La Fiscalía de la Nación abrió este martes una investigación preliminar por 60 días contra altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) por el desalojo y detención de 193 personas en la Universidad de San Marcos, donde pernoctaban manifestantes para participar en las manifestaciones contra la presidenta Dina Boluarte. Los delitos imputados son abuso de autoridad y omisión de actos funcionales.
Entre policías que serán investigados por la Cuarta Fiscalía Corporativa Penal del Cercado de Lima figuran los jefes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DINICR), Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR), Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE), Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila), Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), el departamento de servicios especiales “Águilas”, entre otros.
El pasado 21 de enero, las fuerzas policiales irrumpieron en el campus de la casa de estudios y embistieron la puerta con un vehículo blindado. Tras hacer tumbar al suelo a decenas de manifestantes y realizar allanamientos, la Policía salió con 193 personas en un polémico operativo criticado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El comisionado de la CIDH, Edgar Ralón, condenó en su intervención el desalojo policial y el “uso arbitrario” de la fuerza. “El Estado no puede justificar un quebrantamiento a los estándares del uso de la fuerza pública en detrimento a los derechos humanos”, señaló.
Ralón pidió al Gobierno de Dina Boluarte rendir cuentas sobre los hechos. “Los Estados deben abstenerse de incurrir en detenciones masivas, colectivas e indiscriminadas en contextos de protesta social”, expresó.
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó a “asegurar la legalidad y proporcionalidad de la intervención y garantías del debido proceso” a raíz de esa intervención.
En tanto, Luis Ernesto Vargas, el embajador de Colombia, estimó que la intervención de la fuerza pública en la universidad “es un agravamiento (...) reminiscente de épocas aciagas en el continente”.
Adelanto electoral depende del Congreso
Boluarte, cuyo gobierno enfrenta ya dos meses de protestas masivas pidiendo su renuncia, insistió este martes en que es el Congreso el que debe resolver un posible adelanto de elecciones y que no dimitirá.
“La reflexión, creo yo, está en el Congreso, sobre todo en la Comisión de Constitución, quienes deben de analizar. Nosotros como gobierno tenemos que hacer gestión, tenemos que gobernar”, dijo a los medios desde Arequipa.
Sus declaraciones ocurren cuatro días después de que la Comisión de Constitución del Parlamento bloqueó hasta agosto cualquier debate sobre un posible adelanto de los comicios para renovar al presidente y los legisladores, un clamor popular que sacude al país desde diciembre y que deja 48 muertos.
La decisión del Congreso mandó al archivo un proyecto de ley que envió la propia Boluarte y que planteaba que las elecciones generales se celebren en octubre próximo, casi tres años antes de la fecha prevista por las leyes peruanas en 2026.
La mandataria, que no se había manifestado hasta ahora tras el archivamiento del proyecto, sostuvo que no ha habido “ningún silencio” de parte de su gobierno. “No nos vamos a detener en esa situación”, agregó.
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