Vladimir Cerrón apelará condena de cuatro años de prisión efectiva interpuesta por el Poder Judicial

Tras conocer que el Poder Judicial le interpuso una condena de cuatro años de prisión efectiva por el delito de colusión al Estado, Vladímir Cerrón no se quedó callado y manifestó que apelará dicha sentencia porque no está de acuerdo con el órgano de justicia.

A través de su cuenta de Twitter, el ex gobernador de Junín dejó en claro que no comparte la decisión de los magistrados porque cómo es posible que haya sido “sentenciado por tratar de construir un aeropuerto para Huancayo”.

“Contrato APP declarado NULO, el GRJ no invirtió 1 solo centavo. Se postula, habríamos puesto en riesgo al GRJ, se impone reparación de 2 millones, inhabilitación laboral, electoral e impedimento de salida. Apelaré”, publicó Cerrón Rojas en su cuenta oficial de Twitter.

El Poder Judicial dictó cuatro años de prisión efectiva contra el ex gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, luego de encontrarlo responsable del delito de colusión en agravio del Estado en el caso ‘Aeródromo Wanka’.

Además, el Sexto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado en Corrupción de Junín impuso una reparación civil de S/2 millones 18 mil 180 que deberá pagar Cerrón junto a los otros sentenciados.

La sentencia dictada por el juez Guido Arroyo se realizará una vez consentida o ejecutoriada, esto quiere decir, que dicha condena deberá ser confirmada en segunda instancia.

Las restricciones que deberá cumplir Vladimir Cerrón y según se lo interpuso el Poder Judicial son: no ausentarse de localidad de su residencia (impedimento de salida del país) y cumplir con registrarse en el control biométrico los lunes de cada semana hasta la culminación del proceso penal con sentencia firme.

“Debe señalarse que la sentencia establece que, en caso de incumplimiento de las restricciones, se procederá a la ejecución provisional de la condena”, precisó el PJ.

Según la tesis fiscal, Cerrón y Luis García Morón, representante legal del consorcio Gran Aeródromo Wanka, suscribieron contrato en junio de 2014, sin considerar una opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Las pesquisas revelaron que este documento también trasgredió la Ley Marco de Asociaciones Público Privadas al realizarse sin aval del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), ni de la Autoridad Aeronáutica Civil.

En enero de 2022, la defensa legal de Cerrón dijo que no existía “prueba de acto de concertación, que el acto de colusión no existe” y que “estuvo dentro de su actuación como gobernador”.

“La gestión de Cerrón pretendía engañar a la región al otorgar toda la responsabilidad presupuestal de su aeródromo a un privado, obviando que, según el Decreto Supremo N.º 050-2001, todos los aeródromos son públicos, aunque sean de propiedad estatal, regional, municipal o privada. Con ello concluimos que si habría responsabilidades que asumir, inclusive de índole económica”, mencionó el excongresista Jesús Hurtado Zamudio aquel año.

Calificó que el exgobernador de Junín tenía “un afán claramente reeleccionista”, pues “prometió que el proyecto caminaría por tres etapas (aeródromo - aeropuerto nacional - aeropuerto de escala internacional), aunque “siquiera se gestionó para la primera etapa”.