Ordenan ejecutar eutanasia para Ana Estrada y respetar “decisión de ponerle fin a su vida”

Tras una demanda de amparo interpuesta por la Defensoría, el Poder Judicial dispuso que el Ministerio de Salud y EsSalud elaboren un protocolo de eutanasia aislado para la activista, quien padece una enfermedad degenerativa e incurable

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Fuente: TV Perú

El Séptimo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó el viernes que se ejecute la sentencia que permite al Ministerio de Salud y al Seguro Social (EsSalud) elaborar un protocolo de eutanasia aislado para la activista Ana Estrada, quien lucha desde hace años por una muerte digna ante la enfermedad degenerativa e incurable que padece.

La decisión llega tras la negativa de la jueza Silvia Núñez Riva, del Décimo Primer Juzgado Constitucional, quien emitió la última semana de enero una resolución en la que expresaba su abstención “por decoro” porque “el derecho a la vida es irrenunciable”.

El acto de la magistrada Núñez significó un desacato a la sentencia sin precedentes de la Corte Suprema, que en julio de 2022 ratificó el derecho de Estrada, diagnosticada desde los 12 años con poliomistiosis, un mal que provoca debilidad muscular progresiva y que la obligó a estar en cama al comprometer sus órganos respiratorios.

La eutanasia no está permitida en Perú y se castiga hasta con tres años de cárcel a quien ayude a morir a otro que lo solicite. Sin embargo, en el caso de Estrada, la Suprema dispuso una excepción para que se “inaplique” el artículo 112 del Código Penal, que prohíbe la muerte asistida.

Ante la abstención de la jueza Núñez, el expediente del caso fue redistribuido al Séptimo Juzgado Constitucional, mientras que los abogados de la Defensoría del Pueblo, representante de la psicóloga, plantearon una demanda de amparo que ha sido resuelta este viernes.

Disposiciones

En rigor, el Poder Judicial ordenó al Minsa y EsSalud “respetar la decisión de Estrada a través de un procedimiento técnico de la eutanasia, mediante la acción de un médico de suministrar de manera directa (oral o intravenosa) un fármaco destinado a poner fin a su vida”.

Asimismo, cedió un plazo de siete días para que EsSalud y la cartera de Salud conformen sendas Comisiones Médicas interdisciplinarias, “con reserva de la identidad de los médicos y con respeto de su objeción de conciencia, si fuere el caso”.

De esta manera, la comisión de EsSalud tiene un plazo de hasta 30 días para elaborar el plan con los aspectos asistenciales y técnicos y protocolo de cumplimiento de derecho a la muerte digna, que deberá ser presentando ante la comisión médica conformada por el Minsa.

Esta última revisión, a cargo de la cartera presidida por Rosa Gutiérrez, deberá culminar con su aprobación o desaprobación en un máximo de 15 días. Si es admitido, se otorgará un plazo adicional de 15 días para que sea nuevamente revisada. “En caso de no satisfacer el segundo informe, solo podrá integrarla, o corregirla, pero no podrá volver a desaprobarla ni anularla”, expresa la resolución judicial.

La segunda comisión, conformada por EsSalud, tendrá la finalidad de practicar la eutanasia propiamente dicha y debe brindar todas las “condiciones administrativas, prestacionales y sanitarias” a la psicóloga, cuya “eutanasia deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles contados a partir del momento o fecha en que ella manifieste su voluntad de ponerle fin a su vida”, precisa el documento.

 Estrada fue diagnosticada desde
Estrada fue diagnosticada desde los 12 años con poliomistiosis, un mal que provoca debilidad muscular progresiva

La abogada Josefina Miró Quesada Gayoso, parte del equipo legal del caso en la Defensoría, celebró la noticia en sus plataformas sociales. Se trata, dijo, de “una conquista judicial, política y social que cruza fronteras”.

“¿Por qué un Estado tendría que condenar a alguien a morir de esa manera: triste, lúgubre, solitaria?, ¿por qué criminalizar a quien no es más que el brazo ejecutor de la voluntad que uno no puede materializar?”, escribió la letrada para Blog de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).

Desde que su caso se hizo público, hasta que la Corte Superior de Justicia de Lima falló a su favor de manera histórica hace seis meses, Ana Estrada ha dejado claro que no quiere convencer a nadie de su causa, simplemente pide respeto por las libertades y derechos de los individuos.

La batalla legal —en la que ha encontrado la oposición de sectores conservadores— se ha centrado en poder elegir cuándo morir de forma digna. Ha participado de las sesiones desde su cama clínica dentro de su pequeño dormitorio, al que ella califica de una especie de “unidad de cuidados intensivos”. En su blog, titulado “Ana por una muerte digna”, cuenta las razones que la llevaron a tomar la decisión de su activismo.

“Aunque suene contradictorio, yo estuve y estoy luchando para decidir hasta cuándo tolerar el sufrimiento. (...) No estoy luchando por mi muerte, yo no me quiero morir. Mi mensaje siempre fue ese, que si yo había perdido mi vida cuando entré a cuidados intensivos, ahora he reconquistado esa autonomía que perdí”, dijo en una entrevista con la BBC.

Con su caso, Perú devino en el segundo país a nivel latinoamericano en reconocer judicialmente el derecho a morir dignamente y autorizar la eutanasia para garantizarlo, al igual que Colombia en 1997.

“Ya gané”

Como contrajo coronavirus en diciembre del año pasado, la psicóloga se quedó sin voz, sin “pequeños paseos” y sin “visitas de gente querida”, según la última entrada publicada en el blog que inició en 2019. Es la primera vez que Ana Estrada se refiere a este escaño de su caso, y confiesa que consideró que ya era el momento de descansar.

“Fui incapaz de contar el rechazo de la jueza (Silvia Núñez) a nadie. No tenía valor de pedirle a la Defensoría que haga algo. Ellos tenían bastante con las masacres difundidas por medios de prensa en redes, por prensa internacional, por los mismos manifestantes agredidos, por abogados, brigadistas, etc. Por mí misma. Por todo el mundo, menos por la prensa nacional”, contó.

“(...) En diciembre, el covid me dio una señal: ya era hora, pero no tenía protocolo. Entonces otra vez. Mis ojos clavados en este techo. La mente trabaja las mil opciones de hacerlo clandestino. Me encontraba en el mismo lugar de esos 2016 a 2019: buscar la muerte digna. Revisar nuevamente videos e historias de los casos clandestinos en el extranjero. ¿Cómo hago? Era el mismo punto muerto de no sufrir por mi enfermedad, sino por las leyes de mi país”, reveló.

La activista ha vuelto a comunicarse con su psiquiatra, a leer a Emmanuel Carrère, y hasta se rapó “para aligerar la cabeza”.

“La espalda quema en este colchón de plástico, quema tanto que duele existir —apuntó en su pronunciamiento—. Y mientras escribo este texto me saltan los mensajes de despedida. También periodistas a los que les tengo que explicar que ya no puedo hablar. Entro a redes y además de los comentarios de odio, están los bien intencionados junto a una palomita ‘vuela alto, Ana’. Me están despidiendo”.

Su línea final es una celebración al camino incansable que libró a lo largo de estos años: “Pase lo que pase, ya ganamos. Llegamos bastante lejos, más de lo esperado. Ya gané”.

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