Los enfrentamientos entre policías y manifestantes volvieron a registrarse este jueves en los exteriores del aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca, en Puno, a un mes de la jornada sangrienta en la que murieron 17 personas y un policía fue quemado vivo en las protestas contra la administración de Dina Boluarte.
Familiares de los fallecidos encabezaron a las multitudes para realizar una misa cerca del terminal aéreo, pero fueron reprimidos ante la ausencia de sacerdotes para conmemorar a las víctimas. Según Wayka, las bombas lacrimógenas dispersaron a los presentes por calles aledañas. También se oyeron disparos de las fuerzas de seguridad, que custodian el ingreso.
El número de heridos pasó de 16 a 23, según Vía Nueva TV Nacional. Seis están internados en el Centro de Salud Carlos Monge Medrano, siete en el Centro de Salud Jorge Chávez y tres en Centro de Salud Mariano Melgar. Tres fueron alcanzados por PAF (proyectil de arma de fuego), de los cuales uno es un menor de 11 años.
“La Policía comenzó a disparar lacrimógenas a la gente que marchaba tranquila: jóvenes, padres, señoras con sus niños. Frente a esa violencia, hubo quienes empezaron a defenderse”, informó el periodista Joseph Zárate, Premio Gabriel García Márquez 2018, quien se encuentra en la zona.
El tuit de Zárate fue compartido por Mirtha Vásquez, expresidenta del Consejo de Ministros, al invocar a Boluarte el “cese de la represión”.
Pasadas las 16.30 horas, RPP reportó un incendio de origen desconocido tras los choques con las fuerzas del orden, así como un vehículo policial atacado.
La Defensoría condenó el “ataque” en el aeropuerto de Juliaca, cerrado por razones de seguridad, y reiteró que “cualquier hecho de violencia deslegitima” el derecho a la protesta. “Invocamos a manifestantes a conducir su protesta por la vía pacífica”, remarcó el organismo en un pronunciamiento vía Twitter.
Las violentas acciones del mes pasado se registraron cuando una turba de unas dos mil personas intentó tomar por asalto el mismo aeropuerto. La cifra de muertes pasó de 12 a 17 en cuestión de horas. Todos presentaban impactos de proyectil en el cuerpo, detalló un responsable sanitario del Hospital Carlos Monge, adonde fueron trasladados.
El alcalde de Juliaca, Oscar Cáceres, indicó que fue una “matanza” en esta ciudad con altos niveles de pobreza, conocida como un punto de contrabando de toda índole.
Tras retirar los cuerpos de la morgue, familiares vestidos de traje negro recorrieron las calles con los féretros en sus hombros, hasta llegar a la plaza de Armas, donde un sacerdote ofreció un responso por los caídos.
Los ataúdes de color blanco y marrón lucían flores amarillas, fotografías de cada una de las víctimas y la bandera de Perú cubriéndolos por completo.
Sin respuestas
El martes, la Municipalidad Provincial de San Román informó que su cámara de seguridad no tiene registro gráfico de aquel 9 de enero, el día más mortífero desde que comenzó el estallido social en el Perú.
La cámara de seguridad municipal, ubicada justo al frente del aeropuerto, dejó de funcionar tres días antes y, a la fecha, se encuentra inoperativa, según un documento del Departamento de Vigilancia Remota de la comuna publicado por Ojo Público.
Rosa Luque, madre de uno de los fallecidos, denunció al portal periodístico que la ausencia de este material clave nubla las investigaciones del Ministerio Público, sobre todo tras los resultados de las necropsias, que confirmaron impactos de proyectiles de armas de fuego en todos los cuerpos, tal como informó el jefe de Medicina Legal de Juliaca, Edward Mena.
“Nos dicen que solamente se grabó hasta el 6 [de enero]. Es horrible todo lo que estamos viviendo acá. Mi hijo acababa de cumplir 18 años, no participaba de las protestas, de casualidad [pasó por ahí] y nunca más volvió”, dijo Luque, aferrada a un cartel en la que exige justicia por Helioth Christian.
Tras la “masacre en Juliaca”, la Fiscalía de la Nación anunció entonces una investigación preliminar contra Boluarte y una serie de ministros y exministros por genocidio, homicidio calificado y lesiones graves por las movilizaciones en Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
Estas regiones han sido testigos de una enorme presencia policial y de una represión que organizaciones de derechos humanos han definido como “indiscriminada” y con un claro componente “racista”.
Boluarte, en tanto, permaneció durante más de cuatro días en el silencio, hasta que emitió un mensaje a la nación en el que atribuyó el “desorden y el caos” a “sectores extremistas” con “claros intereses subalternos” para “destruir la institucionalidad y la democracia”.
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