A un mes de la masacre en Juliaca, que dejó 19 muertes, aún no identifican a responsables

Elmer, Yhamilet y Bryan eran tres adolescentes peruanos, puneños, que fueron abatidos por proyectiles de armas de fuego hace exactamente un mes. Sus muertes, a sus cortos 15 y 17 años, son el rostro más visible de la barbarie que se vivió aquel 9 de enero en Juliaca, Puno, donde la Policía y las Fuerzas Armadas dispararon indiscriminadamente, según la población local. Aunque para la narrativa del gobierno los culpables de la elevada cifra de muertes son los manifestantes, pese a investigaciones que señalan que la mayoría de muertes ocurrió por armas que son usadas recurrentemente por las fuerzas del Estado. En medio de estas contradicciones, lo cierto es que junto a los menores que albergaban sueños y esperanzas en su futuro apagado con violencia, otros 14 civiles fallecieron y un efectivo policial fue emboscado, pero hasta la fecha no hay responsables inmediatos ni políticos sindicados por uno de los episodios más graves en la vida republicana del Perú.

Este 9 de febrero, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) advirtió que las autoridades no han identificado a un solo agente del orden responsable y tampoco hay autoridades políticas sancionadas.

“Lo que hemos visto es una masacre. Son ejecuciones extrajudiciales desde el punto de vista del derecho internacional, de los derechos humanos. Estamos ante crímenes que son imprescriptibles o sea no hay prescripción en estos casos y son crímenes que acarrean responsabilidad no solamente para los efectivos policiales o para los mandos policiales que estaban desplegados en el terreno, sino para Dina Boluarte y sus ministros”, había dicho la abogada Mar Pérez a Infobae, días después de las muertes perpetradas.

Lejos de un mínimo gesto político ante este día, para las autoridades del Ejecutivo la fecha pasó desapercibida, mientras que en Juliaca miles de ciudadanos se congregaron en la ciudad para rendir homenaje a los fallecidos aquel trágico día. Hoy todos son considerados mártires de su región. Incluido el menor Bryan A., que falleció tres días después de ser herido, pese a que él no participaba en las protestas. De acuerdo al testimonio de sus padres, él salía de una cabina de internet cuando fue alcanzado por una bala y murió en la vía pública.

Su padre expresó que en el futuro Bryan se veía como un policía, pero sus sueños fueron truncados. Pide justicia para su hijo.

La madre de la adolescente, universitaria y rescatista de animales domésticos sin hogar, Yamileth, también clamó por sanciones para los responsables de la muerte de su hija.

“Es un dolor que nos han dejado. No es justo, la señora Dina ha hecho matar a nuestra hija, ya es un mes y no hay ninguna justicia, ninguna respuesta. Una matanza nos hicieron. Pedimos justicia, que el mundo se entere de lo que está pasando en el Perú”, dijo la acongojada progenitora en medio de lágrimas.

El abogado Carlos Paz Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL) advierte que actualmente la investigación por las 19 muertes ocurridas en Juliaca la dirige una fiscalía corporativa penal de Juliaca, desde el 12 de enero de este 2023, luego de ser derivada por una de crimen organizado. “Por la naturaleza de los hechos, el caso debe ser investigado por una fiscalía especializada en derechos humanos”, alertó.

Al respecto, la abogada de la CNDDHH ya había señalado la necesidad de que estos crímenes sean investigados por el subsistema de Derechos Humanos.

Pese a que la institución pidió al Ministerio Público, a través de una carta formal, que la investigación sea llevada por una fiscalía especializada, hasta hoy no hay respuesta. Asimismo, la investigación preliminar por homicidio calificado iniciada el 9 de enero señalaba un plazo de 60 días para las pesquisas iniciales, aunque por la complejidad del caso este tiempo podía ser prolongado.

Este jueves 9 de febrero, la población de Juliaca, al igual que miles de ciudadanos de comunidades y anexos, se reunieron en la ciudad para protestar otra vez y exigir la dimisión del régimen de Dina Boluarte, cierre del Congreso y nuevas elecciones generales en este 2023. En la mañana recordaron a sus muertos, lloraron y clamaron, pero ya en la tarde los enfrentamientos se desataron.

Al igual que hace un mes, los episodios álgidos se vivieron en los exteriores del aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca, cuando miles de manifestantes intentaron tomar la sede. La diferencia es que esta vez no hubo muertes, pero sí heridos e incendios. Ahora los sonidos de armas de fuego no ensordecieron a los juliaqueños ni hubo pérdidas humanas que lamentar.

Hace un mes los 17 civiles fallecieron (sin contar a Bryan que falleció después) sin excepción por impactos de armas de fuego, de acuerdo a las necropsias entregadas por el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público.

Es más, de acuerdo a un informe de La República, el IML reportó que nueve cuerpos aún tenían alojados los proyectiles que causaron sus muertes. En seis cuerpos se encontraron fragmentos de proyectiles de fusil de 7.62 mm., en dos había restos de perdigones de metal y en uno lo que sería una bala de pistola. En los otros ocho cuerpos las balas los atravesaron, por lo que no se pudo recopilar estas.

Aun así, la presidenta Dina Boluarte intentó achacar las heridas de bala a “armas artesanales llamadas dum-dum”, pese a que no son usadas en el Perú, según establece la Ley 30299, Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil no autorizan el uso de este tipo de proyectiles en el país.

Además, en esa misma conferencia ante la prensa extranjera, la mandataria, lejos de pedir investigaciones céleres, saludó la “conducta inmaculada” de la Policía, pese a los numerosos casos de uso desproporcionado de la fuerza policial que ya se registraban hasta fines de enero, como disparos con armas de fuego y cartuchos de bombas lacrimógenas directamente al cuerpo, lo que constituye una violación contra sus propios parámetros de actuación.

Según el Decreto Supremo N.° 12-2016-IN, el uso de la fuerza debía estar sometido a situaciones de necesidad y proporcionalidad, solo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro real e inminente de muerte o lesiones graves.

“Tenemos que proteger la vida y tranquilidad de los 33 millones de peruanos. Puno no es el Perú. El Gobierno no está generando la violencia”, añadió en la misma conferencia”, a pesar de que en fechas posteriores a las muertes ocurridas el fatal 9 de enero, dicha región sumó cuatro civiles fallecidos más, con lo que es la localidad con la cifra más elevada de decesos en el marco de las protestas. Un total de 22 puneños fallecieron durante las protestas del estallido social. Aun con la existencia de estos datos, la presidenta Boluarte exclamó un contundente “Puno no es el Perú”. Luego pidió perdón, pero el daño ya estaba hecho.