Entre estos heridos se encuentra un menor de 11 años de edad de iniciales B.Q.A que presenta una herida PAF en su pierna izquierda.
blockquote class="twitter-tweet">"Tenemos registrado, hasta anoche, en hospitales de #Juliaca, 23 heridos, incluyendo un niño de 11 años que nos preocupa de sobremanera por una herida de consideración", Jacinto Ticona, representante de la @Defensoria_Peru en #Puno. Vía @tvperupe. pic.twitter.com/98AjfFR3qv
— Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) February 11, 2023
En Arequipa, Apurímac y Cusco se registraron movilizaciones y bloqueos en 62 puntos de carreteras que, en total, afectaron al 13,8 % del territorio nacional. Esta misma semana, tres eurodiputados del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea que visitaron Perú calificaron la respuesta del Gobierno y las fuerzas del orden a las manifestaciones como una “represión desmedida” y pidieron una “negociación política” para dar solución al conflicto.
Quienes marchan exigen la destitución de la presidenta, un adelanto electoral a 2023 —algo que muy difícil debido al laberinto parlamentario que debe recorrer—, el cierre del Congreso y la convocatoria de una asamblea constituyente.