El Ministerio Público ratificó su decisión de enviar al archivo la investigación contra Keiko Fujimori y otros miembros de Fuerza Popular por el presunto delito de organización criminal e inducción al voto durante las elecciones generales del 2021, que dieron como ganador a Ollanta Humala.
Giulliana Loza, defensa legal de Fujimori, compartió la resolución este miércoles mediante su cuenta de Twitter y aseguró que “no existen elementos objetivos” para demostrar los presuntos delitos de organización criminal, falsificación de documentos e inducción al voto “en sentido determinado” en agravio del Estado peruano, como denunció el exjuez Malzon Urbina.
El documento de la Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada declaró infundado el pedido del Procurador público de Asuntos Judiciales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y confirmó lo decidido el 12 de enero del 2023 por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada.
Con ello, se estableció que “no corresponde formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra Keiko Fujimori”, además de “ordenar el archivo de todo lo actuado (...) y devolver los actuados a la Fiscalía de origen para los fines pertinentes”.
La pesquisa también incluía al expresidente Alberto Fujimori; al actual secretario fujimorista, Luis Galarreta; a la congresista Patricia Juárez; y a los empresarios Dionisio Romero Paoleti y Eduardo Romero Guzmán.
Asimismo, estaban involucrados el actual jefe de la ONPE, Piero Corvetto, los exasesores fujimoristas Pier Figari y Ana Hertz, los ciudadanos José Aybar Cancho y Walter Chirinos Purizaga, y la propia letrada Giulliana Loza.
“Hemos logrado que se confirme el archivo de denuncia por organización criminal contra Keiko Fujimori por no existir elementos objetivos que demuestren la consumación de los ilícitos denunciados”, tuiteó la letrada. Sin embargo, Fujimori seguirá investigada por el presunto delito de lavado de activos en el ‘caso Cócteles’.
Otro proceso
En septiembre de 2022, el Poder Judicial resolvió mantener la acusación por lavado de activos contra la líder opositora por los presuntos aportes ilícitos de su partido, Fuerza Popular, durante las campañas presidenciales de 2011 y 2016.
Por este proceso, cumple comparecencia restringida, con impedimento de salir del país y reglas de conducta, que incluyen no cambiar de domicilio sin autorización previa de la autoridad judicial. Además, fue enviada al presidio Anexo Mujeres Chorrillos, donde estuvo 16 meses en prisión preliminar.
A mediados de noviembre, su hermano Kenji fue sentenciado a cuatro años y medio de cárcel por tráfico de influencias cuando era legislador, aunque la pena quedó diferida hasta que sea confirmada en segunda instancia.
Kenji, hermano menor de la tres veces candidata presidencial, es el benjamín de la familia que ha dominado la vida política peruana más de tres décadas, y que tiene a Alberto Fujimori sentenciado a 25 años de cárcel por crímenes contra los derechos humanos.
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