El ‘caso Cócteles’, en el que la excandidata presidencial Keiko Fujimori es investigada por presunto lavado de activos para financiar sus campañas de 2011 y 2016, ha sido devuelto al Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público por decisión del juez Víctor Zúñiga, en una audiencia realizada el pasado 31 de enero.
Es la décima vez que la acusación retornó a la Fiscalía, desde que fuera presentada en marzo del 2021, pese a que diversos abogados advirtieron que, dado que supuestamente el caso ya estaba saneado desde agosto, era un imposible desde el ámbito procesal.
Los abogados de la cúpula de Fuerza Popular indicaron la Fiscalía no individualizó ni explicó la necesidad y pertinencia de las casi 5.000 pruebas presentadas, entre testigos y documentos, en este caso en el que su lideresa es investigada como parte de una presunta organización criminal para captar y ocultar fondos supuestamente recibidos de manera irregular para sus campañas.
Entre las aportaciones investigadas está un millón de dólares de la constructora brasileña Odebrecht, además de los 3,65 millones de dólares de Credicorp.
La acusación fiscal se formuló por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.
La defensa legal también ha sustentado que, hasta la fecha, no se acreditó que los aportes de empresas privadas a las campañas electorales de Fujimori fueran de origen ilícito y defendieron que no se trataría de un delito de lavado de activos, pues este requiere que antes se haya cometido otro delito que genere una ganancia.
El mismo juez Zúñiga explicó que es necesario que cada uno de los 41 acusados sepa qué delito habría cometido y los hechos realizados que generaron ese delito. Para ello, debe conocer cuál de esas 5.000 pruebas en concreto y específico lo pone en evidencia, refiere un informe de La República.
Para el magistrado, la Fiscalía debe individualizar cada prueba por cada acusado y “por cada delito, así se tenga que repetir, porque la pertinencia, conducencia y utilidad es distinta para cada individuo, y (la acusación) se ha hecho de forma genérica; indicar que el testigo declara sobre las circunstancias, antecedentes, concominantes, no es suficiente”.
Por su parte, Paulina Roque, fiscal que representa al Equipo Lava Jato en estas audiencias, señaló que la Fiscalía tiene por costumbre presentar sus pruebas de manera genérica y que ya las individualizarán en el juicio.
“Se va a archivar”
A raíz de ese panorama, Giulliana Loza, abogada de Fujimori, señaló el miércoles que “en algún momento” el ‘caso Cócteles’ se archivará como ocurrió con la investigación por el presunto delito de organización criminal e inducción al voto durante las elecciones generales del 2021.
“Si es que la Fiscalía tendría o tuviera un caso sólido, yo creo que sería fácil, el gran problema es que no lo hay. Yo estoy segura de algo, en algún momento el caso en contra de Keiko Fujimori por lavado de activos se va a archivar”, dijo en RPP.
“Llevamos casi dos años de debate en etapa intermedia y lo único que ha quedado evidenciado es que es una acusación que no tiene un argumento sólido en la construcción jurídica y lo que estamos viendo en la última audiencia tampoco ha sido. No se han presentado los medios de prueba conforme lo ordena la ley”, agregó la letrada.
Añadió que fiscal anticorrupción José Domingo Pérez presentó los delitos en bloque “para todos y por todo” lo cual dentro del ordenamiento procesal penal “es incorrecto e indebido”.
“En la última audiencia el juez le ha dado nuevamente un plazo y es una cuestión que nosotros advertimos desde el 2021. Lo que corresponde, según ley, que si estás acusándola por cinco delitos, dime cuáles son los medios de prueba por lavado, por organización criminal, por obstrucción a la justicia, falsedad y otro delito”, marizó Loza.
La audiencia seguirá el 10 de febrero, cuando “se debería subsanar la observación judicial a la acusación fiscal”.
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